Que no se entere nadie…

Ya tiene Ayuso, una vez más, lo que quería: cámaras, portadas, la vara de mando en la oposición al “sanchismo”, Feijóo como boxeador sonado, Abascal adelantado por la derecha, y ella del brazo de Milei en esa guerra cultural armada con pseudomedios que pagamos entre todos, sembrando cada día la semilla iliberal, el desprecio a lo público, a lo común, el odio al diferente, para que finalmente cale en cualquier democracia el grito que triunfó en Argentina: ‘¡A la mierda todo, carajo!’ (menos ellos, claro).

Es cierto que tienen una coincidencia ideológica casi absoluta, pero en cualquier caso Ayuso es capaz de abrazarse a Milei o a Putin con tal de que no hablemos o escribamos sobre el fraude fiscal de su pareja o sobre la mortífera gestión política de las residencias en Madrid en los primeros meses de la pandemia. Ayuso se ríe de la oposición, del Gobierno y de su propio partido con la impunidad que le brinda una subvencionada batería mediática, pero también (y esto es clave) por la actuación (o pasividad) de la maquinaria judicial.

Disculpen la insistencia, pero es que lo que viene ocurriendo con un sector (muy poderoso) de la judicatura (ver aquí) es a mi juicio lo más grave y escandaloso para la salud del sistema democrático en varias décadas. No hay semana, ni día prácticamente, que no conozcamos decisiones, fallos o mensajes por parte de algunos jueces, fiscales y órganos del poder judicial que nos colocan entre la perplejidad y la indignación. A Montesquieu le daría un jamacuco si levantara la cabeza. (Y no precisamente por intromisiones del poder político o el legislativo en el judicial, sino al revés).

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, es conocida entre los lectores y suscriptores de infoLibre por su documentada constancia en la NO investigación de lo ocurrido en las residencias madrileñas y en las mentiras sostenidas desde esa fiscalía para explicar su (in)actuación (lean aquí a Manuel Rico). Inasequible al menor margen de duda, Lastra se ha negado a abrir cualquier nueva diligencia ni siquiera cuando la propia Ayuso justificó el Protocolo de la vergüenza con el argumento (falso) de que “mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía” (ver aquí) o ante los datos aportados en el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias (ver aquí).

La señora Lastra se ha esforzado bastante más a la hora de cuidar el caso de fraude fiscal que protagoniza el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. De hecho se ha mostrado más preocupada por la imagen del defraudador confeso que por la de su superior, el fiscal general del Estado. Lastra leyó y escuchó, como todo el mundo, las informaciones difundidas por el propio gobierno de la Comunidad de Madrid en las que se acusaba a la Fiscalía de maniobrar para impedir un acuerdo de conformidad con el defraudador que libraría a este de la cárcel. “Es falso, hay que desmentirlo”, le dijo Lastra a su jefe de prensa. Y también al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, cuando este ordenó al día siguiente difundir una nota para desmontar el bulo lanzado por el gabinete de Ayuso, la fiscal de Madrid se desmarcó para colocarse al frente de las críticas que han llevado a García Ortiz a sentarse en el banquillo por una supuesta revelación de secretos (ver aquí). Una vez más, el mundo al revés. En esa nota no se revelaba un solo dato que no fuera previamente conocido y que afectase a la intimidad del defraudador.

Ayuso es capaz de abrazarse a Milei o a Putin con tal de que no hablemos o escribamos sobre el fraude fiscal de su pareja o sobre la mortífera gestión política de las residencias

Ya lo advertimos aquí la semana pasada: lo que se está buscando es la dimisión o cese del fiscal general. Como sea. Con el apoyo explícito de esa mayoría conservadora de un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace cinco años y cinco meses. El mismo Consejo que no tiene nada que decir ante las decisiones alucinógenas que va tomando el juez Peinado, brazo ejecutor cargado de recortes de prensa en una persecución de Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, a quien no se le concreta de qué está acusada, lo que casa muy difícilmente con la presunción de inocencia o con el derecho de defensa. Más bien casa con una investigación “prospectiva” incompatible con el Estado de derecho.

Al hilo de la actuación de Peinado, o de otros jueces que anteriormente han abierto y mantenido causas que se han demostrado sin fundamento pero sí cargadas de consecuencias políticas (contra Podemos, contra Pablo Iglesias, contra Ada Colau o contra Mónica Oltra…), uno se pregunta de vez en cuando a qué se dedica la Comisión Disciplinaria del CGPJ (ver aquí). Este jueves hemos conocido una respuesta “ejemplar” a esa pregunta: la comisión ha decidido archivar el expediente abierto al magistrado Manuel Ruiz de Lara por haber publicado en Twitter (llámalo X) mensajes en los que definió a Pedro Sánchez como “psicópata sin límites éticos” o al ministro Bolaños como “siervo mentiroso patológico”. Cuatro de los siete miembros de esa comisión aprueban el informe del promotor de la acción disciplinaria (Ricardo Conde, apunten este nombre), que da carpetazo a su (supuesta) investigación porque dice que no ha quedado acreditado que el susodicho lanzara esos mensajes en su condición de juez (ver aquí).  Si el señor Conde se hubiera molestado en indagar un poquito nada más, habría comprobado que sí, que Ruiz de Lara (apunten ese nombre) se presentaba en X literalmente como “magistrado”, además de autor de una novela (ver aquí). 

Así que continuamos asistiendo por un lado a los juegos de despiste que con tanto desparpajo ejecuta Ayuso y por otro a una realidad mediático-judicial que condiciona gravemente la política. Eso sí: que a nadie se le ocurra plantear un debate a fondo sobre lo que ocurre con la justicia y lo que pasa en el ecosistema mediático, porque enseguida salen en procesión los supuestos defensores de la libertad de prensa o de la separación de poderes. Cuerpo a tierra.

P.D. Mientras tanto (que no se entere nadie), esta misma semana hemos sabido que se revisa al alza el crecimiento económico previsto para España; que Bruselas saca a nuestro país de la lista de incumplidores del déficit público en la que siguen Francia, Italia o Bélgica, entre otros (ver aquí); que el Congreso ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo, clave para desatascar otros 10.000 millones de los fondos de recuperación (ver aquí); o que se rebaja al O% el IVA del aceite de oliva... O que medio centenar de científicos asesorarán a partir de ahora a los ministerios en la toma de decisiones (ver aquí). Pero lo dicho: que no se entere nadie…