Juristas y ONG advierten del riesgo de que Canarias se convierta en un "agujero negro" para los derechos de miles de migrantes

Canarias va camino de convertirse en una especie de "agujero negro" para los derechos de los migrantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de hecho, no ha dudado en calificarlo de tal manera. El demoledor adjetivo tiene una explicación: desde hace semanas se suceden las imágenes de centenares —y hasta miles— de migrantes —hombres, mujeres, jóvenes, mayores— hacinados en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Pasan allí el día, pero también la noche. Lo que ocurre es que ahora, además de las condiciones indignas, sufren una asistencia jurídica prácticamente inexistente. Sobre el papel todos tienen abogado o abogada, pero no en la realidad. Y no es un símil.

Según denuncian varios letrados y organizaciones defensoras de derechos humanos a infoLibre, una gran parte de los migrantes que esperan en el puerto reciben una orden de expulsión sin haber visto ni a un abogado, ni a un fiscal, ni a un juez, ni a un intérprete. Pero sí con la firma de los letrados. Si son candidatos a solicitantes de asilo o protección internacional porque son víctimas de trata o proceden de un país en guerra o que les discrimina por alguna razón, quedan desamparados. Este jueves por la tarde, el Colegio de Abogados de Las Palmas instó a sus letrados a dejar de firmar ningún documento sin una entrevista previa, igual que lo hizo unas pocas horas la Asociación de Abogados de Extranjería.

Arcadio Díaz Tejera, juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y también de control y vigilancia de su centro de internamiento de extranjeros (CIE), cuenta desde el otro lado del teléfono que de los 42 migrantes que ingresaron en ese centro el pasado 25 de septiembre —29 de Malí, 10 de Senegal, dos de Gambia y uno de Mauritania—, ninguno había visto antes a un abogado. Y eso es irregular. Pero es solo un ejemplo. Según contó a El País, entre los 29 malienses había una persona albina que, por su condición, tendría derecho a solicitar asilo. Y es que en su país a estas personas se les mutila para hacer rituales con partes de su cuerpo que, según la creencia de algunas comunidades, tienen propiedades mágicas. Sin embargo, como el letrado que le correspondía no se entrevistó con él, no empezó ese proceso. Tampoco para una mujer camerunesa que huyó de su país después de que su hermana muriera durante una ablación de su clítoris y ante el temor de correr la misma suerte, cuenta el magistrado.

Para entender qué es lo que está ocurriendo es importante tener presente cómo es el protocolo de actuación que comienza cuando una embarcación llega a las fronteras marítimas de nuestro país. Noemí Alarcón, abogada de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, lo explica. Cuando llega una patera, o un cayuco, o cualquier tipo de embarcación, las autoridades dan aviso al colegio de abogados del lugar correspondiente, que se encarga de desplegar y enviar al número de letrados que atenderá a quienes viajan a bordo. En Málaga, donde ella trabaja, ningún abogado puede atender a más de diez migrantes.

¿Qué ocurre después? El letrado se entrevista, de manera individual y privada, recalca Díaz Tejera, con cada migrante. Y se hace junto a un intérprete que domine la lengua materna de quien acaba de desembarcar y en un lugar habilitado para realizar el trámite, no en el muelle de Arguineguín donde se acumulan los migrantes. En esa asistencia jurídica, explica Alarcón, sólo se da información: qué ocurre, qué herramientas de protección existen… Si la persona entrevistada es candidata a solicitar alguna, se paraliza el proceso de expulsión que ya habría comenzado. Ahora, lo que está ocurriendo según denuncian las organizaciones y varios letrados, es que este comienza igualmente. Porque la ausencia de una entrevista con un abogado impide detectar las circunstancias de cada individuo que le podrían convertir en potencial solicitante de protección.

"Lo que está ocurriendo en muchas ocasiones es que el abogado, por la razón que sea, no tiene ninguna entrevista con la persona y firma directamente la orden de devolución. Consta que se ha recibido y se acabó", lamenta un abogado de Gran Canaria en conversación con infoLibre.

Díaz Tejera critica que eso es una vulneración de los "derechos fundamentales" de los migrantes. "Todas las personas que llegan tienen derecho a recibir información y a estar debidamente asesoradas", insiste. Pero una cosa es el "deber ser" y otra el "ser". Y ese "ser", dice, es que hay demasiada presión para los letrados.

La multiplicación de las llegadas lo explica. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de este año, 11.409 personas llegaron a nuestras fronteras a través de las Islas Canarias. En el mismo periodo del año anterior fueron 1.493. El aumento fue del 664,2%. ¿Por qué tanto? Txema Santana, técnico de CEAR, explica que el blindaje de la frontera entre África y la Unión Europea a través de Marruecos obligó a establecer una nueva ruta migratoria que, dice, ahora también tratan de atravesar todas aquellas personas devastadas por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19. Se ve claramente en los datos que maneja su organización, que marca el inicio del crecimiento de las llegadas en septiembre de 2019. Desde ese momento y hasta diciembre desembarcaban en Canarias, de media, 18 personas al día. De enero a agosto sólo lo hacían dos. Ahora, del 1 al 31 de octubre, 170.

Para el Colegio de Abogados de Las Palmas, la explicación a que algunos letrados firmen la orden de devolución sin realizar primero la entrevista es otra. Su portavoz Kabir Vaswani aseguró en una entrevista concedida a la Cadena Ser que muchos de sus colegiados denuncian que la Policía disuade a los abogados a acudir a las entrevistas con los migrantes en el muelle de Arguineguín argumentando que no podrán facilitarles equipos de protección individual (EPI) para garantizar su seguridad. "La Policía nos dice que ellos pueden trasladar al muelle al abogado que quiera ir, pero que no le dan ninguna medida sanitaria, ni mascarilla ni EPI, que eso lo tiene que traer el letrado y ante esa situación muchos compañeros reculan", dijo el portavoz a la emisora. 

Este jueves por la tarde, el organismo emitió un comunicado instando a sus colegiados a "exigir" que las asistencias se lleven a cabo legalmente cuando estas no reúnan los requisitos legales, "dejando constancia escrita del incumplimiento normativo". "En el caso concreto de no poder entrevistarse personal y previamente con sus defendidos, antes de firmar la orden de expulsión, es nuestra obligación negarnos a la firma de dicho documento, por estar vulnerando los derechos de su representado de asistencia letrada", dijo el Colegio. Según un letrado de Gran Canaria, tras la orden, varios abogados entraron en el muelle este jueves para entrevistarse con algunos migrantes. Junto al Colegio de Abogados de Tenerife, el organismo estuvo este jueves coordinándose para prestar un servicio acorde a los protocolos cuando las autoridades competentes les permitan hacer las asistencias en las condiciones adecuadas, una actuación que apoya el Consejo General de la Abogacía, según Alarcón.

El Colegio, previamente, ya había expresado su malestar a la Delegación del Gobierno en las islas y, según la Ser, denunciará ante los tribunales la "indefensión jurídica". El Defensor del Pueblo, por su parte, ya está investigando lo que Amnistía Internacional califica de "grave vulneración del derecho internacional". Carlos Escaño, portavoz de la organización, denuncia en conversación telefónica que esta situación, además, contraviene la Ley de Extranjería. 

La Asociación de Abogados Extranjeristas también han lamentado la situación que, en un comunicado, han tachado de "escándalo". Responsabilizan del mismo a la Administración Pública y al Gobierno, "que es quien tiene las competencias al respecto". "Es intolerable que se tenga pernoctando a gente al raso en esa situación. El Ministerio del Interior no puede alegar la situación administrativa de unas personas para privarlas de libertad deambulatoria y hacinarlos de esa manera en un muelle", denuncian. Y llaman a los letrados, igual que el Colegio de Las Palmas a "negarse a prestar un servicio imposible que luego será utilizado para 'blanquear' decisiones de expulsión y repatriación cuya nulidad de raíz es manifiesta". "Desde la Asociación hemos ofrecido a los compañeros de Las Palmas un apoyo y colaboración responsable, que pasa por evitar que nuestra intervención sea utilizada para blanquear una actuación de las autoridades públicas que es completamente contraria a los más elementales valores humanos", añaden. 

Vanesa Hernández, miembro de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, destaca en declaraciones a infoLibre que es difícil negarse a prestar la asistencia jurídica. "¿Por qué se está actuando así? No hay que poner el foco en que un abogado firme y otro no o en que uno pague un intérprete por su cuenta para realizar la entrevista. Si un abogado no firma, al día siguiente vendrá otro y firmará", lamenta. Por eso reclama "que los colegios profesionales respalden a los letrados y no envíen a compañeros a firmar nada si la asistencia no está asegurada". 

Hasta un mes en el muelle de Arguineguín

Tal y como recuerda CEAR a través de un comunicado, la normativa establece que los migrantes deben ser atendidos por un abogado en las primeras 72 horas desde su llegada. No se puede estar detenido o retenido por las autoridades más de ese tiempo —según la Ley de Enjuiciamiento Criminal—, recuerda el abogado de Gran Canaria con el que se ha puesto en contacto este diario y que denuncia que muchos migrantes pasan en el muelle de Arguineguín mucho más tiempo. Díaz Tejera lo confirma. "Hay algunos que están más de un mes", dice, una situación "completamente irregular". 

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Varios migrantes retenido en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. | EFE

La situación en Canarias, en cualquier caso, lleva tiempo siendo complicada. En plena pandemia, y ante la falta de un protocolo concreto, fueron los recursos de acogida los que tuvieron que improvisar las cuarentenas de los migrantes que desbordaban las instalaciones. Según criticó Santana en ese momento y también ahora, los migrantes que desembarcan en Canarias se quedan en Canarias. Y eso es perjudicial. "Nosotros entendemos que cuantas más plazas de acogida y más personas decida el Gobierno acumular en Canarias, más se perjudican los derechos de las personas", denuncia. "Por eso queremos que se informe y se gestione de manera compartida, no que sólo lo haga el territorio de recepción para lanzar el mensaje de: 'de aquí no se pasa", lamenta.

Escaño, por su parte, va más allá. "Lo hemos repetido hasta la saciedad y no deja de ser una cuestión clave: se deben garantizar vías legales y seguras, puesto que nadie quiere jugarse la vida en el mar", dice. Y Díaz Tejera apuesta por la pedagogía. "No es ninguna invasión, sólo vienen en pateras y cayucos el 1% de los migrantes. El 99% vienen por aeropuertos y puertos, pero el que se ha pagado un billete tiene recursos, así que no da problema. Los brotes xenofóbicos son también clasistas", denuncia.