Las consecuencias de su recorte salvaje de impuestos: mutilación del Estado de bienestar o deuda disparada

Una bajada drástica y brutal de ingresos que tendría que ser compensada con deuda o mediante recortes sociales. Ese sería el resumen de las consecuencias que tendría la aplicación de las principales medidas a nivel fiscal del programa económico de Vox, al menos según el análisis que hacen los economistas consultados por infoLibre de propuestas de la ultraderecha a nivel estatal como la rebaja radical del IRPF para las rentas más altas, la liberalización casi total del suelo o la bajada de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

A pesar de que el partido de extrema derecha ha tratado de marcar perfil propio en las últimas semanas centrándose en algunas de sus propuestas más polémicas a nivel territorial o de derechos civiles, como son la supresión de las autonomías o la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, entre sus 100 propuestas prioritarias también se encuentran algunas de carácter económico. Vox no ha ofrecido ningún cálculo sobre cómo podría afectar la puesta en marcha de sus medidas, pero los economistas consultados por este diario alertan de que llevar a la práctica los planteamientos –por ahora, extremadamente vagos– de la formación implicaría un desequilibrio económico que podría poner en peligro los servicios sociales.

  La reforma fiscal

Sin duda, la propuesta estrella de Vox a nivel fiscal es la reforma del IRPF, el principal impuesto del sistema tributario español por recaudación. Actualmente, la tasa sobre la renta está dividida en cinco tramos que gravan los ingresos en función de su cuantía, pero Vox pretende acabar con esa distribución y dejar únicamente dos tramos: uno del 20% para las rentas hasta 60.000 euros y otro del 30% a partir de esa cifra. En la práctica, eso supondría una importante rebaja impositiva para buena parte de las rentas, pero especialmente para las más altas, ya que actualmente los ingresos por encima de los 60.000 euros están gravados al 45% y el tramo de entre 35.200 euros y 60.000 euros, al 37%. Las rentas por debajo de los 12.000 euros no tendrían que pagar IRPF, cuando ahora mismo se benefician de esta exención quienes ingresen menos de 14.000 euros.

Para el economista José Carlos Díez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aplicar esta drástica reforma sería el primer paso para que "en seis meses España tenga que ser rescatada por la UE" y comience el recorte brutal de las prestaciones sociales que han sufrido países europeos como Grecia. "Implantar únicamente dos tramos, con tipos del 20% y el 30%, supondría en la práctica bajar la recaudación del IRPF casi a la mitad, reducirla en 35.000 millones de euros, que para que nos hagamos una idea de la magnitud, es casi todo el presupuesto en Educación que invierte España anualmente", calcula Díez.

Las consecuencias de este tajo serían graves, según el economista. Díez sostiene que la bajada de los ingresos del Estado provocaría que los servicios sociales tuvieran o bien que ser recortados o bien que sufragarse mediante la emisión de deuda, y pronostica que el temor de los acreedores a un impago de la deuda generaría "una fuga de capitales" que podría acabar degenerando en un "corralito" económico.

Con Díez coincide parcialmente Javier Santacruz, economista jefe del think tank Civismo, que asegura que una reforma del IRPF como la que plantea Vox provocaría que "el primer año se perdiera muchísima recaudación, especialmente la que procede de las rentas de 35.000 euros para arriba", las que más beneficiadas se verían con la bajada impositiva. Santacruz defiende que algunos estudios plantean que implantar "un tipo único" para el IRPF "con un mínimo exento alto, de 18.000 o 20.000 euros", podría aumentar la progresividad del actual sistema tributario, pero también asegura que la propuesta de la ultraderecha "se carga la progresividad", ya que no consigue que los que más tienen aporten un porcentaje mayor del total de la recaudación. "Y el IRPF recauda 80.000 millones de euros, es un tercio del gasto público anual total del Estado", así que los efectos de la reforma serían muy relevantes, apunta.

Al lado de lo que plantea Vox para el IRPF, sus propuestas para la rebaja del impuesto de sociedades son de mucho menor calado, aunque Díez apunta que, "si no se eliminan las deducciones y exenciones" a las que ahora mismo pueden acogerse las empresas –por las que las grandes compañías pagan, de media, un 7,88%, un porcentaje que baja al 2,8% en sectores como el bancario–, la rebaja del tipo del 25% al 20% implicará que la recaudación también baje.

El economista cifra en 6.000 millones de euros la cuantía de esta pérdida, y aunque Santacruz, por el contrario, no apunta ninguna cifra concreta, sí que coincide en que es necesario "simplificar deducciones y exenciones" en el impuesto de sociedades, algo a lo que Vox no hace ninguna mención. El experto, no obstante, señala que un tipo nominal del 20% no sería especialmente radical si se compara con otros países europeos, como Reino Unido, "que lo redujo al 18% para competir con Irlanda, que lo tiene mucho más bajo".

Los otros grandes impuestos que Vox apuesta por reformar son los de sucesiones y donaciones, dependientes de las comunidades autónomas, y el de patrimonio, que grava la riqueza acumulada a partir de una determinada cuantía. La ultraderecha aboga, simplemente, por eliminar estos tributos, que pese a que no tienen una capacidad recaudatoria comparable a tasas como el IRPF o el IVA, recaudan en torno a 3.000 millones de euros anuales, según explica Santacruz. "El problema de estos impuestos no es tanto que existan, porque tienen su razón de ser, sino hacia quién los diriges, porque ahora mismo los principales pagadores son la clase media, quienes no pueden hacer grandes obras de ingeniería fiscal para evitarlos", apunta el economista, que sin embargo apuesta por "redirigir" y no por eliminar las tasas.

  La rebaja de las cotizaciones empresariales

Entre las medidas prioritarias de Vox también se encuentra la reducción de las cotizaciones sociales que pagan las compañías por sus trabajadores. La formación propone "la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido" de mayores de 50 años, y la creación de un plan de primer empleo "que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años". La tercera pata de este paquete de medidas tiene tinte xenófobo: Vox plantea reducir un 10% "las cotizaciones de la empresa" cuando ésta haga "nuevos contratos indefinidos" para trabajadores españoles que se encuentren en el paro, siempre que la tasa de desempleo esté por encima del 8%.

Para Díez, las rebajas en las cotizaciones que pagan las empresas por sus trabajadores no tienen por qué tener, a priori, un efecto negativo en la economía, "aunque el PP quitó hace unos años las bonificaciones y la creación de empleo se mantuvo", recuerda. El economista señala que quiza fuera "positiva" para crear puestos de trabajo una rebaja en las cotizaciones, pero se pregunta "quién va a pagar entonces" el dinero que dejaría de ingresar la Seguridad Social.

  El cambio del modelo de Pensiones

Y es que, precisamente, la transformación del sistema de pensiones es otra de las patas de la reforma económica que plantea Vox entre sus medidas. La ultraderecha defiende implantar paulatinamente un modelo "mixto de capitalización y reparto" en el que se garantizaría una pensión mínima a los jubilados a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y esa cuantía se complementaría con un porcentaje de la nómina que, durante la vida laboral del trabajador, iría a parar a una cuenta a su nombre que se invertiría donde éste quisiera. Los futuros pensionistas también podrían hacer aportes voluntarios mayores a esta cuenta durante su vida laboral.

El partido no explica con cifras cómo afectará esta exención a las cuentas públicas y la sostenibilidad del sistema de pensiones ni cómo se compensará esta caída de los ingresos, y precisamente ahí es donde se centra la crítica de Díez. "Lo más grave es prometer miles de millones en bajadas de cotización a la Seguridad Social que ya tiene un agujero de 18.000 millones. Eso pondría en riesgo de quiebra al sistema público de pensiones y la vida de siete millones de pensionistas españoles", asegura en un artículo el economista. Y, en declaraciones a infoLibre, Díez se reafirma y se pregunta "quién paga ahora las pensiones" si se aplica ese sistema "y el dinero va a parar a una cuenta individual", dado que las prestaciones de los actuales pensionistas se sufragan con las aportaciones de quienes trabajan en este momento.

  La liberalización total del suelo

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Entre sus 100 propuestas fundamentales, hechas públicas hace unos meses, Vox apenas incluye una relativa al problema del precio de la vivienda: la de "liberalizar el suelo" y dar mucha mayor manga ancha a la hora de construir. La ultraderecha apuesta por "convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados", unos motivos de los que no ofrece más detalles. "El mercado del suelo es especialmente rígido y su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio", razona Vox.

No obstante, Santacruz ve inviable desarrollar una propuesta como la que plantea la ultraderecha para el suelo. "A corto plazo, lo primero que les ocurriría sería que habría una rebelión de todos los ayuntamientos de España y tendrían a 8.000 concejales de urbanismo en pie de guerra, porque ahora mismo son los consistorios los que mandan" en estas cuestiones, explica el economista, que señala que dar carta blanca para construir en prácticamente todos los terrenos sería "atacar directamente una de las principales fuentes de financiación de las corporaciones locales". "Y, además, en 2001 ya se declararon inconstitucionales varios aspectos de la Ley del Suelo de Aznar" precisamente por invadir competencias autonómicas, recuerda Santacruz.

Díez, por su parte, sostiene que donde más lejos llevó el PP su proyecto de liberalización del suelo para abrir nuevos terrenos a la construcción fue la Comunidad Valenciana, "precisamente el sitio donde se produjo la mayor burbuja" inmobiliaria de España, apunta. Y la liberalización del suelo para construir más vivienda, además de no implicar necesariamente una bajada de los precios, tiene más desventajas, según explica Julio Rodríguez, de Economistas frente a la Crisis: la dispersión de los habitantes de una ciudad en un territorio mayor aumenta los costes para el ayuntamiento de esa ciudad, se fomenta el mercado de la compra perjudicando el del alquiler –que no es tan arriesgado para familias con ingresos inestables– y se perjudica el medioambiente por el abuso del consumo de suelo.