2001: empieza el goteo de información del 'escándalo Gescartera'

El 23 de agosto de 2001, casi todos los periódicos españoles llevaban en portada las tres mismas noticias. Temas de cruda actualidad. Desde mediados de junio, a las redacciones estaban llegando los datos del procedimiento sumario del caso Gescartera, la gran trama de corrupción orquestada en 1992 con la participación del secretario de Estado de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por su parte, la Ertzaintza acababa de dar el golpe "más importante contra la estructura de ETA en Guipúzcoa desde los años ochenta", saldado con ocho detenciones y la incautación de 160 kilos de material explosivo, un coche bomba y teléfonos móviles manipulados para activar cargas explosivas de forma remota. Completaba la agenda informativa de ese día el plantón del embajador marroquí al Gobierno español, en el marco del conflicto diplomático con Marruecos por el control de la inmigración ilegal. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

El escándalo financiero de Gescartera se había gestado en tiempos socialistas y había estallado en tiempos conservadores. Nueve años de fraude a más de 4.000 clientes, que confiaron sus inversiones a la Sociedad Gestora de Carteras. Entre los afectados había mutualidades, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas, empresas públicas... Y una suma de más de 20.000 millones de pesetas estafadas, unos 120 millones de euros. El procedimiento era sencillo: Gescartera simulaba operaciones de compra y venta de acciones con una documentación contable paralela que reflejaba operaciones que no existían. La sentencia describía así el funcionamiento de Gescartera: los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada, pero en realidad constituía una mera fachada, a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de apoderamiento de capitales y valores invertidos por los clientes". 

Las informaciones que poblaban los diarios españoles ese 23 de agosto hacían referencia a varios procesos del entramado: "La Agencia Tributaria investiga a los inversores de Gescartera en busca de dinero negro" (ABC), "Caso Gescartera: Montoro elogia a Giménez-Reyna" (La Vanguardia), "La policía investiga dos robos de documentos en las oficinas de Gescartera" (El País) o "El consejo de la CNMV presidido por Croissier desestimó en 1995 sancionar a Gescartera como propuso el inspector jefe" (El Mundo).

Cristóbal Montoro, en 2001 ministro de Hacienda, escudó a su Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, quien tuvo que dimitir a los pocos días de la explosión del caso: su hermana, Pilar Giménez-Reyna, era la presidenta de Gescartera. Y completaba la cúpula del negocio Antonio Camacho, dueño y cerebro de la sociedad defraudadora. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la trama tenía a la funcionaria Pilar Valiente, que proporcionaba información privilegiada a Gescartera para la mejor ejecución del delito de apropiación indebida. El diario El Mundo contaba en un breve informativo cómo la CNMV había desestimado una sanción a la agencia de valores en 1995. Lo cierto es que cuatro años más tarde, en 1999, la institución controladora del mercado de valores sancionó a Gescartera con una multa de carácter grave por resistirse a una inspección. La sanción, que se elevaba a siete millones de pesetas, no se hizo pública y la sociedad continuó su actividad fraudulenta.

     

El 14 de junio de 2001, la acumulación de infracciones por opacidad empujó a la CNMV a intervenir Gescartera. La situación económico-financiera y el destino de los fondos de los clientes había sido desconocida para el ente público durante años, y el caso pasó a manos de la Audiencia Nacional. El juicio oral se celebró en septiembre de 2007 dando un saldo de 14 imputados. En marzo de 2008, la juez Teresa Palacios sentenciaba a 11 años de prisión a Antonio Camacho por apropiación indebida y falsedad documental, y a 3 años y 6 meses a Pilar Giménez-Reyna por los mismos cargos.

"En su feudo más inexpugnable, Guipúzcoa"

 

La Ertzaintza asestó un duro golpe a ETA el 22 de agosto con la desarticulación del comando Buruntza, presunto autor de los asesinatos de un concejal de UPN y un ertzaintza. Era noticia destacada en las portadas de todas las cabeceras nacionales. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza (PP), describió la operación como la "más importante contra la estructura de ETA en Guipúzcoa desde los años ochenta" y reconoció el "trabajo tenaz" de la policía autonómica vasca. El juez Baltasar Garzón había firmado las órdenes de detención la misma madrugada de la operación policial por la inminencia de un ataque.

En 2001 la banda terrorista mató a 15 personas en 49 atentados al tiempo que sufrió 135 detenciones en sus filas. Los 8 detenidos de agosto tenían diferente tipo de vinculación con la banda: dos liberados de ETA (pistoleros a sueldo), dos legales (terroristas no fichados) y cuatro colaboradores en distintos grados. La policía autonómica del País Vasco incautó 160 kilos dinamita Titadine, un coche bomba, un variado arsenal de armas y un taller de electrónica con medio centenar de teléfonos móviles preparados para activar artefactos a distancia.

2000: "El 'Kursk' no tiene ni un superviviente"

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El "desplante" marroquí

"El embajador de Marruecos no asistió ayer a la reunión en el Ministerio de Exteriores y envió a su número dos para recibir las quejas del Gobierno por su política sobre inmigración", resumía Diario 16 sobre el último episodio en el conflicto migratorio. El mismo día murieron cuatro inmigrantes magrebíes "tras desembarcar de un pesquero junto a unas 50 personas más en la playa de Torregarcía, cercana al Cabo de Gata (Almería)", añadía El País sobre lo que calificaba de "oleada de inmigrantes".

Lo llamativo, diplomática y visualmente hablando, era la escena del Gobierno español esperando con 25 minutos de retraso a un embajador marroquí que finalmente fue sustituido por un funcionario de segundo nivel. Los periódicos españoles hacían un tratamiento favorable a España y desentendido con el problema migratorio: "Desplante de Marruecos ante la protesta de España por las pateras" (La Vanguardia), "El embajador marroquí planta a Exteriores en la reunión sobre la inmigración" (Diario 16) o "Marruecos se declara incapaz de controlar la avalancha de inmigrantes ilegales" (ABC).