Mocejón, las horas más atroces de la ultraderecha

Desde que tuvimos noticia a primera hora del domingo del asesinato a puñaladas de un niño en Mocejón (Toledo), la ultraderecha española ha protagonizado sus horas más atroces. Su comportamiento sólo se puede calificar como políticamente oportunista, socialmente irresponsable, humanamente miserable y moralmente inaceptable. Desde el primer minuto decidieron rentabilizar el crimen de forma carroñera asociándolo falsamente a la inmigración.

El juez decidió decretar el secreto de sumario, algo habitual para facilitar la investigación: cuanto menos sepa el individuo fugado qué se conoce sobre él, más posibilidades tienen los cuerpos policiales de atraparle. Esto valió para alentar la conspiranoia del “algo nos ocultan”, también para empezar a cuestionar la actuación de la Guardia Civil. En la tarde del lunes el autor fue detenido. Se trataba de un joven de 20 años vinculado a la propia localidad que, según las informaciones en la mañana del martes, ha alegado problemas psiquiátricos.

Un joven de nacionalidad española, nacido en España, de origen europeo. ¿Importan estos datos a la hora de informar sobre un asesinato? Dejemos algo claro antes de continuar: el racismo consiste en atribuir características negativas a todo un grupo humano por su país de origen, su religión o su color de piel, es decir, deducir que cuando una persona comete un delito la culpa es atribuible a su origen, no a su responsabilidad individual. Por eso el periodismo dejó de informar sobre la identidad racial del delincuente.

¿Dejar de hacerlo ha dado pábulo a la conspiranoia?¿No informar sobre si el delincuente es extranjero ha dejado el camino libre a las cábalas de los incendiarios digitales?¿Volver a hacerlo les pondría el camino más fácil? Este es un debate que la profesión debería volver a tener puesto que el contexto ha cambiado radicalmente desde principios del siglo. La respuesta no es sencilla.

Lo que sí está claro es que aunque nada se sabía del autor del apuñalamiento, centenares de cuentas ultras, entre ellas las de sus principales agitadores, se lanzaron a afirmar sin pruebas que el asesino era de origen magrebí o bien a vincular lo sucedido con inmigrantes alojados en Mocejón. A la ultraderecha no le importaba lo más mínimo la víctima ni su familia, tampoco la verdad o la seguridad en nuestro país. A la ultraderecha lo único que le importaba era sacar rédito al cuerpo de un crío.

A primera hora del sábado, en Otero, un pueblo de la misma provincia, un hombre asesinó a tiros a una chica de 17 años e hirió de gravedad a su madre, con quien mantenía una relación sentimental. La policía, que investiga el delito como un crimen machista, consiguió detener al hombre a las pocas horas. Sobre este suceso los ultras permanecieron callados, algo que debería dejarnos claro que la sangre sólo les vale si puede alimentar su máquina de rencor y mentiras.

El eurodiputado Alvise Pérez, líder de SALF, escribió a las 14:59 del domingo: “4 apuñalamientos en Cataluña, el asesinato de un niño de 10 años a puñaladas en Toledo, nuevos cayucos en Tenerife… ¿Habéis normalizado ya que os violen, asesinen y roben, o seguís siendo nazis?” Pasadas las seis de la tarde escribía, atribuyendo sus invenciones a los vecinos de Mocejón: “El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años”.

Los tuits de Pérez se difundieron ampliamente, igual que otro escrito por Unai Cano, un presunto periodista de La Gaceta, donde decía que “hace diez años, estas noticias hubiesen parado el país, ahora se empiezan a normalizar. Camino de un Estado fallido”. En el canal de Telegram de Pérez, sus seguidores captaron rápidamente el mensaje, hablando de deportaciones masivas, salir de cacería o incendiar mezquitas.

Cuentas de simpatizantes de Vox publicaron montajes donde se aludía a la regularización especial de inmigrantes que el Congreso aprobó a mediados de junio. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona del PP, escribió un interesado tuit donde afirmaba haber visto en un ferry a varios jóvenes marroquíes camino de la península, “lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después” remató.

Una vez que se quebranta la ética, se pisotea la verdad y comienza la rapiña, caen hasta las normas más elementales. El portavoz de la familia, primo de la víctima, fue acosado tras pedir que no se criminalizara a nadie por “por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia”. Incluso se llegaron a publicar fotos suyas con niños africanos, como si eso fuera algún tipo de prueba de cargo.

La ultraderecha ha utilizado desde siempre la inmigración como uno de sus principales ejes ideológicos. Hace unas décadas, sin demasiado éxito, afirmaba que los extranjeros quitaban el trabajo a los españoles, para años después pasar a vincular el fenómeno migratorio a la delincuencia. La diferencia es que hoy cuentan con una enorme potencia de difusión de su mensaje a través de lo digital.

Desde hace unos meses los ultras han recrudecido su campaña en torno a la inseguridad. Sus intoxicadores digitales publican sin descanso vídeos de robos, agresiones o cualquier situación violenta y chocante para atribuir su protagonismo a inmigrantes, especialmente menores magrebíes, sea o no cierta. La orgía de odio es tan intensa como continua.

Para los ultras, la migración o la seguridad no son asuntos de la agenda pública, sino maneras de crear conflicto para poder imponer un programa autoritario

Los tiempos políticos importan en esta historia. La intensificación del mensaje ultra sobre la inseguridad ha sucedido tras la aprobación de la ley de amnistía, también tras las elecciones europeas, es decir, cuando la legislatura tiene posibilidades de ser larga tras fracasar los intentos mediáticos y judiciales por hacer descarrilar al Gobierno surgido de las urnas hace un año.

Los ultras necesitan acrecentar la sensación de inseguridad para crear un clima de miedo y caos, de manera muy similar a lo que ha sucedido en Reino Unido este pasado julio, cuando tras el asesinato de tres niñas se desató una ola de disturbios. El primer ministro Keir Starmer afirmó que "esto no son protestas. Es matonismo organizado y violento, y no tiene cabida en nuestras calles ni en internet". Si en los últimos otoños la extrema derecha española intentó instrumentalizar a camioneros y agricultores para incendiar las calles, esta vez el epígrafe elegido es la inseguridad vinculada a la inmigración.

La red social X, antes conocida como Twitter, fue una de las principales herramientas utilizadas por la extrema derecha británica para difundir las mentiras racistas que precedieron a los disturbios. En España sucede lo mismo. Su dueño, Elon Musk, tomó posición sin ningún pudor al escribir que una guerra civil en Reino Unido era inevitable. Lo inevitable, sin duda, es que la agenda ultra consiga notoriedad cuando la red de Musk promociona mensajes de odio y desinformación constante mediante su algoritmo.

La situación es preocupante y debería ser tratada como un asunto prioritario a nivel europeo. Se está permitiendo sin mayor responsabilidad que una empresa de comunicación fomente campañas cuyo objetivo es la subversión del sistema democrático. Para los ultras, la migración o la seguridad no son asuntos de la agenda pública, sino maneras de crear conflicto para poder imponer un programa autoritario. Resulta paradójico que las autoridades de la UE tomen medidas frente a la amenaza de desestabilización rusa, pero sean incapaces de actuar contra quien anticipa una guerra civil.

Toda la manipulación que la extrema derecha realiza sobre la inseguridad nos puede llevar, sin embargo, a cometer un error grave. Que los ultras magnifiquen un problema no significa que ese problema sea inexistente. España es un país seguro, con respecto a lo que era hace unas décadas y en relación a los países de su entorno. Lo cuál no implica que sea igual de seguro en todas partes. Además, contradiciendo el lugar común, nuestro código penal es especialmente duro con los delitos más violentos.

La cuestión es que la izquierda no suele hablar sobre seguridad pública, dejando vía libre a las derechas para que acaparen el tema. La seguridad pública es un concepto eminentemente progresista, ya que marca que cualquier ciudadano, independientemente de su clase social, tiene derecho a llevar una vida tranquila que no se vea turbada por la delincuencia. Una relación confusa entre seguridad y conservadurismo provoca que la izquierda siempre actúe replegada en este tema.

Nos esperan meses difíciles. Tarde o temprano algún inmigrante cometerá un delito de gravedad. Será entonces cuando los ultras aprovechen para buscar su noche de los cristales rotos. En este artículo hay unas cuántas claves para evitarla. Se requiere, eso sí, decisión y firmeza. Por mucho menos, desde activistas a humoristas de izquierdas se sentaron en la Audiencia Nacional.