Pegasus o 'el que paga, espía'
Abro comillas:
“Mira, en primer lugar: es mentira eso de que el programa Pegasus sólo es accesible para Estados o gobiernos y sus servicios de inteligencia. Israel vende Pegasus a todo aquel que pueda pagarlo, siempre que no se trate de un enemigo declarado del Estado de Israel, ¿vale? Y no me atrevería yo a decir que Pegasus esté incluso ya en manos de algún adversario de los israelíes a pesar de esa declaración de intenciones.
Todo el mundo anda loco con el espionaje masivo o aleatorio (que es lo mismo) practicado por los Estados, sus servicios secretos o las megaempresas tecnológicas que en un momento dado entregan todos nuestros datos a quienes se lo exigen a cambio de no apretarles las tuercas en las prácticas fiscales y oligopólicas que ejercen. Esto no es de ahora, estaba en el origen del escándalo Wikileaks, después en el caso Snowden, y por ahí hasta hoy, desde mucho antes de ese principio y hasta el infinito y más allá… ¿Tú me entiendes?
Pero insisto: ¡claro que los Estados y sus agencias de espionaje manejan resortes por definición opacos, en teoría con el objetivo prioritario de defender los intereses de país! Es más, la legislación española encarga expresamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) preservar la integridad territorial y la estabilidad del sistema. Muy bien: ¿y quién ha decidido que decenas de activistas del independentismo ponían en peligro la integridad del Estado? ¿Quién dio las órdenes? ¿Acaso el ángel de la guarda del ministro del Interior Fernández Díaz (sin mando en plaza de inteligencia alguna) decidió que además de liarse a porrazos con ancianas catalanas aquel 1 de octubre convendría interceptar teléfonos de gente ya encarcelada o huida de España o incluso indultada tras las condenas por delitos que nadie más en Europa estimó demostrados?
Y lo que nos hemos encontrado este lunes para atragantarnos el desayuno es de aurora boreal: ¿nos enteramos ahora de que los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa fueron hackeados en mayo y junio del año pasado? Si me apuras, lo más grave no es que durante horas o días fueran espiadas las conversaciones y datos de Pedro Sánchez o Margarita Robles. Lo impresentable es que nuestros “vigilantes” se den cuenta un año más tarde.
¿Quién se hace responsable de las actividades de servicios de inteligencia encargados de defender la democracia con todas las armas (legales) de que dispongan?
Ahora todo dios se rasga las vestiduras, pero, en serio, ¿alguien se asombra ante la pregunta de quién vigila al vigilante? O dicho de otra forma: ¿quién se hace responsable de las actividades de servicios de inteligencia encargados de defender la democracia con todas las armas (legales) de que dispongan? (Ver aquí la sugerente reflexión de Bernardino León Reyes).
Digan lo que digan, anuncien lo que anuncien, la responsable del CNI tiene los días contados en el cargo. No porque en un momento dado haya existido un agujero por el que se hayan colado escuchas de ‘los malos’, sino por el hecho hasta ahora inédito de que un hackeo de tal calibre no haya sido detectado de inmediato, sino ¡un año después!
Del mismo modo que no tiene explicación razonable (ni legal) que más de sesenta políticos, activistas, periodistas o mediopensionistas más o menos implicados en el movimiento independentista catalán fueran espiados antes, durante y después de los sucesos de 2017, tampoco la tiene que los móviles del presidente del Gobierno y su ministra de Defensa fueran un libro abierto para… ¿quién? Si se sigue la pista de la agenda política de cada momento, es fácil caer en la tentación de acusar a Marruecos, porque en aquellas fechas (primavera y principios de verano de 2021) coincidía la atención sanitaria dispensada al dirigente del Polisario Brahim Ghali y la apertura insospechada de la frontera ceutí para que centenares de jóvenes y hasta niños entraran en territorio español engañados (ver aquí), ya fuera por el hambre (real) o por un encuentro de fútbol repleto de estrellas (falso).
Pero no deja de ser una deducción sin pruebas contundentes. Que Marruecos ha comprado y utilizado el Pegasus está documentado, no sólo para espiar a políticos sino también a periodistas, entre ellos al español Ignacio Cembrero (ver aquí) o a los franceses Edwy Plenel y Lénaïg Bredoux, de Mediapart, socio editorial de infoLibre (ver aquí). Sin embargo, ¿es totalmente descartable que el interés de quien encargó el espionaje fuera más económico que político? ¿Acaso no sabemos que hoy por hoy las prácticas más sofisticadas de espionaje se centran en el acceso a información empresarial, industrial, financiera o de negocios globales? ¿Qué o cuánto daría hoy mismo una multinacional o un multimillonario sin escrúpulos por conocer el contenido de las conversaciones entre Estados y grandes empresas para garantizar el flujo energético del próximo invierno?
Está bastante claro legalmente el reparto de responsabilidades en lo que se refiere a la investigación del espionaje: si afecta a cualquier administración o cargo público, es cosa del CNI, vía Centro Criptológico Nacional; si se trata de información de carácter militar, Defensa tiene su propia área dedicada exclusivamente a ello; y si un ciberataque o un hackeo se dirigen a ciudadanos o empresas privadas, es responsabilidad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). No le demos más vueltas. Que cada palo aguante su vela. Y en los casos de los que hablamos (independentismo, presidente del Gobierno y ministra de Defensa), es el CNI quien tiene que responder por acción o por omisión.
Entiendo que a estas alturas quepa la sospecha de que en España sigan funcionando las llamadas alcantarillas del Estado (ver aquí). Y comprendo también la eficacia de ese mensaje político que consiste en decirle al personal: ¡yo te protejo, no me preguntes cómo! Pero en lo que estamos conociendo estos últimos días no caben explicaciones tan simples. Nos estamos jugando, una vez más, la credibilidad del sistema. Si todo lo que está saliendo a media luz se hizo con cobertura judicial, no sé a qué esperan para hacer públicos todos los datos salvaguardando la intimidad de las personas afectadas. Si se puso en marcha una operación al estilo de la conocida como Policía patriótica, que inventó un golpe de Estado en Cataluña (ver aquí) para disimular la incompetencia absoluta del gobierno de turno… hágase la luz, caiga quien caiga. ¿O acaso alguien desde las estructuras del Estado decidió espiar a independentistas y a responsables políticos del Gobierno en mitad del proceso de diálogo entre el Govern y Moncloa para la concesión de los indultos a los condenados por sedición?
¡Pues claro que tienen que rodar algunas cabezas! Pero sobre todo lo que tendría que revisarse es la fórmula de control: quién vigila a los vigilantes en una democracia que merezca tal nombre”.
Cierro comillas.
P.D. Lo que antecede es un resumen que intenta ser fiel al contenido de conversaciones mantenidas este martes con un profesional (fiable) de los servicios de inteligencia, un miembro del Gobierno de coalición y un afectado por el espionaje a través del programa Pegasus.
