Sánchez Melgar, el conservador que ideó la anulada 'doctrina Parot'

El Gobierno ya tiene sustituto para el recién fallecido José Manuel Maza. Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955), magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha sido el nombre que este viernes ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el Ejecutivo de Mariano Rajoy para continuar la estela de Maza al frente de la Fiscalía General del Estado. Con este nombramiento, Sánchez Melgar pondría la guinda a más de tres décadas dedicadas a la judicatura. Treinta y cuatro años en los que ha ejercido en todas las instancias: ha pasado por la Audiencia Territorial de Barcelona, los juzgados de Santander, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o la Audiencia de Ávila.

El magistrado desembarcará en la Fiscalía General del Estado en un momento delicado. Durante el último año, varios escándalos han situado al Ministerio Público en el centro de la diana. El primer boquete en un barco que trata de mantenerse a flote se produjo el pasado 16 de mayo, cuando su predecesor en el cargo, José Manuel Maza, fue reprobado en el Congreso de los Diputados –primera censura de la Cámara baja a un fiscal general del Estado– por mantener su respaldo firme al entonces responsable de Anticorrupción, Manuel Moix, al que varios compañeros acusaban de haber intentado obstaculizar la investigación del caso Lezo. El segundo, dos semanas después, cuando infoLibre reveló que Moix era desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España. Moix se vio forzado a dimitir.

Con estas heridas, que hundieron la imagen del Ministerio Público, en proceso de cicatrizar, Sánchez Melgar deberá ahora coger el testigo de Maza en el principal frente que desde hace meses tiene abierto la Fiscalía: el catalán. Así, el magistrado, que formaba parte de la sala que admitió a trámite la querella interpuesta contra varios miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, deberá ahora asumir la ofensiva judicial iniciada hace menos de un mes por Maza. En este sentido, se espera que el jurista, de corte conservador, no se separe del sendero seguido por su predecesor. "No es previsible que haya un cambio sustancial [en las posiciones de la Fiscalía en las causas sobre el conflicto catalán]", aseguró el pasado lunes el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

La propuesta de Sánchez Melgar ha sido criticada por el PSOE. El secretario de Justicia socialista, Andrés Perelló, lamentó tras conocerse la decisión que el Gobierno del PP "haya vuelto a hacer alarde de su absoluta falta de respeto a las formas democráticas, al no haber buscado el consenso" y denunció la "falta de interlocución", eligiendo además para el puesto a "un perfil conservador y alineado" con el Ejecutivo. En respuesta a la acusación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordó que nunca un Gobierno ha consensuado con la oposición un nombramiento de estas características y destacó que Sánchez Melgar, como juez de "reconocido prestigio" con una dilatada trayectoria, "concitará el apoyo" del mundo judicial.

De Barcelona a Madrid pasando por Cantabria

Licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña –con premio extraordinario–, el futuro fiscal general del Estado, el cuarto nombrado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en apenas seis años, ingresó en la carrera judicial en 1983 y estuvo destinado en Reinosa (Cantabria), Miranda de Ebro (Castilla y León) y Mataró (Cataluña). Cuatro años después, en 1987, Sánchez Melgar ascendió a magistrado por el proceso de pruebas selectivas, siendo el número dos de su promoción. Tras esto, estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona, el juzgado nº2 de Primera Instancia de Santander –donde fue elegido juez decano– o la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Aterrizó en la Audiencia Provincial de Ávila –de la que fue presidente– en 1993, cuando Ángel Acebes era alcalde de la ciudad. Allí continuó durante casi siete años. En enero del año 2000, tres meses antes de que el exministro conservador asumiera la cartera de Justicia, fue aupado hasta la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con los votos de los vocales designados por el PP del CGPJ. Entre ellos se encontraba Enrique Arnaldo, actual presidente del Tribunal Administrativo de Deporte y al que se considera el principal valedor de Sánchez Melgar por aquel entonces. En noviembre de 2016, cuando se conoció que Rafael Catalá repetía al frente de Justicia, Arnaldo mantuvo una conversación telefónica –intervenida en el marco del caso Lezo– con el expresidente madrileño Ignacio González en la que comunicó al exlíder regional que estaba haciendo gestiones para que se pusiera al frente de la fiscalía general del Estado a "uno bueno".

'Doctrina Parot'

El jurista, experto en inviolabilidad e inmunidad parlamentaria –área a la que dedicó su tesis doctoral–, ha sido también vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de enlace en el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Si bien su compañero en el Alto Tribunal Pablo Lucas es quien desempeña prioritariamente dicha labor –se encarga de autorizar las escuchas o allanamientos que llevan a cabo los servicios de inteligencia españoles–, el candidato propuesto a fiscal general del Estado era su sustituto en caso de ausencia o imposibilidad. Por ello, desde los círculos conservadores se especulaba este viernes con que tras este nombramiento podía verse la influencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, máxima responsable política del CNI. 

Durante su paso por el Supremo, ha ido rellenando su currículum con varios asuntos destacables. Sánchez Melgar fue uno de los ponentes de la denominada doctrina Parotdoctrina Parot –toma el nombre del miembro de ETA Henri Parot–, que fijaba que los beneficios penitenciarios se tenían que aplicar individualmente sobre cada una de las penas y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión, lo que alargaba la estancia en la cárcel de terroristas y otros delincuentes. Sin embargo, en octubre de 2013 tuvo que ver cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo tumbaba definitivamente la Parot y obligaba a la justicia española a revisar la situación penal en la que se encontraban numerosos terroristas, algunos de los cuales tuvieron que ser excarcelados.

Doctrinas 'Botín' y 'Atutxa'

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A pesar de su orientación conservadora, el magistrado también se ha posicionado en algunos asuntos junto a compañeros de corte progresista. Fue el caso, por ejemplo, de la denominada doctrina Botín –que permitió la absolución del banquero al considerar el Alto Tribunal que sólo con la acusación popular, sin que entre Ministerio Público o acusación particular, no puede juzgarse a una persona–, de la que discrepó.

También rechazó, justo un año después, la denominada doctrina Atutxa. Esta última surgió a raíz de la condena del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que sólo era acusado por la acusación popular que ejercía el sindicato ultra Manos Limpias. A pesar de lo dictado un año antes, en este caso el Tribunal Supremo señaló que cuando "el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual" es suficiente la acusación popular para celebrar el juicio.

Sánchez Melgar, además, fue el magistrado del Tribunal Supremo encargado de instruir la recusación de cinco compañeros de la Sala de lo Penal por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En febrero de 2011, el futuro fiscal general del Estado admitió que tres de los autos dictados por dichos magistrados –Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo– podían poner en peligro su imparcialidad objetiva a la hora de juzgar a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. El caso, finalmente, fue valorado por la Sala Especial del artículo 61 del Alto Tribunal, que, siguiendo la misma línea que Melgar, decidió aceptar la recusación.