La idea de las responsabilidades diferenciadas en la ciencia de la sostenibilidad se conoce desde hace mucho tiempo. El concepto es claro: aunque todos somos responsables, algunos lo son mucho más que otros. No es la misma culpa sobre el cambio climático la de un pequeño consumidor de energía que la de un gran consumidor, la de una pequeña empresa que la de una gran central de carbón. Tampoco la de un votante que la de un representante de un partido político o la de un dirigente de una administración que un funcionario de la misma. Esta idea se popularizó haciéndola suya el papa Francisco con la encíclica Laudatio si del 2015, año crucial en el que se también se firmó el crucial acuerdo de París contra el cambio climático y de la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En la encíclica se habla de quién debe soportar la responsabilidad de la transición energética, o del cuidado de la biodiversidad, o de qué países deben asumir más sus responsabilidades. Desde determinados estamentos, y durante años, se ha intentado en muchas ocasiones decir que "la culpa es de todos" y que todos tenemos responsabilidades, como consumidores, como votantes, etc... Y es cierto; pero la idea que subyace en este artículo es que "unos son más responsables que otros", y por ello, los que tienen más responsabilidades son los que antes deben asumirlas, así como asumir los retos futuros, porque tienen esa capacidad de decidir el cambio.
Aquí se realiza un breve ejercicio para señalar las responsabilidades de quienes son los principales responsables de las mayores emisiones que afectan al cambio climático en España. Se distinguen tres agentes principales: empresas, sectores productivos y partidos políticos.
El caso de las 10 empresas que más gases de efecto invernadero emiten en España
Diez empresas emiten el 25% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en España y representan el 37% de todo lo emitido en el sector industrial y energético. Endesa emite casi el 9% (8,7%) de todas las emisiones del país y concentra la cuarta parte de todo lo emitido por los sectores fijos (producción de energía, industria, petróleo y otras instalaciones industriales).En el ranking de los grandes emisores (o bigpolluters) le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, con más de un 3% aproximado cada una del total emitido en el país. Las cinco grandes empresas energéticas suponen un 44% de las emisiones fijas y un 16% del total de las emisiones del país. La lista se completa con EDP, Arcelormittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex. En total, el conjunto de estas 10 empresas expulsó a la atmósfera el año pasado 86,2 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 66,6% de las emisiones procedentes de las fuentes fijas. El total de emisiones de gases de efecto invernadero en España fue de 323 millones de toneladas en 2016.
Dentro de los sectores fijos, la generación energética es la que mayor volumen de gases produce, con 55 millones de toneladas; la generación energética más contaminante es la del carbón, con 36 millones de toneladas, un 31% del total. El 54% de esas emisiones de carbón también corresponden a Endesa, 17% a EDP, 15% a Gas Natural, 8% a Viesgo y 6% a Iberdrola. Iberdrola ha anunciado el cierre de esas centrales y el Gobierno se ha negado alineándose con los países menos comprometidos contra la lucha con el cambio climático y poniéndose enfrente de nuestros socios europeos como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Italia, Francia, Austria, Holanda, Portugal, Bélgica, Suiza, etc. Las emisiones de carbón suponen un 12% del total emitido y las centrales que se piensan cerrar representan tan solo el 1% de todo lo emitido en España para el año 2016, pero no deja de ser una ejemplar iniciativa a la que un gobierno responsable debería apoyar de una forma entusiasta, sobre todo debido a la inmensa capacidad instalada en este país respecto a los consumos reales. Sin embargo, el Gobierno del PP se opone al cierre de las centrales de carbón.
Después del carbón y entre los sectores industriales que más emiten, 14,8 millones pertenecen a la fabricación de cemento, y 15,6 millones de toneladas a las refinerías de petróleo: es decir, Repsol y Cepsa, empresas que tan solo ellas emiten casi un 6% del total emitido en 2016.
Las comunidades autónomas
Respecto al total de las emisiones entre 1990 y 2015 se observa que Andalucía y Cataluña suponen un 14% del total emitido, seguido de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con un 7%. Excepto País Vasco, Galicia y las Castillas, que emiten un poco menos de lo que se emitía en 1990, todas las Comunidades autónomas han aumentado sus emisiones respecto a ese año. Las CCAA que más han aumentado sus emisiones son la región de Murcia, Extremadura, Andalucía, Navarra y Baleares, con aumentos de un factor entre 125 y 140. Los objetivos de reducción relacionados con el Acuerdo de París según lo propuesto por Alemania y Francia serán mucho más estrictos si realmente no se quiere superar el límite del grado y medio para aumentar las emisiones.
La evolución del conjunto de las emisiones entre 1990 y 2015 (último año consolidado de las emisiones regionales) se observa a continuación:
Evolución de emisiones totales por CC.AA entre 1990 y 2015 en CO2 (kt).
Si tenemos en cuenta solo las emisiones de los sectores fijos Andalucía lidera el ranking con 22 millones de toneladas (el 18,2%), seguida por Asturias, 17 millones (un 14%), y Galicia y Cataluña, con 14 millones (un 11% cada una). Las comunidades que más gases emiten son las que tienen mayor presencia de centrales basadas en el carbón y de industrias pesadas. Todas las comunidades han reducido sus emisiones fijas entre 2006 y 2016, siendo La Rioja (un 76% menos) y la Comunidad de Madrid (un 74%) las que más han disminuido; y la Comunidad Valenciana (que permanece igual) y Galicia (un 14% menos), las que menor reducción han experimentado.
Se puede aducir que las políticas energéticas e industriales pueden venir dadas por decisiones del Gobierno central, sobre todo en el caso de la política energética, porque las decisiones se han tomado desde una óptica centralizada; pero las CCAA tienen responsabilidades para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción, desarrollar las renovables, incentivar el autoconsumo, la compra pública desde la administración, aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos, etcétera. En definitiva, asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización. Además, las CCAA tienen una responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos. Si atendemos solo a las emisiones de los sectores difusos (transportes, comercios, pequeñas industrias, calefacción...) encontramos que Cataluña representa un 15% de las emisiones, seguido de Andalucía con un 13%, Madrid y Castilla y León con un 10% y Comunidad Valenciana con un 8%. Cierran la clasificación de las emisiones difusas Rioja, Cantabria, Navarra, Murcia… En este caso es importante incluir el factor de población para obtener el ratio de emisiones per cápita.
Para el año 2015 (último año con datos desglosados por CCAA) podemos obtener un ratio de las emisiones difusas por CCAA. En este caso se observa que los habitantes que más emiten son los castellanoleoneses, seguidos de los de Aragón y muy cerca de los de Extremadura, Asturias y Navarra y Castilla-La Mancha. Las que menos emiten por habitante en emisiones difusas son Murcia, Andalucía y Madrid y Comunidad Valenciana. En definitiva, si las comunidades autónomas quieren asumir sus competencias en la reducción de las emisiones y política energética deberán asumir también sus responsabilidades para prevenir el cambio climático.
Los partidos políticos
La política contra el cambio climático en España ha venido marcada por la Unión Europea. Si bien el conjunto de las emisiones están más relacionadas directamente con la evolución del PIB, los dirigentes de los partidos políticos han tomado decisiones sobre las políticas de emisiones, mitigación y adaptación. Estudiar el detalle de esta evolución y la asunción de responsabilidades de cada partido supera la extensión de este artículo. Todos los think tanks que la han estudiado, como Germanwatch, New Climate Institute y Climate Action Network, la califican como bastante decepcionante.
En la reciente COP23 se revelaba que la política de cambio climático había descendido más puestos en los rankings internacionales de prioridad política de los partidos españolesrankings , sobre todo teniendo en cuanta la elevada vulnerabilidad del país respecto al cambio del clima. España ocupa el puesto 20 entre los países de la UE, solo por delante de Grecia, Polonia, Hungría e Irlanda. En los informes del Observatorio también se observan las importantes carencias en cuanto a políticas de mitigación y adaptación tanto a escala estatal como regional o local.
Respecto a las tres grandes variables que se consideran –emisiones, adaptación al cambio climático y potenciación de energías renovables– se observa que en las dos primeras los dos partidos han tenido políticas similares, sobre todo respecto a la tolerancia hacia los agentes emisores más importantes. En cuanto a energías renovables, el PSOE realizó importantes políticas de potenciación, mientras que el PP ha aplicado una continua y drástica reducción del sector renovable al que se añade la disminución de la energía hidroeléctrica por la sequía.
Sin duda 2005 fue un año clave por la firma del protocolo de Kioto, así como por la publicación del primer informe serio sobre impactos del cambio climático y que marcó un inicio en la preocupación de la administración y los científicos. También porque en ese año se dio comienzo al mercado de emisiones que hoy afecta a más de 900 instalaciones y al 45% de las emisiones. Este protocolo empezó a funcionar en el 2005 y marcó objetivos para la Unión Europea, que debía disminuir las emisiones un 8% para el año 2012; mientras, se permitía que España las aumentara un 15%. El mercado de emisiones permitió asignaciones gratuitas a las empresas contaminantes, hecho que se realizó con una extraordinaria generosidad. Determinó que los más contaminantes vendieran estos excedentes rápidamente y cobraran por los derechos asignados, pero no disminuyeron radicalmente sus emisiones. Este hecho determinó que bajaran los derechos de emisión de unos 30 euros a unos 7 actuales, con lo cual se muestra que el sistema no ha funcionado en absoluto para incentivar el cambio.
Se observa que la media de las emisiones anuales en el periodo del PSOE fue de 353.255 y las de media del PP fueron de 362.852 toneladas de CO2 equivalente. Respecto a las emisiones, se observa que el resultado es prácticamente idéntico en los periodos de gobierno de los grandes partidos.
Recomendaciones
Los avances de emisiones del año 2017 indican que este año se volverá a observar un incremento en las emisiones de las empresas energéticas. No estamos avanzando lo suficiente en la reducción de emisiones de los sectores fijos. Sectores como el de la refinería han aumentado de un factor 100 a un factor 118 entre 2006 y 2016; y el sector cementero depende más de la coyuntura que de las políticas de reducción de emisiones.
Como recomendaciones para luchar contra el cambio climático, hay que destacar las responsabilidades diferenciadas entre las empresas en cuanto a su aportación a la generación de gases de efecto invernadero. Estas responsabilidades de estas empresas deberán derivar en proyectos concretos tanto para la reducción de las emisiones como para actuaciones de compensación y desarrollo de actuaciones de adaptación inmediata al cambio climático, sobre todo en las regiones donde desarrollan sus actividades desde hace décadas. Estamos convencidos de que los proyectos de cambio y mejora son positivos para mejorar las valoraciones de la empresa y para la percepción de la competitividad futura por accionistas, agentes implicados y ciudadanos.
También los gobiernos autónomos deben de asumir sus responsabilidades en cuanto a potenciación de energías renovables en sus territorios, implantar sistemas de transporte sostenible, rehabilitación energética, planes de adaptación, reducción de superficies de regadíos, blindar infraestructuras estratégicas, etc...etc.,.. etc. No hay que olvidar que en EEUU por ejemplo son los gobiernos regionales como California o ciudades como Nueva York o Miami las que están marcando las pautas de la lucha contra el cambio climático.
Mientras, el Estado sigue con sus políticas contradictorias –como los 1.000 millones de euros anuales en ayudas del Estado español a los combustibles fósiles, o impidiendo que se cierren centrales térmicas– y mantiene un doble discurso entre Ministerio de Medio Ambiente e Industria, recordando tiempos pasados de irresponsabilidad no tan lejanos.
Por un gestión inteligente de la sequía en España (y II)
Es reseñable que el mercado de las cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero no ha servido para desincentivar las emisiones por el bajo precio de la tonelada de CO2, por lo que sale más barato comprar derechos de emisión que reducir las emisiones de la empresa. Los instrumentos de mercado no están funcionado para reducir las emisiones. Se observa que la cotización del precio de la tonelada de CO2 obtuvo precios del orden de 5,35 euros durante 2016 y de 5,33 euros en lo que llevamos de año 2017, precio mucho más bajo que cuando se inició el mercado de carbono (del orden de 25 euros tonelada). Los instrumentos de mercado, hasta ahora, han fracasado y no han servido para reducir las emisiones.
Los partidos deberán empezar a tomarse este tema en serio, algo que no han hecho hasta ahora. Creemos que los que realmente asuman el reto del cambio climático, la transición energética hacia un sistema basado en energías renovables, la preservación de la biodiversidad, la gestión integral del agua, la lucha contra el aumento de la desigualdad, la mejora de la sanidad y la educación... Los que se crean que el modelo de desarrollo español ha de ser más sostenible y democrático serán los hegemónicos en un futuro no muy lejano. ____________________
Fernando Prieto y Raúl Estévez Estévez son técnicos del Observatorio de Sostenibilidad
La idea de las responsabilidades diferenciadas en la ciencia de la sostenibilidad se conoce desde hace mucho tiempo. El concepto es claro: aunque todos somos responsables, algunos lo son mucho más que otros. No es la misma culpa sobre el cambio climático la de un pequeño consumidor de energía que la de un gran consumidor, la de una pequeña empresa que la de una gran central de carbón. Tampoco la de un votante que la de un representante de un partido político o la de un dirigente de una administración que un funcionario de la misma. Esta idea se popularizó haciéndola suya el papa Francisco con la encíclica Laudatio si del 2015, año crucial en el que se también se firmó el crucial acuerdo de París contra el cambio climático y de la aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En la encíclica se habla de quién debe soportar la responsabilidad de la transición energética, o del cuidado de la biodiversidad, o de qué países deben asumir más sus responsabilidades. Desde determinados estamentos, y durante años, se ha intentado en muchas ocasiones decir que "la culpa es de todos" y que todos tenemos responsabilidades, como consumidores, como votantes, etc... Y es cierto; pero la idea que subyace en este artículo es que "unos son más responsables que otros", y por ello, los que tienen más responsabilidades son los que antes deben asumirlas, así como asumir los retos futuros, porque tienen esa capacidad de decidir el cambio.