En Transición

Por el camino verde (III): El lío de la factura de la luz, o cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer

El precio que pagamos por la electricidad tiene poco que ver con lo que cuesta su producción. Sin embargo, su valor es central para cualquier actividad humana. De hecho, no hay forma mejor de conocer una sociedad que analizando sus flujos energéticos: dime dónde, cómo y cuándo consumes energía, y te diré qué tipo de sociedad eres. Quienes no pueden afrontar la factura de la luz de cada mes, lo saben bien. Por eso aquí hay que volver a Machado y recordar aquello de que sólo un necio confunde valor y precio.

Dos problemas: El del coste de la energía y el de los costes regulados

Es cierto que el asunto de la energía es cualquier cosa menos sencillo, especialmente el del sector eléctrico, y si alguien quiere profundizar en por qué se paga el precio que se paga, habrá de invertir unas cuantas horas en entender los detalles. Como ejemplo de buen ejercicio de pedagogía, este vídeo de Aimar Bretos en Hora 25 explica a las claras que el origen de todo el lío está en el ya famoso mercado marginalista, es decir, en el hecho de que la fuente de electricidad más cara marca el precio del conjunto de la energía que se consume... el día siguiente (y este detalle no es baladí).

Quien quiera adentrarse en conocer un poco más el asunto, le recomiendo ojear este informe de la Fundación Renovables donde explica cosas importantes. En primer lugar, que en la factura de la luz, el coste de la energía es el 41% y el otro 59% corresponde a lo que se llaman “costes regulados”, entre los que se encuentran conceptos como el pago de déficit por tarifa, el transporte, la prima de cogeneración y residuos no renovables, etc., todos ellos bastante cuestionables y discutibles. A la hora de plantearse qué hacer, debe preguntarse, por tanto, cómo actuar en cada uno de estos dos capítulos, el del coste de la energía y el de los costes regulados.

Desde el Gobierno se recuerda, y es cierto, que este sistema que llamamos marginalista es común a todos los países de la Unión Europea –implantado en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y ratificado por el Reglamento 2015/1222 de la Comisión Europea- y que, pese a los intentos de la vicepresidenta Teresa Ribera de que se replantee, carta incluida a Timmermans, los socios europeos no están dispuestos a mover ficha. El problema se ha agravado ahora, cuando el precio del gas, en manos de Rusia y Argelia, se ha disparado, empujando al alza al conjunto de fuentes de electricidad, y cuando los derechos de emisiones de CO2 se han convertido en un instrumento financiero más con el que especular que las empresas energéticas acaban repercutiendo en los consumidores finales. Esta es una parte del problema. Si le unimos lo obsoleto de algunos costes regulados, tendremos un mapa bastante aproximado de lo que está ocurriendo.

El contexto político: ¿Un pulso velado?

Conviene no olvidar que todo esto se produce en un momento en el que el Gobierno ha comenzado a tramitar una ley para eliminar los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas -unos 1.000 millones de euros anuales-, lo cual, como es normal, no ha sentado nada bien a empresas que están acostumbradas a ganar. Mucho y siempre.

Se podrá pensar que el asunto es que estas empresas están echando un pulso al Ejecutivo, y es muy probable que así sea, pero si lo están echando es porque el mecanismo lo permite. Si las hidroeléctricas ofertan hoy el precio más caro –cuando sus costes son de los menores-, es porque conocen cómo va a repercutir el incremento del precio de gas y de los derechos de emisión de CO2. El sistema, per se, favorece la especulación.

Para colmo, la tramitación de esta iniciativa como anteproyecto de ley está haciendo que los plazos se dilaten, dando todavía más margen a movimientos poco claros por parte de las eléctricas, como el vaciado repentino del embalse de Ricobayo en Zamora. Es en este contexto donde hay que situar las declaraciones de Teresa Ribera dejando caer la posibilidad de crear una estructura pública para ir recuperando las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo, y anunciando una investigación para ver qué está pasando con los desembalses repentinos. ¿Estamos asistiendo a un pulso entre el Gobierno y las hidroeléctricas? Parece evidente, y como recordaba Daniel Bastiero aquí hace unos días, ¿qué dicen las eléctricas de todo esto? Seguro que no soy la única a la que encantaría escuchar sus argumentos.

¿Qué hacer?

Así las cosas, un fenómeno que resta poder adquisitivo a las familias –más allá de las situaciones de pobreza energética, que sigue afectando al 10% de los hogares-, y competitividad a las empresas, debe considerarse prioritario y dedicarle máximos esfuerzos, tanto en la resolución como en su comunicación. Y mientras se sigue dando la pelea en Europa para acudir a la raíz del asunto, es urgente buscar otros mecanismos que sí entran en el margen de maniobra de los Estados, como lo muestra el hecho de que no todos los países de la Unión Europea tienen los mismos precios.

De toda la información que se está generando por parte de quienes conocen a fondo el sistema, se pueden distinguir medidas a corto, medio y largo plazo:

Medidas a corto plazo: Una de ellas la apunta este reciente informe del Banco de España, y consiste en intervenir en el mercado minorista, es decir, en el precio que nos cobra la empresa a la que contratamos nuestra electricidad, para que el la tarifa regulada, que es el sistema que tiene contratado el 40% de los consumidores domésticos, no refleje la variación de precios horaria, sino que lo haga mediante la media de los precios del trimestre anterior, evitando así la especulación del regateo diario, en un sistema semejante a como se hace en Reino Unido. Otra medida de efectos inmediatos, la bajada de algunos impuestos como el IVA, ya ha sido tomada, pero ha quedado amortizada por el subidón de los dos elementos clave: el precio del gas y el de los derechos de emisión de CO2.
Medidas a medio plazo: Las medidas a medio pasan por modificar ese sistema marginalista -por muy duro que resulte negociar en Europa-, que si bien podría tener algo de sentido cuando el conjunto de las energías tenían costes de producción similares, ahora, ante la disparidad entre unos y otros, no solo carece de lógica, sino que está generando enormes distorsiones en el mercado. No obstante, mientras se da la batalla en Bruselas, bien se puede empezar a sacar algunas de esas fuentes de electricidad del mecanismo de fijación de precios, como ocurre en Francia con la nuclear, y apostar, como apuntan numerosos expertos (aquí lo explica Natalia Fabra), por contratos a largo plazo de forma que la retribución que perciben las tecnologías con costes fijos altos no se vea alterada por las oscilaciones del precio del gas natural y otros combustibles fósiles, cuyo papel será cada vez más residual en el sistema eléctrico, pero que, de no modificarse el sistema, encarecerá el conjunto de energías generando una sobre-retribución en quienes nada tienen que ver ni con el gas ni con los derechos de emisión.
Medidas a largo plazo: La clave, no obstante, está en las medidas a largo plazo, y en que ese “largo plazo” sea lo más corto posible. En la situación actual, en contra de lo que algunos aducen culpando a la transición ecológica de este aumento de precio, acelerar la transición a lo verde incrementando el volumen de renovables sale mucho más barato al conjunto de la economía, al menos, por dos factores: en primer lugar, porque en la medida en que necesitemos menos gas –combustible fósil, como es conocido- su capacidad de incidir en el precio será menor, y nuestra dependencia de amigos tan poco amables como Rusia o Argelia menguará. Necesitamos imperiosamente poder prescindir del gas cuanto antes. En segundo lugar, porque el problema no es, como algunas voces interesadas están diciendo, que las renovables encarezcan el precio. Más bien al contrario, el problema es que no hay (aún) suficientes energías renovables y eso incrementa el volumen de energías que pagan derechos de emisión de CO2, instrumento que, hoy por hoy, es claramente especulativo.

Por supuesto que hay más factores, como el incremento del ahorro y la eficiencia, u otros elementos que considerar, pero lo fundamental consiste en regular un mercado que de por sí es complejo, en un momento de cambios rápidos y de temblores en las estructuras de uno de los grandes poderes económicos, el energético.

El lío de la transición ecológica, o cuando las diferencias entre la izquierda y la derecha importan

El mercado energético necesario para la transición ecológica no puede ser el mismo que el de la era de los combustibles fósiles. También estas empresas necesitan su transición, y necesitan hacerla ya. Entre otras cosas porque cuando el autoconsumo sea una realidad, su carácter de oligopolio perderá poder. No todo, desde luego, porque seguirán haciendo falta instalaciones más allá de las que cada cual tengamos en nuestras casas, o de las comunidades energéticas que ya empiezan a aparecer, pero una parte del pastel desparecerá. De ahí buena parte de sus temores y reacciones.

Nos encontramos en ese instante en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero si la determinación de todos los actores por impulsar la transición ecológica es proporcional a los aspavientos que han hecho al conocer el informe del IPCC, urge diseñar el mercado de la electricidad para la era de las renovables.

Ojo porque este tema –y no otros que protagonizan muchas portadas de periódicos– puede hacer un enorme daño al Gobierno, con notables dificultades para comunicar con claridad sus criterios y propuestas al respecto. Mientras, la derecha y la ultraderecha usan la situación como arma arrojadiza contra el Ejecutivo, conocedoras del eco que tiene en la mayoría de la población. No hay más que recordar la reacción de los chalecos amarillos en Francia para saber que una transición ecológica sin justicia no será posible. Justicia que necesita remover algunas de las estructuras de poder del viejo régimen. En este caso, del viejo régimen energético.

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