Pepe Reig Cruañes
El ministro Wert tiene un sueño: cambiar una universidad mediocre pero de amplio acceso, por otra que él llama de “excelencia” aunque reservada a minorías. Casi todo lo que hace tiene que ver con ese sueño. La última de sus disposiciones modifica la estructura de los grados que se adaptó al Espacio Europeo de Educación Superior durante el último gobierno socialista.
Con el exquisito respeto a la autonomía universitaria que le caracteriza, propone dejar en manos de los rectores la decisión de reducir los grados universitarios de cuatro (4+1) a tres años (3+2) y cobrar por los otros dos lo que les plazca en forma de master. Unos lo harán y otros no.
El señuelo con que se espera que piquen las universidades se ha venido preparando desde los laboratorios de la austeridad: los presupuestos se han recortado tanto que hacer pagar a los alumnos casi la mitad de la carrera es una tentación irresistible. Todo ello tras haber recortado abruptamente las becas y subido, igual de abruptamente, las tasas de matrícula, un asunto del que ya hemos hablado en AL REVÉS Y AL DERECHO. Si no se está queriendo reservar la universidad para una minoría pudiente, la verdad es que lo parece.
El proyecto de Real decreto de apenas dos páginas viene a decir que los “planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos”, salvo los que habilitan para profesiones reguladas, que mantendrán los 240. Para doctorarse habrá que haber completado con master hasta los 300 créditos.
Esto nos aproxima al modelo dominante en Europa, donde se entiende que los tres años del grado proporcionan un conocimiento genérico que debe ser completado con la especialización del master. El actual esquema 4+1 mejora los contenidos del grado, pero impide que los master sean verdaderamente especializados, por pura falta de tiempo. Hay, pues, buenas razones para defender el cambio desde un punto de vista técnico, pero la principal es la homogeneización de los currículos y la intercambiabilidad en el plano europeo. Por el contrario el principal argumento para no hacerlo ahora son las tensiones a que se ha venido sometiendo el sistema universitario español, tras cinco años de cambio estructural. Esta era la razón que aducía la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, en el informe que libraron al ministro Wert en febrero de 2013, para no recomendar el modelo 3+2.
Pero de lo que no se está hablando apenas es de los efectos “sociales” de esta medida. Efectos que no hay más remedio que contemplar sobre el fondo del conjunto de reformas que se han sucedido desde que el “negociador Gabilondo” fue sustituido por el “bronco Wert”: aumento de ratios, facilidades a la segregación por sexos, supresión de Educación para la Ciudadanía, limitación severa de la contratación de profesores, copago de tasas, etc. etc. Ahora además se modifica, también por decreto, el sistema de selección del profesorado, al que se va a evaluar de modo “más cualitativo”. Algunos dirán que “más subjetivo”. Y otra cosa que está pasando desapercibida: se suavizan notablemente las condiciones exigidas a la creación de universidades, para que las privadas sigan proliferando mientras languidecen las públicas. El dato, sin embargo, más preocupante de cara al futuro y que ilustra la clase de consideración que este gobierno tiene para con la educación es que se ha comprometido ante Bruselas a reducir el peso del gasto educativo en el PIB hasta el 3,9% en 2017, cuando veníamos de un 5,09% en 2009. Toda la palabrería sobre la apuesta educativa se viene abajo ante semejante declaración de intenciones.
Y luego está el asunto de los precios públicos y las ayudas al estudio. Un asunto en el que la involución es tal que amenaza con producir una catástrofe de la que los rectores tienen ya indicios. El último trabajo del Observatori del Sistema Universitari, titulado Precios, becas y otras ayudas a las universidades europeas (2013-2014), pone de relieve la enorme diferencia que nuestro país mantiene con la media europea en este punto. Digámoslo en forma puntual:
Con este fondo, la reforma de los grados que se anuncia “elitiza” aún más una universidad que ya era un territorio reservado a clases medias y altas, según la propia Comisión Europea.
Los rectores que se temían una nueva oleada de reformas a la brava, como la LOMCE, han reaccionado tibia y prudentemente al encontrarse con la opcionalidad. Se limitan a pedir más tiempo para evaluar la propuesta y se quejan de la confusión. Pero no es sólo confusión lo que esta idea produce: los grados de cuatro años, derivados de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), llevan tan poco tiempo implantados que ni siquiera se han evaluado en sus resultados. La norma ahora modificada data de 2011 y 2007¿Por qué esta prisa por acortar aún más la parte pública de la carrera universitaria, al tiempo que se dan toda clase de facilidades para la creación de universidades privadas sin apenas requisitos de excelencia? Incluso aunque no carezca de razones educativas, semejante cambio, sumado a los demás ¿no apunta a un radical cambio de modelo? El ministro ha dicho que le gusta el de Gran Bretaña y no el de Malta, pero quizá habría que compararse con los modelos de universidades con “derecho de acceso”, es decir aquellas que se esfuerzan en no discriminar a sus alumnos en función de sus capacidades económicas. ¿Son los sistemas de acceso (precios públicos y sistema de becas) tan comparables como lo va a ser la duración de los ciclos universitarios? La respuesta es que no, de ninguna manera.
Sólo los representantes de los estudiantes han puesto el foco sobre la cuestión social que se esconde tras esta reforma: los estudiantes pagarán más por los mismos créditos, porque los máster son de pago, y como media un 67% más caros que los grados, lo que se une a la nueva política de becas y tasas que ya ha expulsado a 45.000 alumnos/as, según datos oficiales.
Los estudiantes señalan la injusticia básica de un sistema de becas que se hace depender de las notas en vez de las rentas familiares. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), que dice agrupar a delegados de casi 800.000 estudiantes, viene denunciando desde hace tiempo el “copago” universitario como una forma de selección económica. El retroceso de la igualdad de oportunidades es directamente proporcional a la presión “elitizadora” de la universidad.
De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en siglo XXI: Visión y acción” de la UNESCO (9 oct 1998) las discriminaciones fundadas en consideraciones económicas en el acceso a la Educación Superior son tan inadmisibles como las de raza, sexo, idioma o religión. El derecho a la Educación implica también la igualdad de oportunidades en cualquier nivel educativo. Desgraciadamente, parece que se nos lleva hacia un modelo “darwinista” que deja fuera de esta exigencia a la universidad, al tiempo que, dando ventajas a los centros privados, deja de garantizar también aquella igualdad en los otros niveles educativos.
El sueño de la “excelencia” de Wert resulta ser, en realidad, una pesadilla. Frente al sueño elitista del ministro, algunos queremos seguir pensando en una universidad que mide su excelencia por la igualdad de acceso y que devuelve a la sociedad el mejor espejo de sí misma. Una universidad, como gustaba decir a Salvador Allende, que prepara “profesionales comprometidos con el cambio social”.
Becas y tasas en Europa: http://www.observatoriuniversitari.org/wp-content/uploads/2014/04/fees_and_support-2013-14.pdf
¿Universidad sin clases? http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E3C57268-D641-4F62-8D51-C3013D2EA59E/236564/Observatorio_Estudios_EurostudentIV.pdf
CREUP: http://www.creup.es
Comisión Europea-EURYDICE: La modernización de la educación superior en Europa. Financiación y dimensión social 2011
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