El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
Pretorianismo en Caracas
En la incierta salida a la crisis poselectoral que vive Venezuela, los analistas concuerdan en que el principal obstáculo para que el presidente Nicolás Maduro reconozca su derrota electoral y abandone el poder es el sólido respaldo que sigue teniendo de los mandos militares. Es precisamente este decidido apoyo, y la colaboración activa sobre el terreno que ha prestado el ejército con el despliegue del llamado Plan República, el que ha permitido al Gobierno conducir un proceso electoral diseñado desde el Palacio de Miraflores para la renovación del mandato bolivariano. El régimen político, que ha evolucionado de democracia deficiente a sistema autoritario, entra ya en su tercera década de existencia desde que el comandante Hugo Chávez ganó las elecciones y asumió la presidencia en 1999.
La campaña electoral de este año comenzó con unas expectativas claras de victoria de la oposición, que había superado sus tradicionales divisiones para presentar una candidatura unida de concentración, a pesar de las variadas acciones de anulación y debilitamiento de los candidatos, de regulación interesada del censo y en general de control torticero de los comicios. A diferencia de otras elecciones presidenciales, en las que el régimen mantenía su capacidad de movilización, en esta ocasión las perspectivas de derrota en las urnas determinó al régimen a negar la supervisión internacional, dejando así el escrutinio bajo exclusivo control oficial. El Centro Carter, con experiencia previa en la zona, señaló claramente que las elecciones no cumplían los estándares para ser consideradas democráticas.
El resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que daba ganador a Nicolás Maduro con una diferencia de diez puntos, posteriormente validado en una declaración de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), carece de toda credibilidad por la dependencia estrecha de estos órganos del poder ejecutivo y por la falta de presentación de pruebas comprobables. Por el contrario, los indicios racionales de fraude se refuerzan con las miles de copias de actas electorales presentadas por la oposición en las que aparece como presidente electo de la República el embajador González Urrutia por una amplísima mayoría. La posición adoptada por los gobiernos aliados de la región, como Brasil y México, son suficientemente ilustrativos del descrédito del gobierno de Maduro.
En este contexto de denuncia de fraude y represión de las protestas ciudadanas, la posición de las Fuerzas Armadas (FANB) tiene un carácter estratégico para la consumación del golpe palaciego en curso, que acabará con toda apariencia de sistema participativo. El componente militar del movimiento chavista ha sido fundamental desde el primer gobierno de Hugo Chávez. Los militares se reforzaron en sus posiciones y ampliaron su influencia a todas las áreas de la vida política, económica y social de Venezuela. Con el desempeño de cargos y el desarrollo de programas se han constituido en actores esenciales del régimen. La transición entre Chávez y Maduro profundizó el militarismo del régimen.
La fuerza armada ha sido el árbitro de las crisis políticas de profundidad que ha vivido el país en más de dos décadas, alentadas desde el exterior, donde ya residen más de seis millones de venezolanos exiliados. Son unidades militares las que reponen en el poder al presidente Chávez, cuarenta y ocho horas después del golpe de Estado de 2002, y son también los uniformados los que impiden que prospere el levantamiento insurreccional de 2019 contra Nicolás Maduro. Estas intentonas frustradas, seguidas de picos de represión, ponen a prueba la fortaleza de la vinculación entre los mandos militares y el gobierno venezolano, basada en la complicidad de la acción y la colusión de intereses. La acción gubernamental continuada y las reformas legislativas han concedido a la institución armada responsabilidades mucho más amplias que la defensa nacional.
El modelo venezolano de relaciones civiles-militares es un contraejemplo que sirve para mostrar la importancia en los sistemas políticos participativos de avanzar en la senda del control democrático de las fuerzas armadas
La FANB ha ido cobrando importancia en el desarrollo del propio régimen bolivariano. Los militares pasan a controlar sectores económicos críticos: distribución de alimentos, capitales y divisas, administración estatal del petróleo, industrias de defensa, etc. La fórmula es descentralizada, con organismos y empresas autónomas, que no están sometidas a auditoría pública. El escalafón de generales y almirantes se ha multiplicado por diez, creando toda una clase militar adicta, frente a la que el previsible descontento de la oficialidad de bajo rango poco puede oponer. Las compras de material militar y sistemas de armas han generado un sector de defensa de enorme volumen de negocio.
El régimen ha estado sometido desde el principio a una gran presión exterior, mediante sanciones y bloqueos, de los que ha conseguido sobrevivir por la capacidad de intercambio en el mercado internacional que supone la explotación de las reservas de hidrocarburos. La población venezolana ha sido la verdadera damnificada de esta presión, especialmente las capas populares. Se ha visto como la presión se ha aumentado y aflojado en consonancia con el precio del barril de petróleo, y la coyuntura geopolítica mundial. La respuesta represiva a las protestas ciudadanas de 2014 y 2017, con una implicación total de la fuerza armada en su ejecución, se saldó con un elevado número de muertos, heridos, detenidos, desaparecidos y refugiados. En mérito a estos hechos, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abiertos múltiples expedientes. A su vez, el régimen denunció también ante la Corte los criminales efectos directos de los bloqueos sobre la calidad de vida y la salud de la población.
La complejidad de la situación de Venezuela, fracasados los intentos de normalización política, hace difícil pronosticar la resolución del conflicto. La baza del gobierno de Maduro para persistir en esta última y arriesgada apuesta, si consigue mantener la cohesión interna en las altas esferas, es apoyarse en el eje alternativo al occidental para compensar y neutralizar el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. En este sentido, la inmediata felicitación por el triunfo electoral de los gobiernos de China, Rusia e Irán es un claro indicativo al respecto. El pragmatismo de los intereses se impone habitualmente sobre las declaraciones de principios.
El pretorianismo de la clase militar vigente hoy en Venezuela es el producto de veinticinco años de construcción de un modelo político en el que el papel de las fuerzas armadas es estructural en el sistema y no solamente instrumental, al haberse desnaturalizado respecto de su misión de defensa. Así, no resulta sorprendente que la actual cúpula militar, tan privilegiada por el sistema, se haya precipitado a escenificar su lealtad absoluta al presidente. El modelo venezolano de relaciones civiles-militares es un contraejemplo que sirve para mostrar la importancia en los sistemas políticos participativos de avanzar en la senda del control democrático de las fuerzas armadas, donde los profesionales de las armas son ciudadanos de uniforme y las Fuerzas Armadas una organización del Estado subordinada a la autoridad pública elegida en elecciones democráticas.
