Asociaciones de fiscales creen que la 'rebelión' en Anticorrupción por el 'caso Lezo' desautoriza a Moix

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se encuentra en un aprieto tan sólo veinticuatro horas después de que la Guardia Civil detuviera al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este jueves se conoció que Moix, que ocupa el cargo desde febrero, trató de frenar parte del operativo montado en el marco de la operación Lezo. En concreto, según pudo conocer infoLibre, se opuso a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) accedieran a las dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.

Ni Moix ni su equipo accedieron a confirmar ni desmentir a este diario ese dato bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción confesó a la Cadena Ser que su decisión le pareció "muy bien" al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, motivo por el cual ordenó a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, que detuvieran parte del operativo montado. La investigación, según sostiene El Español, tenía el visto bueno del ex fiscal Anticorrupción Antonio Salinas, de la jefa en funciones hasta la llegada de Moix, Belén Suárez, y de la ex fiscal general Consuelo Madrigal.

Desde la Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, hicieron público un comunicado en el que aseguraban que era "falso" que el jefe de Anticorrupción hubiera intentado "obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo" y recordaban que "cualquier revelación" del contenido del sumario "puede afectar gravemente al buen fin de la investigación". "Es igualmente incierto –continuaba la nota– que se intentara, en concreto, paralizar la investigación en lo referido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Sr. González".

"Gravísimo"

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, señala que el colectivo al que pertenece siempre se ha opuesto "a las órdenes negativas del jefe al fiscal que se encarga del caso", algo que, en su opinión, no garantiza "la independencia". Le parece "gravísimo" el hecho de tener a los fiscales "completamente sometidos a poderes exógenos a la carrera" y dice que no se puede asumir "con todas las garantías" una instrucción si existe la posibilidad de que "personas o intereses se interpongan en el procedimiento penal". "Nadie va a invadir o vulnerar determinados derechos fundamentales sin indicios razonables de que pueda ser necesario para descubrir un delito", completa en conversación telefónica con infoLibre. 

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, se limita a decir que el colectivo no opina "sobre actuaciones vivas porque no es prudente", pero cree que llegado el momento tanto Moix como Maza deberán dar las explicaciones pertinentes. Desde la Asociación de Fiscales (AF) se remiten "al contenido de la nota de la Fiscalía General del Estado": "En principio, nosotros no sabemos si lo que sale en la prensa es cierto o no. Tenemos asociados en Anticorrupción, pero nadie nos ha dicho nada, ni nos ha preguntado nada, ni nos ha pedido amparo", afirma Jesús Alonso, portavoz de la AF.

Moix, ¿desautorizado?

Ni Cerdá ni Yañez aceptaron la orden que les venía de su superior. Por eso, recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal, que en su artículo 27 establece: "El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

Así, los fiscales de Anticorrupción se reunieron el martes, pocas horas antes de que arrancase la operación que se saldó, por el momento, con una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas. Después de que las dos partes argumentasen sus posiciones, se procedió a la votación. Cerdá y Yañez recibieron el respaldo de la mayoría de sus compañeros. El resultado fue abrumador: de 22 fiscales, 20 votaron a favor de continuar tal y como se había previsto, uno respaldó a Moix en su intención de frenar parte del operativo y el restante se abstuvo.

Pallarés, no obstante, recuerda que a pesar de perder "por mayoría" la votación, el fiscal Anticorrupción podría haber "impuesto su criterio". Pero Moix decidió dar un paso atrás después de la rebelión, lo que da lugar, según Pallarés, "a muchos indicios de que la orden no se ajustaba a la regularidad". "No se le ocurrió ni siquiera elevar una consulta o algún tipo de cuestión al jefe inmediato, el fiscal general del Estado, al que hubiera puesto en un brete", añade. Por todo ello, se muestra convencido de que Moix quedó "perfectamente desautorizado".

García, por su parte, explica que el artículo 27 se invoca "en pocas ocasiones". Sobre la votación, se muestra más cauto y dice que hay que valorar "otras cosas" para concluir si "quedó o no desautorizado". Sin embargo, sostiene que, atendiendo al resultado, "es revelador cuál es el parecer de la plantilla". Además, añade, muestra que "las tesis que plantearon los fiscales encargados del caso eran sólidas".

Desde la Asociación de Fiscales, por su parte, vuelven a remitirse a la nota de la Fiscalía General del Estado, que definió este miércoles la rebelión como "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" que fueron resueltas "conforme a las previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal" en un "escenario de estricto y razonable debate jurídico". "Los resultados ni autorizan ni desautorizan. Simplemente es el debate que se establece en el estatuto", apunta Alonso.

Credibilidad de una institución "sensible"

Moix desembarcó en Anticorrupción hace menos de dos meses procedente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre no estaba exento de polémica. Como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, al considerar que existían indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Sonaba como un fiscal cómodo para un PP acorralado por los escándalos de corrupción.

Y su nombre parecía gustar, sobre todo, al exlíder del Ejecutivo madrileño. Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, este jueves se conoció que el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana hablando sobre el posible nombramiento de Moix. Durante la charla, según publica El Español, el expresidente de la Comunidad de Madrid definió al actual fiscal Anticorrupción como "un tío serio y bueno". "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", añadió González.

En este sentido, Pallarés cree que es necesario, antes que nada, "pedir explicaciones" tanto a Moix como a González sobre esta conversación. No obstante, cree que "es muy importante que no haya ninguna sospecha sobre la persona que está dirigiendo una fiscalía de la envergadura e importancia de Anticorrupción". Por eso, cree que quizá hubiese sido mejor poner al frente a alguno de los "otros candidatos igualmente válidos" que había para optar a ese puesto. "Es importante escoger a la persona más adecuada para transmitir a la sociedad que estamos luchando contra la delincuencia", completa el portavoz de la APIF.

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De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, Moix era el único ajeno a esa más que sensible fiscalía especial. Sin embargo, el fiscal general del Estado terminó designándolo. Y lo hizo a pesar de que la Unión Progresista de Fiscales había alertado a Maza de que circulaba un rumor sobre el actual jefe de Anticorrupción: un sumario abierto en la Audiencia Nacional que incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato de favor al PP. "Era algo que nos había llegado por más de una fuente. Por eso, en una reunión con el fiscal general, le comentamos que se rumoreaba que el nombre de Moix salía en un asunto judicializado y que le dejaba en mal lugar", explica su portavoz a este diario.

Por ello, García considera que "conociendo esta información" le corresponde a Maza explicar "qué hizo, qué no hizo y por qué hizo las cosas". Sin embargo, lo que "más preocupa de todo este asunto" a la UPF es el daño que pueda ocasionar a "la credibilidad" de una fiscalía "muy sensible". "Por eso, esto hay que explicarlo muy bien para que la opinión pública pueda creer en la fiscalía tras unas explicaciones que sean creíbles y sólidas", completa. 

Alonso, como portavoz de la AF, evita pronunciarse sobre este tema al tratarse de "una investigación que está declarada secreta". "No sabemos los términos... Lo que haga el juez encargado del caso y el fiscal o los fiscales, nosotros nos remitimos a ellos", se limita a decir al respecto.