La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se perfila como nueva fiscal general del Estado

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se perfila a falta de confirmación oficial como nueva fiscal General del Estado en sustitución de Julián Sánchez Melgar, según fuentes de la Carrera consultadas por Europa Press.

Segarra, de 54 años, es miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y amiga personal de la actual ministra y también fiscal Dolores Delgado. El pasado mes de abril fue designada, al igual que Delgado, miembro del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo que asesora al fiscal general del Estado.

La opción de Segarra habría así desbancado a otros candidatos que sonaban en las quinielas, como es el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales también de la UPF, entre ellos Sofía Puente y Álvaro García. También habían sonado en diferentes círculos el exmagistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y la actual miembro de la Sala de lo Penal de este órgano Ana Ferrer.

Segarra, que el pasado otoño celebró 30 años como miembro del Ministerio Público, comenzó ejerciendo en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo y después fue destinada a Sevilla, donde desde hace doce años ejerce de fiscal jefe.

Durante su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital –que actualmente presenta importantes carencias– y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías.

En un comunicado hecho público durante etapa de candidatura al Consejo Fiscal Segarra hacía igualmente mención a las mejoras laborales necesarias en la Carrera, como es la compensación económica ante la imposibilidad real de organizar en las fiscalías los días de libranza, el abono de los días de guardia perdidos durante las bajas por enfermedad o la nivelación salarial conforme a las funciones que se realizan.

Segarra es una fiscal progresista, enemiga de polémicas públicas, a la que no le gusta figurar ni salir en la foto, al menos hasta ahora. "Tiene fama de hormiguita, aunque también sabe cómo se mueve el tema institucional. Que no le guste figurar no significa que no sepa en qué consiste su cargo", dice un abogado que la ha tratado personalmente. Segarra, que ha trabado una estrecha relación personal con la ministra Dolores López durante la reciente campaña para las elecciones del Consejo Fiscal, ha celebrado este otoño tres décadas como fiscal. Lleva 14 como fiscal jefe de Sevilla. Fue la primera mujer que ocupó dicha responsabilidad. No ha estado exenta de dificultades. Desde el caso Marta del Castillo al de Mari Luz, salpicado de errores judiciales, y especialmente otros de enorme relevancia política como Mercasevilla, la formación o los ERE. A pesar de la enorme presión que rodea a su cargo, "no se ha desgastado", observa un letrado. Actualmente se encontraba en su tercer mandato, estrenado en 2015.

Un abogado que la conoce desde la facultad señala que su tendencia a evitar la sobreexposición pública, a respetar la autonomía de los fiscales y a ejercer el cargo más como coordinadora que como controladora exhaustiva, han evitado que se la asocie con casos en los que la posición de la Fiscalía no ha quedado ratificada en la sentencia firme, por ejemplo Mercasevilla. En una ciudad como Sevilla, con cierta propensión al boato y al barroquismo en las relaciones públicas, el cargo de fiscal jefe está expuesto a la tentación del escaparate. El propio predecesor de Segarra, Alfredo Flores, que estuvo 19 años en el cargo, era un personaje infinitamente más conocido en la ciudad que Segarra. El sustantivo que más aparece para adornar su carácter es "discreción". O "prudencia". La jueza de instrucción Mercedes Alaya ha sido la única que la ha sacado en público de su habitual actitud calmada.

En 2013 Segarra afirmó ante los periodistas su "sorpresa" por un auto judicial de la jueza en el que se vertían –dijo la fiscal– "expresiones gratuitas, absolutamente ajenas al debate procesal", que llevaban a Alaya a "perderse en reproches que no conducen a nada". Segarra, siempre ajena a las campanadas mediáticas, mostraba así su malestar por un auto de Alaya en el que archivaba la causa por prescripción de los delitos contra seis empresarios que pujaron por los terrenos de Mercasevilla y reprochaba al fiscal el retraso en la causa motivado por su actitud. Ahí fijaba la fiscal Segarra su línea roja: alusiones críticas al trabajo de los fiscales, ni una. 

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado

Ver más

Su preparador de oposiciones fue José María Paz Rubio, un moderado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), hoy en la sala civil del Supremo. Un compañero de prácticas en la Escuela Judicial en Madrid la recuerda estudiosa y centrada, con las ideas claras. Segarra comenzó ejerciendo en Barcelona, de la mano de Carlos Jiménez-Villarejo, un personaje decisivo en su trayectoria junto a Cándido Conde-Pumpido, antes de pasar a Sevilla. En la capital andaluza ha sido activa en la reivindicación de mejoras materiales en la profesión. En las recientes movilizaciones se implicó en primera línea y alzó públicamente la voz.

En su reciente campaña como candidata al Consejo Fiscal, al que accedió con 854 votos, explicaba que las "debilidades de la institución" estaban en el "despliegue territorial (no siempre acertado), el digital (con enormes carencias fruto de la gestión de un Ministerio de Justicia que no se ha planteado dotar a las Fiscalías de herramientas acordes con los progresos que sí ha ido realizando en los últimos años con las secretarías de los juzgados), las escasas plantillas de nuestras secretarías y las mejoras laborales necesarias". Entre estas mejoras laborales exigía la compensación económica ante la imposibilidad real de organizar en las Fiscalías los días de libranza, el abono de los días de guardia perdidos durante las bajas por enfermedad o la nivelación salarial conforme a las funciones que se realizan. También pedía una "mecanismos de protección para los Fiscales ante presiones concretas o incluso ambientales".