Quién juzga la ley (jueces y fiscales antisistema)

Pregunto, sin acritud: si tan seguros están PP, Vox, Felipe, Page y unos cuantos jueces y fiscales de que la ley de amnistía es un bodrio, ¿por qué no esperan tranquilos a que los tribunales europeos así lo constaten? Debería bastarles con que lo hiciera (o no) el Tribunal Constitucional, pero ya llevan meses deslegitimándolo, por cierto con un curioso argumento: forma parte de él un exministro de Justicia de Sánchez. Se refieren a Juan Carlos Campo, que ya se ha abstenido en 18 causas y anunciado que lo hará también en la de la amnistía, cosa que, por supuesto, no hacen jamás ni Enrique López ni Concepción Espejel ni ninguno de los fieles nombrados por el PP. 

No, no van a esperar a que el sistema de controles democráticos actúe. Los llamados jueces y fiscales del procés, cuyo referente intelectual y jurídico es Manuel Marchena (como ya advertimos aquí hace unos meses), están absolutamente decididos a torpedear la aplicación de la ley de amnistía, incluso yendo más lejos de lo que ya se daba por descontado. Sabíamos que unos cuantos togados plantearían cuestiones prejudiciales ante Europa en relación con los casos que les afectan (y están en su derecho). Pero, por ejemplo, se consideraba prácticamente “automático” el levantamiento de medidas cautelares mientras se resuelven esas cuestiones. Ni Llarena ni algunos otros se sienten concernidos por ese automatismo, de modo que Puigdemont y Junqueras pueden olvidarse de que se les restituyan de inmediato sus derechos. Lo cual (como saben perfectamente esos magistrados y fiscales) interfiere en la realidad política del Estado y de Cataluña tras las últimas elecciones en esta comunidad.

La última ficha en movimiento es la de los fiscales del procés, que se niegan a asumir la orden del fiscal general del Estado de aplicar la amnistía también para el delito de malversación salvo en casos de “enriquecimiento” (ver aquí). Han decidido estos fiscales que sí que hay enriquecimiento personal en el manejo de fondos públicos para el procés, aunque nadie conoce a nadie que a su vez sepa de la más mínima prueba que respalde tal tesis. De qué asombrarnos: se trata de los mismos fiscales que en los sucesos de octubre de 2017 no sólo vieron las ilegalidades e irregularidades que todos vimos, sino que además adivinaron rebelión (hasta Marchena tuvo que intervenir para bajar el listón a una sedición también discutible), y un golpe de Estado y unas dosis de violencia que ningún otro fiscal ni juez de ningún otro país ha percibido. Hacen buen equipo con el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a quien Suiza ha trasladado hace unos días ¡por tercera vez! que no ve terrorismo en el caso Tsunami (ver aquí).

En ningún caso son fiscales, ni jueces ni tribunales (por altos que sean o “patriotas” que se autodenominen) quienes pueden decidir que una ley es ilegal. Para eso están el Constitucional o las instancias europeas

Estos fiscales han provocado para este martes la reunión de la Junta de Fiscales de Sala de la que confían obtener un respaldo mayoritario en contra del fiscal general, que no tiene por qué hacerles caso según el Estatuto que regula el ministerio público. Pero de este modo se unen a la cacería contra Álvaro García Ortiz por haber hecho público un comunicado que desmontaba un bulo lanzado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, el inefable Miguel Ángel Rodríguez para defender al novio defraudador fiscal de la presidenta. Lo que hizo el fiscal general fue cumplir el punto 5 del artículo 4 del Estatuto, que recoge entre sus funciones la de “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”. Fueron precisamente la pareja de Ayuso, sus abogados y el gobierno de la Comunidad quienes se saltaron el secreto del sumario, pero no importa: todo parece encaminado para que el Tribunal Superior de Madrid eleve al Supremo una exposición razonada contra el fiscal general que, seguro, admitirá la sala segunda (la que preside Marchena, por supuesto). Como advertía Ignacio Escolar este sábado (ver aquí), el primer dimitido por el caso Gürtel fue el ministro de Justicia socialista Mariano Fernández Bermejo; el primer condenado fue el juez que lo destapó, Baltasar Garzón; el primer y único dimitido por las comisiones en mascarillas del hermano de Ayuso fue Pablo Casado; y buscan que el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso sea el fiscal general. El mundo al revés. O, mejor dicho, España como cortijo particular. Pero, hasta donde sabemos, García Ortiz no va a dimitir por haber desmentido un bulo, por mucho que insistan.

Mientras las derechas políticas y mediáticas acusan al Gobierno, aquí y ante Europa, de interferir en la justicia y violar la separación de poderes, la realidad es así de cruda: cinco años y cinco meses de bloqueo del Poder Judicial por parte del PP y un boicot indisimulado a la aplicación de la ley de amnistía por parte de un grupo elitista de jueces y fiscales. Y digo elitista porque comprobaremos en los próximos días y semanas que esa aplicación no encontrará problemas en las causas instruidas por decenas de juzgados y fiscalías que afectan a otros casi cuatro centenares de ciudadanos (profesores de colegios, policías, funcionarios, militantes independentistas, estudiantes…) que sin esta ley podrían en estas fechas estar ya encarcelados o camino de prisión, con el correspondiente nuevo “incendio” de Cataluña que tanto parecen añorar algunas voces de esas mismas derechas. De aquellos barros estos Alvises.

Al fondo de todo esto asoma una cuestión crucial: quién juzga la ley. Es así de simple y de trascendente para la democracia. Una ley aprobada por el Parlamento puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por considerarse inconstitucional, y puede también llevarse a los tribunales europeos por si estos advirtieran que se vulnera la legalidad de la Unión y sus tratados. Pero en ningún caso son fiscales, ni jueces ni tribunales (por altos que sean o “patriotas” que se autodenominen) quienes pueden decidir que una ley es ilegal (oxímoron obvio desde el punto de vista democrático). Esto vale para la amnistía y para cualquier otra ley tramitada, aprobada y publicada en el BOE. 

Estamos asistiendo a un atropello de la separación de poderes, sí, pero no en la dirección que tanto griterío provoca.