Cuál es el problema de los jueces

No es sencillo que un país cuente con un buen sistema judicial. Para ello, en primer lugar, hace falta una inversión sostenida en recursos humanos y materiales que permita a la justicia actuar en un tiempo razonable con una capilaridad óptima por todo el territorio. También que todo el personal que interviene en el proceso cuente con una formación constante y adecuada.

Se debe garantizar la independencia de los jueces de presiones políticas, pero también de actores privados como el poder económico. Los propios jueces deben actuar de manera profesional, es decir, manteniendo imparcialidad en relación a los casos que juzgan. Lo mismo se espera de fiscales y abogados.

Por último es necesario que la justicia sea accesible para todos. Por un lado respecto a los recursos de los que disponga el ciudadano para afrontar un procedimiento, por otro respecto al acceso a la carrera judicial. La justicia cumplirá mejor su cometido si quien la imparte representa de manera equilibrada a la sociedad que le encarga esa misión.

En España la justicia tiene algunos problemas evidentes. No siempre cuenta con los recursos adecuados ni actúa en un tiempo idóneo. También, como en cualquier país capitalista y a pesar del turno de oficio, quien dispone de mayores recursos puede acceder, a priori, a una mejor defensa de sus intereses. Además existe un claro sesgo de clase en el acceso a las profesiones jurídicas.

Incluso teniendo en cuenta estas dificultades, en España contamos con un buen sistema de justicia. Desde luego en comparación con países en vías de desarrollo, pero también con otros países punteros, como por ejemplo Estados Unidos, donde los impedimentos económicos y de clase son mucho más marcados. 

Según el estudio Los españoles y la Justicia, encargado por el CGPJ a Metroscopia en 2021, el 68% de los consultados cree que “con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos”.

Sin embargo, no son todas estas cuestiones las que han situado a la justicia española en el centro del debate en los últimos años, justo los que coinciden con el ejercicio del Gobierno progresista, sino una que podríamos calificar como profundamente ideológica: la creencia, por parte de algunos jueces, de que su papel es el de servir de freno a unos poderes legislativo y ejecutivo que, pese a haber surgido de las urnas, no consideran válidos.

Decíamos en esta misma publicación en octubre de 2022: “Si el poder judicial vela por el cumplimiento de la legalidad de las acciones de gobierno y parlamento, siendo su contrapeso, en esta legislatura se ha constituido en una suerte de tercera cámara de validación para impedir o ralentizar la aprobación de las leyes y, en todo caso, participar del clima prefabricado para tachar al actual Ejecutivo de ilegítimo”.

A finales del pasado año, el juez Eloy Velasco realizó unas declaraciones, en una conferencia sobre derecho y empresa, donde criticaba a la exministra Irene Montero, por haberles dado lecciones a raíz de la ley del sólo sí es sí “desde su cajero de Mercadona”, en referencia al antiguo empleo de la líder de Podemos. Tras la indignación despertada, el Poder Judicial abrió una investigación sobre estas palabras.

En la misma conferencia, Velasco, juez de la Audiencia Nacional, afirmó también que: “cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones [PSOE] para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones [PP], tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”.

El pasado lunes 10 de febrero, el Partido Popular organizó unas jornadas con jueces y fiscales en el Congreso tituladas “Contra la impunidad”. En ellas, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, declaró que “la aritmética parlamentaria es la que manda, las matemáticas son así, yo me fui a letras por eso, porque nunca traen nada bueno... nos llevan a un acuerdo de investidura”.

Tenemos así a dos jueces muy relevantes expresando una idea muy similar: la de que este Gobierno no es del todo legítimo e incluso, más allá, que la mayoría parlamentaria que nombró al presidente no es deseable. Este no es un análisis sobre la motivación de sus acciones, como el que realicé en octubre de 2022, sino que son dos magistrados de peso pronunciándose pública y libremente sobre el valor de dos poderes del Estado, de manera coincidente en un breve lapso de tiempo.

Tenemos así a dos jueces muy relevantes expresando una idea muy similar: la de que este Gobierno no es del todo legítimo e incluso, más allá, que la mayoría parlamentaria que nombró al presidente no es deseable

Está claro que la opinión de dos miembros de un colectivo, por muy importantes que sean, no implica la representación de su totalidad, pero, puesto que tampoco ha habido voces en contra desde la judicatura, como ciudadanos tenemos el derecho a preguntarnos si las opiniones de Velasco y Del Barco han hecho público lo que unos cuantos jueces piensan en privado: que la democracia pierde vigencia en función de su resultado.

Esta postura, que hace unos párrafos he calificado de profundamente ideológica, no es precisamente nueva, sino que lleva intentando frenar el desarrollo de la democracia desde hace 250 años. Este regresismo, por cierto, está extraordinariamente documentado en el ya clásico El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech, donde se repasan los numerosos intentos de las clases dirigentes por modular, cuando no amputar, la emancipación común frente a la servidumbre.

Desconozco si estos dos jueces son conscientes del significado profundo de sus palabras, pero lo que nos están viniendo a decir es que nuestra autonomía como ciudadanos para tomar decisiones políticas, expresadas mediante el voto, es inferior a la de las clases dirigentes, privadas e institucionales, que saben lo que nos conviene. Así de sencillo y así de triste.

El asunto no es sólo si los jueces actúan de acuerdo a la ley, algo que se les supone, sino si algunos de ellos piensan que además de togados desempeñan otro papel, más cercano al de guardianes de un determinado orden que permanece inalterable frente al tiempo, al progreso y al poder de las mayorías.