Núñez Feijóo y el PP: dopaje mediático

¿Algún medio de comunicación dominante recurre a la agenda con la que Núñez Feijóo ganó las elecciones del 2009, cuando solemnizó sus mítines con un propagandístico contrato con Galicia que consistía principalmente en sacarnos de la crisis económica y reducir las cifras de las personas en paro que, decía, eran tantas que “podrían llenar 50 pabellones deportivos”? Ninguno. De hacerlo, caería por tierra la capa que oculta la radiografía económica que el catedrático de Estructura Económica, Albino Prada, describe y argumenta con datos oficiales (TN de junio). En todos los principales indicadores estamos peor que hace diez años.

Pese a todo, sigue teniendo más allá y más acá del Padornelo fama de gran gestor. Una contradicción que engorda en la medida en que profundizamos en el proceso de deconstrucción o desmontaje al que se entregó en áreas y sectores relacionados con nuestro estado de bienestar, el autogobierno y la democracia. ¿A qué se debe entonces? Algo tendrá que ver el dopaje mediático con el que se presentó a las tres convocatorias de los últimos once años y pico que lleva gobernando.

Puestos a analizar el fenómeno, partimos de lo que a día de hoy conlleva la utilización del marketing y la manipulación de audiencias en el ámbito de la política. Contando unas veces con el silencio cómplice, otras con la eficacia desinformativa que producen los métodos y técnicas periodísticas utilizadas entre nosotros por los medios de comunicación, tanto los públicos (TVG y Radio Galega) como los privados (prensa diaria, emisoras de radio y webs adosadas a ella). Si a ese mapa de control mediático interno, gallego, le sumamos lo que, por una bien calculada estrategia personal, conlleva para él la sobreactuación (casi siempre envuelta en grandes dosis de cinismo y trampas propias del mejor trilero) con la que se maneja en los platós televisivos y en los cenáculos madrileños, tendremos la pista que más y mejor nos ayude a descifrar ese aparente misterio.

El control de la bien pagá bien pagá

En la prensa diaria más tradicional (todas las cabeceras, excepto Nós diario, que acaba de aparecer) y en sus correspondientes terminales radiofónicas y digitales, Feijóo instaló el mismo sistema de control que le dio a Fraga Iribarne plácidas legislaturas al frente de la Xunta. Toda una estrategia de doma y castración de la que no supieron o no quisieron librarse los empresarios de la comunicación. Mediante la entrega a fondo perdido de cuando menos 21 millones de euros (la cantidad que globaliza lo calculado a partir de los no siempre fáciles descubrimientos en las listas de convenios, contratos y publicidad institucional), el presidente de Galicia y del PP, como había hecho su antecesor, vino asegurando el blindaje que necesita para sestear en el poder al margen de la opinión pública, y lo que todavía es peor, de espaldas al parlamento y a la calidad democrática.

Ese perverso modelo de relación con las empresas de comunicación privadas, y de manera especialmente intensa con la que tiene una posición dominante en el país, La Voz de Galicia, asentó sobre la compraventa de información, lo que aparte de conllevar altas dosis de corrupción, es lo que boicotea de manera asquerosa, tóxica, la función social y política de la que se sirve la Constitución para garantizar el derecho de y a la información veraz y el pluralismo. Esa es la razón por la que la información periodística no es un bien privado, por más que tenga esa condición la empresa que la produce, sino un bien público, estando por ello sometida a control social. Medios y periodistas actúan únicamente como intermediarios, esenciales sin duda, para hacerlo posible. Con la prensa bien pagábien pagá, esa función social/política y esa mediación se convierten en papel mojado.

Justo cuando somos víctimas de una internacional de la mentira –el imperio de las fake news– y el acceso a la información confiable y precisa es hoy, literalmente, una cuestión de vida o muerte. La carga viral de la desinformación que esa internacional produce a través de sus múltiples y globalizadas terminales no hará más que crecer si el periodismo continúa padeciendo golpes de calor y de muerte. Pero los intereses económicos y estratégicos son demasiado decisivos en los medios de comunicación actuales, y en la prensa de papel de manera especialmente dramática, como para renunciar a ese maná de dinero público. En los editoriales, y en los enfoques que eligen por lo general en la presentación de los hechos, reivindican o ratifican todos ellos los dogmas del neoliberalismo, pero no dudan en acogerse al patrocinio de quien maneja el presupuesto público, y a sus intereses personales y de partido, para sortear las inclemencias del mercado.

Es por lo que constatamos a lo largo de estos años, y aún con mayor entusiasmo desde que Feijóo y el PP rompieron aguas electorales bajo el paraguas de la pandemia, cómo los medios tradicionales, totalmente desacomplejados, silencian, mienten o distorsionan la realidad, alineándose con más o menos sutileza con los intereses de quien los sobre-financia. Hasta el punto de acoplarse a su agenda diaria, abriendo portadas e informativos radiofónicos con lo que a él y al PP les interesa en base a su utilidad en la batalla del momento, convirtiéndose así en sus terminales, sin cuestionarles nunca datos, declaraciones y enfoques.

Hay estudios académicos que corroboran ese comportamiento sumiso de las empresas periodísticas con el líder de la derecha gallega, con su falso discurso –se atribuye sin el más mínimo rubor el papel de un constructor salvífico cuando todos los indicadores económicos, políticos y sociales lo evidencian como un eficaz demoledor–, y con lo que algunos denominaron con afán blanqueador pecados de juventud (los consumidores de prensa gallega nunca pudieron ver en sus páginas las fotos de la prueba que en el 2013 publicó El País) y que en realidad son los que a un político que desempeñaba un alto cargo gubernamental nunca le hubiesen perdonado en una democracia seria: la vida de recreo que durante años compartió con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado, preso actualmente en la cárcel de Villabona. Pero esos estudios nunca llegaron a la opinión pública: ya se encargan los de la prensa bien pagá de no airearlos.

Feijóo vino demostrando, en efecto, que es un eficaz demoledor de lo público, como buen militante que es de la doctrina del neoliberalismo que profesan los aznares y casados de esta hora. Hacia fuera, y con el objetivo de romper la membrana que obstaculiza las aspiraciones de un político periférico, se enmascaró con la careta de un hábil imitador kennesiano, avivando el morbo mediático y político de una supuesta e irreal confrontación con los que gobiernan la conventual de Génova, lo que le está dando un plus de telediario, viéndose al mismo tiempo beneficiado en las entrevistas por el desinterés y el desconocimiento que en Madrid tienen de su pésima gestión en Galicia.

Los medios públicos, secuestrados

El control directo que Feijóo tiene de los medios públicos (TVG y Radio Galega) es la otra columna con la que sostener su liderazgo y su poder. Las denuncias de manipulación que una parte muy considerable de los trabajadores de la CRTVG vienen haciendo públicas desde el año 2012 hasta hoy, muchos de ellos participando activamente en los llamados “viernes negros” de la protesta, nunca las dio por existentes. Se sabe a resguardo de los medios privados, que reciben todos los años contratos millonarios para sus productos audiovisuales, por lo que tampoco se hacen eco de esas gravísimas acusaciones.

Ni siquiera se dio por enterado cuando toda la oposición, de común acuerdo, le pidió explicaciones por la descarada utilización electoral que hizo de la TVG durante los meses del estado de alarma. No acudió más que una vez al parlamento, pero comparecía cada dos días y en plan “aló presidente” –dos horas de continuidad–, contraprogramando en horario de telediario las ruedas informativas que el ministro Illa y el científico Fernando Simón daban desde la Moncloa. O en competición horaria con las comparecencias semanales de Pedro Sánchez, al que ponía de vuelta y media cinco minutos después de mostrarle lealtad institucional en la conferencia de presidentes.

Si alguien instrumentalizó electoral y personalmente la Covid-19 y a cuantos la padecieron, jugando siempre a buenos (él y los suyos) y malos (Sánchez e Iglesias) como si de un torneo y no de una pandemia contagiosa se tratase, ese fue Feijóo. Con los medios públicos en bandeja, forzando que sus administradores atentasen contra uno de los principios normativos que ordenan su funcionamiento: el del derecho de acceso. Durante esa precampaña electoral televisiva, la otra media Galicia representada en el parlamento quedó marginada, sin poder disponer de los elementos de contraste con los que formar opinión en relación con una tan desasosegante emergencia sanitaria.

Esa estrategia de ocupación de la TVG y de la RG desbordó en esta ocasión todos los estándares de uso y abuso de unos medios que se deben exclusivamente a la ciudadanía, pero que no es nueva. Otros gobernantes articularon el modelo antes que él. Pero ninguno de los otros se había atrevido a tanto: aprobar en el 2011 una nueva ley de medios y mantenerla secuestrada desde entonces.

Todo lo que de virtuoso contienen sus artículos –desgubernamentalización, elección por mayoría reforzada en el parlamento del director general de la Corporación, Estatuto profesional y Consejo de informativos, contrato programa, derecho de acceso, consejo asesor…, lo metió en un cajón de su despacho, y hasta hoy. Y si le preguntan por ella, echa balones fuera, cargándole el muerto a los del Consejo de administración, donde son mayoría absoluta los cuatro cargos orgánicos del PP que él colocó a dedo. O tiene la chulería de contestar diciendo que él no ve la TVG. No le hace falta. Se sabe doblemente protegido. Por la dirección del ente y por los cargos intermedios que son cooptados de entre los profesionales más dóciles, aplicando en los informativos –igual que en los de la Radio Galega– el esquema de poder marcado desde San Caetano (Xunta). Del Presidente para abajo, siempre los primeros, excepto cuando los de la oposición se meten en arenas movedizas: entonces, leña al mono. Para las tertulias, debates y cortes informativos, la cohorte de supuestos expertos que, por sus trayectorias y posicionamientos, no representan riesgos de contrafacción ideológica.

Para colmo, la Junta Electoral Central lo premia regalándole casi en exclusiva el derecho de acceso a los medios públicos durante la campaña electoral. Las restantes candidaturas entran en el reparto del minutado a la manera en que lo hacen los actores secundarios en una película. Y hay días que ni eso. La dirección del ente ya recibió en los últimos días un par de tirones de orejas por diseccionar la voz y la imagen de la candidata nacionalista, Ana Pontón, que le disputa querencia popular. Si garantizar el pluralismo en la TVG y en la RG es concederles a los que más poder institucional tienen privilegios (de presencia y exposición ante sus cámaras y micrófonos) y derecho de pernada (escogiendo número de participantes, conductores, formatos y horas de escaleta en los debates y en las conexiones con los actos de campaña, que para eso juegan en casa), apaga y vámonos.

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¿Quién duda después de lo dicho que Feijóo y el PP llegan de nuevo mediáticamente dopados al 12-X ?

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Nota.-Este artículo lo publica en gallego y en el número 278 del mes de julio la revista en papel Tempos Novos (temposdixital.gal), dirigida por el periodista Luis Álvarez Pousa.