Las tres razones que alega el PSOE para su cambio de postura sobre el CETA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que su partido no ratificará el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en el Parlamento español. Las declaraciones del líder socialista llegan después de que su grupo diese luz verde, junto al PP y Ciudadanos, al dictamen del Tratado en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja y rechazase, tal y como había pedido Unidos Podemos, presentar un recurso previo de inconstitucionalidad. "Nuestra posición será la abstención", sentenció Sánchez en referencia a la futura votación en el Pleno del Congreso y Senado, donde no obstante todo apunta a que cosechará el apoyo necesario para ser finalmente ratificado.

El cambio de postura de los socialistas, que adelantó el pasado martes en Twitter la nueva presidenta del partido, Cristina Narbona, ha pillado con el pie cambiado a sus eurodiputados, que en Bruselas han defendido con firmeza un acuerdo económico con Canadá que ha dividido durante los últimos años al grupo socialdemócrata –frente al rechazo de los belgas y algunos franceses en Estrasburgo, el voto favorable de las delegaciones española, alemana e italiana–. "Canadá es un país con el que conviene estar a bien", señaló este jueves la vicepresidenta del Grupo Socialista en el Eurocámara, Elena Valenciano, quien aseguró, no obstante, que respetará "lo que el partido decida".

También criticó el giro dado el secretario general del PSPV y presidente valenciano, Ximo Puig, que recordó en una entrevista en la Cadena Ser que con el CETA, que elimina casi todos los aranceles que gravan los intercambios entre la UE y Canadá, sectores como "el calzado o la cerémica" se verían "muy beneficiados". En este sentido, aunque afirmó que "si hay problemas legales o de seguridad deben resolverse", pidió al partido "seguridad y certidumbre". Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, actualmente casi 200 empresas localizadas en la Comunitat Valenciana exportan al país norteamericano sus productos.

Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialdemócrata Pierre Moscovici, aprovechó su visita a España para intentar que Sánchez, con el que se ha reunido, cambiase su opinión sobre un CETA que considera el acuerdo "más progresista que ha firmado la UE". Sin embargo, el secretario general del PSOE no se movió de su decisión e informó de que los socialistas se abstendrán. "En 1.600 páginas del tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación del tratado", argumentó Sánchez.

Derechos medioambientales

La primera preocupación de los socialistas tiene que ver con los derechos medioambientales. Y así lo reconoce en conversación con infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE: "El tratado, además de manera abrumadora, se dedica mucho más a establecer las provisiones de seguridad de las empresas multinacionales que las previsiones respecto a la vulneración del medio ambiente". Para la formación es algo suficientemente "serio" como para que este tema no se quede simplemente en "prosa y deseos".

El acuerdo con Canadá [consultar aquí en PDF] dedica el capítulo 24 al comercio y medio ambiente. Un total de 16 artículos en los que se protege el derecho de cada parte a regular sobre asuntos medioambientales, se obliga a cada bloque a aplicar su legislación nacional en esta materia y se impide que la UE y Canadá ignoren o rebajen su legislación con el objetivo de impulsar el comercio. En este sentido, también se reconoce el "valor" de los "acuerdos comerciales internacionales en materia medioambiental", algo que consideran "un pilar fundamental del desarrollo sostenible".

Los socialistas creen que, en este punto, habría "estado bien" que las dos partes "hubieran establecido compromisos conjuntos" de cumplimiento del Acuerdo de París porque, en palabras de Escudero, "en este momento nos la estamos jugando con el cambio climático". Y lamentan que no se haya establecido un sistema de penalización en el CETA para castigar los casos de incumplimiento de los derechos medioambientales. "Todo esto nos plantea una objeción razonable", explican desde el partido.

Derechos laborales

Por otra parte, la formación capitaneada por Pedro Sánchez también duda que los derechos laborales estén bien salvaguardados en el CETA. Todo lo relacionado con el comercio y el trabajo se encuentra recogido en el capítulo 23 del acuerdo comercial, compuesto por un total de 11 artículos en los que, entre otros aspectos, se protege el derecho de cada una de las partes a regular sobre asuntos laborales y se impide que se ignoren las normas laborales con el objetivo de impulsar el comercio. Además, tanto la UE como Canadá se comprometen a respetar las normas en materia laboral establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a ratificar y aplicar sus convenios fundamentales y cooperar con ella.

Pero los detractores del tratado ven sólo "buenas intenciones". "No hay obligación de cumplir con la protección de los derechos laborales", asevera Tom Kucharz, portavoz de la plataforma Stop TTIP-CETA, que señala que si alguna empresa o inversor los viola "no sufrirá sanciones" de la contraparte. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en este sentido, recoge el capítulo, se acudirá a un grupo de expertos que tendrá que pronunciarse al respecto. Si en el informe final se concluye que alguna de las partes no ha cumplido, 'infractor' y 'recurrente' abrirán "un debate y se esforzarán (...) por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio".

Esto no es suficiente ni para Kucharz ni para el PSOE. "La resolución de disputa queda en un terreno de resolución absolutamente voluntario. Si hay acuerdo, lo hay, y si no, no pasa nada", critica Escudero en conversación con este diario. En este sentido, del mismo modo que se quejaba en el caso de los derechos medioambientales, el recién elegido secretario de Política Económica y Empleo lamenta que no se establezca un procedimiento sancionador para castigar estos incumplimientos: "Sólo tiene como mecanismo previsto de resolución un proceso no vinculante de discusiones y reglamentaciones".

Mecanismo de resolución de disputas

Las disputas entre las empresas y los diferentes Estados se dirimirán, tal y como se recoge en octavo capítulo del acuerdo, a través de lo que se ha llamado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que contempla cortes de arbitraje para que los inversores extranjeros puedan demandar a los países y resolver así las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios. En este sentido, el CETA recoge que el ICS, elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, estará formado por 15 miembros: 5 de los Estados de la UE, 5 de Canadá y otros 5 de terceros países. Todos ellos, durante un plazo de cinco años.

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Para los detractores del acuerdo con Canadá, es "enormemente peligroso" porque los miembros son "abogados en derecho comercial" que ni son "independientes" ni tampoco se eligen "democráticamente". "Es contrario al Estado de derecho", apunta el portavoz de la campaña Stop TTIP-CETA, que critica que estos "abogados" vayan a cobrar "en función de los litigios". "Además, no se establecen periodos de enfriamiento para evitar la falta de independencia de aquellos que hayan trabajado para el sector privado", concluye.

Aunque Escudero reconoce que "los compañeros socialdemócratas que han peleado en Bruselas han conseguido mejorar mucho el mecanismo de arbitraje que se propuso en un primer momento", se muestra preocupado, en primer lugar, por su "naturaleza semipública". "No es un organismo que entre dentro del sistema de jurisdicción europeo", señala el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, que considera que "no va a ser accesible a los ciudadanos europeos y pequeñas instituciones" porque van a tener "muchas dificultades para enfrentarse a grandes inversores y multinacionales".

Además, no ven con buenos ojos la introducción de lo que se conoce como lucro cesante. "Las empresas e inversores podrán litigar no sólo por pérdidas actuales, sino que también tienen la opción de embarcarse en litigios de compensación por ganancias futuribles cuando un cambio en las políticas públicas pudiera afectar a sus inversiones", sostiene Escudero, que muestra sus dudas de que el tratado de libre comercio con Canadá "hubiese pasado un test de aprobación en el Tribunal Constitucional".