El Gobierno asegura que las comunidades podrán seguir limitando la movilidad sin el estado de alarma

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto, ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado. A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".

Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio", pero ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios".

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.

Sobre este tema también se ha pronunciado este miércoles Carmen Calvo. La vicepresidenta primera del Gobierno ha avisado de que no van a modificar ninguna legislación para afrontar la nueva fase que se abrirá el 10 de mayo con el fin del estado de alarma, porque no es necesario. Esto será posible, según Calvo, gracias a las competencias de las comunidades en materia de salud, a que la legislación sanitaria "permite muchas respuestas", y a que la justicia ha avalado que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) son de "obligado cumplimiento".

"No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir", ha afirmado.

Revitalizar la economía

La ministra de Hacienda también ha expresado su confianza en que Bruselas mantenga para 2022 la suspensión de las reglas fiscales para poder seguir revitalizando la economía sin recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública, según Europa Press.

"Ojalá que en 2022 queden en suspenso también las reglas fiscales", ha manifestado la ministra, que ha precisado que esto no significa que España no esté comprometida con el objetivo de reducir el déficit público. En declaraciones a RNE, Montero ha indicado que este debate sobre la necesidad de mantener suspendidas estas reglas también en 2022 aún "no se ha vuelto intenso" en Bruselas y se abordará seguramente en el segundo semestre.

En todo caso, ha afirmado que España defenderá ante la Comisión que "no haya prisa" por retirar los estímulos a la economía debido a la situación que ha generado la pandemia. Con independencia de que se activen o no las reglas fiscales para 2022, Montero ha explicado que sí se está produciendo un debate sobre cómo hacer un seguimiento a los países acerca de la senda fiscal a recorrer, con o sin procedimiento de déficit excesivo. "Creo que todavía es un debate prematuro, que estará ahí y en el que España procurará que no haya prisa en retirar los estímulos a la economía", ha subrayado.

A la espera de la ley contra el fraude fiscal

En la entrevista en RNE, María Jesús Montero, ha expresado además su confianza en que la ley contra el fraude fiscal quede definitivamente aprobada en el primer semestre de este año y espera que en la Campaña de la Renta de 2020, que arranca este mismo miércoles, no aumente el fraude fiscal.

"Este año deberíamos ser capaces de llevar a la conciencia de los ciudadanos la necesidad de pagar impuestos en función de la capacidad que tenga cada uno porque esto es lo que financia los ERTE, todo el refuerzo de la Sanidad Pública, la seguridad en las escuelas. Probablemente este año es la mejor expresión de para qué se pagan impuestos y de qué manera revierte en el conjunto de la población, tenga cada uno lo que tenga", ha subrayado.

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Montero ha indicado que cada Campaña de la Renta "tiene su afán y sus peculiaridades" y ha afirmado que en la de 2020 se ha puesto el foco en aquellos contribuyentes que tienen más dudas y dificultades, como los trabajadores que han recibido prestaciones por estar en un ERTE y que, por tanto, tienen dos pagadores: su empresa y el SEPE.

En este sentido, ha recordado que en algún momento puntual del año pasado hasta 5 millones de personas llegaron a estar en un ERTE, por lo que, al tener dos pagadores, tienen la obligación de presentar la declaración de la Renta, aunque ésta no les salga necesariamente a pagar. Lo mismo sucede con los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En todo caso, la ministra de Hacienda ha recordado que, en el caso de que la declaración resulte a ingresar, se permitirá a los trabajadores que hayan estado en un ERTE en 2020 fraccionar el pago del IRPF en seis plazos, sin intereses, "para que no suponga un quebranto para su economía familiar". Para ello, Hacienda ha publicado este mismo miércoles una Orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se habilita este fraccionamiento extraordinario. Montero ha asegurado a los trabajadores que estuvieron en un ERTE que no pagarán más impuestos de lo que les corresponde, de forma que tributarán de manera proporcional a lo recibido.