¡Podemos acabar con la pobreza energética!

Otro año más ha llegado el invierno. Y para muchas familias esto significa horas estrujándose los sesos para que las cuentas cuadren, estrictos horarios para racionalizar la calefacción, los trucos más variopintos para “retener el calor” en los hogares y muchas capas de ropa para hacer más llevadero el frío en casa. En ocasiones, el problema se manifiesta en drama y la actualidad nos hiela el corazón. Fue el caso de Rosa, la anciana que falleció por querer calentarse con una vela al no poder pagar la calefacción.

En los peores casos tenemos que lamentar que haya fallecidos y en los mejores, un sufrimiento que se repite invierno tras invierno. Este sufrimiento es al que hoy nos referimos como “pobreza energética”.

Un sufrimiento permanente que se repite anualmente. Las estadísticas no engañan. La Asociación de Ciencias Ambientales publicó el informe “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis España 2006-2016” donde se hacía eco de la gravedad del problema. El 11% de los hogares del país (lo que supone la friolera -nunca mejor dicho- cifra de más de 5 millones de personas) declaran que son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses más fríos. Además, alrededor de 7 millones de personas dedican más del 10% de sus ingresos al gasto de energía. Esto se cruza con las desigualdades sociales, pues las rentas más bajas tienen que hacer un mayor esfuerzo para pagar la energía (una media del 12% de su renta), mientras que para quienes tienen unas rentas superiores el coste les supone menos (3%) pese a que su consumo energético es mayor. En resumidas cuentas, la pobreza energética es un fenómeno que afecta a millones de compatriotas, agravándose en aquellas familias que disponen de menos ingresos.

En el caso de las mujeres es aún más grave, desde que tenemos estudios donde se tiene en cuenta esta perspectiva, y hablamos de feminización de la pobreza, podemos constatar que más mujeres que hombres están en riesgo de sufrir pobreza en general y pobreza energética en particular. La precarización del mercado de trabajo, el acceso a puestos peor remunerados y que hay muchas menos mujeres que hombres que disfrutan  de una pensión de jubilación que el hombre, son algunos de los ítem a tener en cuenta en la ecuación. No es casualidad que la víctima de la pobreza energética que conmocionó al país,  Rosa, fuese mujer, es una situación repetida mujer mayor, sola, sin pensión o pensión mínima, que por supuesto no puede pagar la tarifa de la luz ni llevar una vida digna. Tras el estallido de la crisis económica, los recortes sociales y la precarización del mercado laboral, algunos estudios han constatado que la brecha diferencial entre hombres y mujeres se había reducido, en tanto que habían empeorado exponencialmente las condiciones de las clases populares tocando de lleno el sistema productivo y afectando negativamente al trabajo tradicionalmente de los hombres. No porque las condiciones de vida de las mujeres hubiesen mejorado, sino por el gran empeoramiento del trabajo que tradicionalmente ha venido desarrollando el hombre, pero a lo largo de este tiempo hemos visto que mientras los hombres  se “recuperaba algo” en cuanto a índices de pobreza, las mujeres no lo hacían de igual manera.

La cara de la pobreza más acuciante es una cara de mujer, mujer joven cabeza de familia monoparental o mujer mayor sin pensión, pero, la pobreza energética afecta a amplias capas de la sociedad, en tanto que se considera así, al tipo de pobreza que nos lleva a no poder encender la calefacción cuando se necesita o no poder hacer uso de la luz el tiempo necesario por no poder hacer frente a unas tarifas energéticas de las más altas de Europa, mientras el poder adquisitivo de las españolas decrece los beneficios de las eléctricas aumentan. Compañías que se han librado de reembolsar al Estado la millonaria indemnización percibida indebidamente en concepto de “transición energética” tras la privatización del sector. Esta situación se ha podido llevar a cabo gracias a la dejación de funciones de los gobiernos del PSOE y PP, que no reclamaron a tiempo la devolución de ese dinero, tal vez esa dádiva tenga su origen en las famosas puertas giratorias.

Cualquiera que viera estas cifras pensaría que España es un país incapaz de proveer energía a sus ciudadanos y que esto explicaría el alto precio del consumo energético. El disparatado precio de la electricidad en medio la reciente ola de frío podría excusar en esta justificación. Es más, el informe sobre la Unión de la Energía publicado en 2015 revelaba una enorme dependencia de nuestro país del consumo de petróleo y el gas natural. Advertía este informe que prácticamente la totalidad de estos recursos tenían que ser comprados en el extranjero, siendo esto además un sumidero por donde escapaba una parte importante del dinero de nuestro país, que quedaba en manos de los grandes oligopolios de la energía y extracción de hidrocarburos.

¿Esto tiene solución? España es un país con enormes recursos energéticos, lo que nos haría capaces de aumentar nuestro abastecimiento por la vía de las renovables. Greenpeace aseguró en noviembre de 2005 que, con las tecnologías de aquel momento, las energías renovables producidas en suelo peninsular podrían abastecerse hasta 56 veces la demanda de electricidad proyectada para 2050. En 2017 esta posibilidad no sólo sigue siendo real sino más viable que nunca. El Foro Económico Mundial explicaba en su informe de diciembre de 2016 “Renewable Infrastructure Investment Handbook: A Guide for Institutional Investors” que la energía solar y eólica estaba al mismo precio o más barata que el combustible fósil en unos 30 países. La tecnología progresa y permite producir energías renovables a un menor coste. Se puede avanzar en la senda de la soberanía energética pero, ¿quieren hacer esto nuestras instituciones?

Nuestros gobiernos han ignorado esta posibilidad, y se situaban en el año 2014 en una cuota de energía limpia de sólo el 15,8% -según el informe de la Unión de la Energía- , lejos aún de lo previsto por el “Objetivo 2020” que se marca en un 20% de la cuota total. Es más, ha entorpecido este camino con medidas como el polémico “impuesto al sol” o los recortes de miles de millones a las renovables durante el año 2014. Los esfuerzos del Gobierno de España han pasado, en las últimas décadas, por reforzar la dependencia de la importación de combustibles fósiles con el objetivo de contentar a sus socios internacionales y satisfacer los intereses de los gigantes de la extracción y la energía.

Modernizar nuestro país es una tarea histórica en manos de las fuerzas populares y democráticas. Tenemos la posibilidad de iniciar una gran transformación energético-ecológica en nuestro país que nos permita resolver los problemas derivados de la pobreza energética, a la vez que conquistamos mayores cotas de soberanía. Esta transición es un compromiso con las mayorías populares, pero también lo es con nuestro planeta y con nuestra patria.

Para fraguar este compromiso es un imperativo que nuestro programa palie las peores consecuencias de la pobreza energética y encare un valiente plan de transformación de nuestra estructura económica y energética. Para lo primero sería importante impulsar, entre otras cosas, ayudas progresivas al pago de las facturas de consumo energético, inversión pública para mejorar la eficiencia energética a pequeña escala en las viviendas o un plan para asesorar a los Hogares Vulnerables. En este sentido, merece la pena recordar la propuesta de Podemos “Ley 25 para la emergencia social” que contemplaba un apartado definido como “Plan de rescate energético” (entre otras cosas, ayuda para la electricidad y el gas, así como evitar que se corte el suministro en hogares vulnerables). Sin embargo, para lo segundo haría falta un verdadero plan de transformación energética en nuestro país, sustentado sobre los pilares de la planificación y la democracia. Este plan debería ser de dimensión estatal, debatido con organizaciones de la sociedad civil y, debido a su carácter estratégico para nuestro país, tomar forma mediante un conglomerado de entidades públicas que fueran protegidas constitucionalmente, prohibiendo su privatización o gestión privada.

Pero para impulsar estas transformaciones no basta con llegar a las instituciones. Realmente, un gobierno que ose enfrentarse solo al gran gigante de las energías tiene todas las de perder. Este cambio debe arrancar desde la movilización popular. Debemos fundir nuestro programa de cambio con las demandas cotidianas de un pueblo que entiende como injusto el sufrimiento acaecido por la pobreza energética. Acompañar a nuestras compatriotas en su legítima protesta, escuchar su opinión y hacerles partícipe de este gran plan de transformación para nuestro país. Sin ellas y ellos, el pulso contra el lobby energético estará perdida. Pero con ellas y ellos podremos hacer doblar la espalda de quienes han hecho del derecho a la energía un negocio. Con ellas y ellos podremos convertir nuestro país de sol, playa y pobreza en un país de sol, sostenibilidad y justicia social.

 

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Javier Cañadas yCarolina Alonso son miembros del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Comunidad de Madrid,y David Comas es analista político

David Comas