No lo verán destacado en casi ningún medio, pero este jueves 25 de mayo aparecía en el BOE una ley importante (ver aquí). Tan importante y compleja que en cuatro décadas de democracia nadie había sido capaz de sacar adelante normas estatales sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tenemos Ley de Vivienda (ver aquí). Puede (y hasta debe) discutirse todo lo que proceda sobre su alcance, sobre la eficacia o no que puede aportar a la hora de solucionar un problema que afecta a millones de jóvenes y no tan jóvenes. Y por más que el principal partido de la oposición intente menospreciarla y hasta boicotear su aplicación (ver aquí), lo cierto es que establece algunas obligaciones a las que no podrán escapar ni siquiera los más ultras del PP. Por ejemplo, desde hoy ya será imposible que un gobierno autonómico venda viviendas públicas de alquiler social a un fondo buitre, como hizo el Ejecutivo de Madrid con 2.937 pisos protegidos, o como hizo la entonces alcaldesa Ana Botella con otros 1.860 que transfirió al fondo Blackstone (ver aquí). Nunca más.
Sabemos que vivimos en un país de capataces, plagado de gente dispuesta a colocarse cada mañana a pie de obra, no para ayudar, sino para comentar que “esos cimientos no aguantan”..., “esa pared se va a caer…”, “falta hierro en el hormigonado…” Lo cierto es que ya podemos empezar a probar los resultados de poner límite a la especulación en el precio del alquiler o de evitar que el suelo público o las viviendas de alquiler social acaben en manos de macrofondos especulativos. Era un compromiso del acuerdo del gobierno de coalición, y queda estipulado en los artículos 15.1.C y 16.1.E de la ley que este viernes entra en vigor (ver aquí).
Y también era la consecuencia lógica de sentencias judiciales que ordenaban revertir las operaciones especulativas en Madrid (ver aquí). Pero ni caso. Los gobiernos autonómico y municipal del PP han puesto todas las zancadillas posibles para impedir el cumplimiento de esos fallos (ver aquí). Es la táctica seguida por quienes aplican el catecismo neoliberal incluso a costa de saltarse la legalidad: todo vale con tal de proteger los privilegios del poder económico o financiero. De esto (también y sobre todo) va lo que nos jugamos este 28M.
_____________________
(Aquí puedes leer las entregas anteriores de 'El dato y el dardo')
No lo verán destacado en casi ningún medio, pero este jueves 25 de mayo aparecía en el BOE una ley importante (ver aquí). Tan importante y compleja que en cuatro décadas de democracia nadie había sido capaz de sacar adelante normas estatales sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tenemos Ley de Vivienda (ver aquí). Puede (y hasta debe) discutirse todo lo que proceda sobre su alcance, sobre la eficacia o no que puede aportar a la hora de solucionar un problema que afecta a millones de jóvenes y no tan jóvenes. Y por más que el principal partido de la oposición intente menospreciarla y hasta boicotear su aplicación (ver aquí), lo cierto es que establece algunas obligaciones a las que no podrán escapar ni siquiera los más ultras del PP. Por ejemplo, desde hoy ya será imposible que un gobierno autonómico venda viviendas públicas de alquiler social a un fondo buitre, como hizo el Ejecutivo de Madrid con 2.937 pisos protegidos, o como hizo la entonces alcaldesa Ana Botella con otros 1.860 que transfirió al fondo Blackstone (ver aquí). Nunca más.