José Luis Ulibarri: un poder fáctico en manos del poder judicial

Detenido el martes como uno de los principales involucrados en una operación cuyo nombre –Enredadera– parece en sí mismo un resumen de cómo la trama de los semáforos y demás aplicaciones para seguridad vial fue escalando y ampliando su campo de acción hasta operar en más de 40 municipios con la connivencia de cargos públicos del PP, el PSOE y Ciudadanos, el leonés José Luis Ulibarri Cormenzana había sido hasta ahora un hombre de suerte.

Empresario multidisciplinar que comenzó con la promoción inmobiliaria para terminar conjugando el negocio del ladrillo con el de la comunicación y el de los servicios, Ulibarri nunca perdió el favor de los poderes establecidos ni siquiera cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le incluyó en junio de 2016 entre los 27 procesados que, todavía sin fecha, deberán sentarse en algún momento en el banquillo por el juicio de la denominada pieza separada de Boadilla en el caso Gürtel.  "La comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa Sánchez ascendió a 1.000.000 euros", escribió el magistrado en referencia a cómo el empresario se había hecho en 2005 con un suelo municipal a bajo precio, que es la clave de por qué la Fiscalía Anticorrupción reclama para él siete años de cárcel. 

Ese mismo 2005, cuando nadie podía siquiera imaginar que Baltasar Garzón destaparía cuatro años más tarde lo que la Audiencia ha terminado por definir como  "un sistema de corrupción institucional" ni que la constructora UFC, durante años mascarón de proa del empresario, terminaría en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 4,5 millones, Ulibarri le compró a Francisco Correa el yate Carmen Junior III. Pagó 400.000 euros a través de sus empresas.

Fue Baltasar Garzón quien le incorporó desde primera hora –febrero de 2009– a la lista de imputados de Gürtel. El letrado que entonces asistía a Ulibarri, el ahora fallecido Ignacio Peláez, tuvo un papel determinante en la destrucción de la carrera judicial de Garzón. Fue Peláez quien logró que el el juez fuese inhabilitado por haber ordenado escuchas a los principales acusados con sus abogados en prisión.

Empresario de la comunicación

Ulibarri posee varios diarios locales, es copropietario de la televisión privada autonómica que desde 2009 financia la Junta de Castilla y León –54 millones de subvención directa en los últimos tres años–, dio el salto a Latinoamérica en el negocio inmobiliario a través de Begar Andina (Colombia) y Malofa Comodities (Argentina), ha protagonizado dos concursos de acreedores –UFC y Elodea– , por ejemplo, gestionaresidencias de ancianos en distintos territorios a través de Aralia, una de las empresas investigadas en Enredadera.

Y además de todo eso está acusado en Gürtel de cinco graves delitos de corrupción (prevaricación, falsedad mercantil, fraude a las Administraciones, tráfico de influencias y delito fiscal) por los que se arriesga a siete años de cárcel. Tiene 63 años. Algunos perfiles biográficos dicen que su padre era taxista. Otros, que cartero. Lo único que nadie cuestiona es que comenzó su andadura profesional –es aparejador– en la empresa Teconsa bajo el mando de José Luis Martínez Núñez, un constructor que llegó a estar investigado por un supuesto plan para asesinar a un antiguo dirigente del PP gallego, Xosé Cuiña. Ulibarri terminó enfrentado con su antiguo jefe, ya fallecido.

Ahora es también el hombre que este miércoles esperaba en Badalona a que el juez que dirige la Operación Enredadera decidiera sobre su futuro inmediato. Pero lo que nunca ha sido, al menos hasta hoy, es una especie de Urdangarin 2 condenado al ostracismoUrdangarin 2. Muy al contrario, ahora al igual que en los últimos años se encadenan los titulares que le presentan como una variante local del Ciudadano Kane Ciudadano Kanede Orson Welles o, directamente, del turbio multimillonario y editor de prensa amarilla que inspiró el personaje, William Randolph Hearst.

Sus detractores –muchos y todos dispuestos a aportar detalles bajo juramento de que se les mantendrá en el anonimato– creen hoy que si el juez de Badalona adopta medidas cautelares contra Ulibarri, algunos políticos "tendrán difícil explicar su relación". Entre esos políticos los informantes reservan un papel protagonista al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP. Pero tampoco los socialistas rehúyen su presencia. En 2012, un casino local le rindió homenaje a Ulibarri, ya entonces imputado en Gürtel. Al acto acudieron concejales del PSOE y un senador de la misma formación política.

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Y eso lo ilustra, por ejemplo, lo sucedido cada uno de los dos noviembres que han corrido en el calendario desde que en junio de 2016 se aseguró un asiento en el futuro banquillo del caso de Boadilla.

El 17 de noviembre de aquel año, el Diario de León, mascarón de proa del conglomerado mediático de este verdadero poder fáctico de Castilla y León que ahora se encuentra en manos del poder judicial, concedió su premio anual al "Desarrollo Social y los Valores Humanos". En aquella edición, el jurado galardonó a una fundación de carácter filantrópico. De ese jurado, y entre otros notables representantes de la sociedad leonesa, formaban parte la presidenta de la Audiencia de León, el decano de los jueces, el general de Brigada Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León y el Procurador del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en esa comunidad.

Al año siguiente, la historia se repitió casi con idénticos actores: el jurado se reunió el 8 de noviembre de 2017, Diario de León publicó una amplia crónica y la foto de su dueño rodeado por la presidenta de la Audiencia, el juez decano, el Procurador del Común y el jefe de la Guardia Civil en Castilla y León entre otros. Apenas una semana atrás, el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y en la que Ulibarri no se contaba entre los acusados, había ascendido de nuevo a los titulares de prensa, radio y televisión cuando la fiscal del caso proclamó que con el cobro de comisiones y el pago de sobornos Correa había instaurado "un modo de vida duradero" y firmemente anclado en la corrupción.  La placidez que rezuman las fotografías del momento apuntan a que a aquella mesa en cuya cabecera posaba Ulibarri y donde las botellas de agua se alinean con disciplina ante cada miembro del jurado ni siquiera llegaron los ecos del juicio.