17 periodistas de 'Cumhuriyet' se enfrentan a 43 años de cárcel por "superar los límites de la libertad de expresión"

Este lunes comienza en Turquía el juicio contra 17 periodistas y ejecutivos del diario turco Cumhuriyetacusados de ayuda "a una organización terrorista armada sin ser miembro" y "abuso de confianza". La fiscalía pide para ellos penas de hasta 43 años de cárcel. 

Sin embargo, no estarán solos. Según informó este domingo el International Press Institute (IPI), representantes de colectivos internacionales en defensa de la libertad de expresión y de organizaciones profesionales de periodistas se reunirán durante toda la semana en Estambul para "supervisar el juicio". 

La justicia turca acusa al periódico de actuar como "defensor y protector" de "grupos ilegales kurdos y de izquierdas" y del movimiento dirigido por el clérigo afincado en Estados Unidos Fethullah Gülen, al que el Gobierno del país culpa del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

Las autoridades sostienen que Cumhuriyet "superó los límites de la libertad de expresión" ocultando actos de grupos terroristas y criticando las políticas gubernamentales. Una operación, dicen, para dañar al Ejecutivo del AKP y al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

Acusación basada en noticias

El International Press Institute critica que "la acusación" se centre "casi exclusivamente en noticias y mensajes de Twitter". Y sostiene que el caso busca "silenciar" a "una de las pocas voces de oposición" que quedan en Turquía, erosionando así los "derechos humanos" y "la democracia misma".

"Los acusados ​​han sido castigados sin convicción, permaneciendo detenidos durante meses en prisión preventiva con límites arbitrarios de contacto exterior", afirma el colectivo de periodistas, que critica también los obstáculos impuestos a la hora de ejercer su derecho a la defensa.

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150 periodistas detenidos

Actualmente, más de 150 periodistas permanecen encarcelados en Turquía. La mayoría, dice el IPI, "fueron detenidos en una amplia represión contra la disidencia tras el intento de golpe de Estado". La asonada derivó en una purga que ya lleva 50.000 detenidos y 150.000 funcionarios apartados.

"El estado de emergencia ha acelerado la consolidación del control gubernamental sobre casi todos los segmentos de la sociedad. Más de cien mil funcionarios han sido despedidos o detenidos, a menudo sin el debido proceso, y se han cerrado unos 170 medios y cientos de organizaciones de la sociedad civil", sentencia.