Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado, el efecto de aniquilación que la legislación del Partido Popular provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción. A la desaparición de los “presuntos corruptos”, que por una norma tan estúpida como delatora del que la dicta ya no se les puede llamar así, sino “investigados”, término aséptico que pretende encubrir las “presuntas” acciones delictivas, se suma la acotación en el tiempo de las investigaciones, de manera que si no se resuelve la instrucción del caso en el tiempo fijado, se archiva y la causa queda sin juzgar. La excusa para crear este espacio de impunidad fue primar la presunción de inocencia.
Como ya anunciaban muchos juristas, si no se dota de medios a los jueces es imposible que ante la complejidad de los casos de corrupción, pergeñados por expertos en la cuestión, cuya instrucción requiere de peritajes, informes de expertos, entrega por parte de la administración de la información solicitada, comisiones rogatorias a otros países, seguimiento del dinero por el laberinto de cuentas y sociedades interpuestas, identificación de testaferros y así hasta el infinito, si no se agiliza la investigación con dotación de medios materiales y humanos, decía, es imposible establecer la duración de una instrucción, por lo que tal medida sólo parece perseguir que los casos investigados queden impunes.
Al promulgar la medida de esta defensa del ciudadano contra la implacable e inmisericorde acción de la justicia con los “investigados”, se pretendía hacer creer al votante que se trataba de una acción encuadrable en los “derechos humanos”, en la protección del individuo frente a la máquina de la burocracia, aséptica e inmisericorde. Lo hacían por romanticismo. Por compasión.
Uno se pregunta: ¿Esta medida específica a quién ampara?¿Quién se encuentra implicado en casos complejos donde a la justicia no le es posible llegar porque el diseño del entramado para delinquir se adentra en cloacas que se pierden en el más allá?
Como suele hacer este aparato siempre bien engrasado, antes de aprobar tan repugnante medida distribuyó la consigna entre sus portavoces, y así lo manifiestan al unísono y de forma reiterada cada vez que tienen ocasión, de que las investigaciones en marcha no debían dilatarse en el tiempo porque generaban una situación de injusticia que perjudicaba al “investigado” en su día a día, minando su salud psíquica y su derecho al honor.
Sorprende esta insistencia en la necesidad moral de abreviar los procesos porque es precisamente el Gobierno, en sus diferentes formas, el que se niega a colaborar con los jueces en las distintas causas abiertas que le afectan y de alguna de ellas, como en el caso Gürtel, su partido, el Partido Popular, ha tenido que ser expulsado como acusación popular por los innumerables intentos de sabotear la instrucción, mientras su líder, el presidente del Gobierno, pide levantando el dedo índice de su mano derecha que se deje actuar a la justicia, cuando con la izquierda enviaba el célebre mensaje: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo que podemos? ¿En un caso que está en manos de la justicia? ¿No habíamos quedado en que había que dejar actuar a los jueces?. Este “hacemos lo que podemos” tal vez tenga que ver con las numerosas visitas que el ex diputado del PP Trías Sagnier hizo al juez Pedreira cuando investigaba el caso Gürtel, según él mismo cuenta, y que culminaron con un mensaje que el propio juez, siempre siguiendo la versión del diputado del PP, envió al actual presidente del Gobierno: “Dile por favor, si puedes, a Mariano Rajoy que me deje en paz, que quiero llevar esta instrucción tranquilo”. “Hacemos lo que podemos”. ¿Es o no es impresentable el tema?
Además, al utilizar el plural “hacemos”, el mensaje pierde el sentido que el propio presidente quería darle y deja de ser una comunicación de un amigo a otro deseándole suerte para convertirse en el recado que le envía el representante de un colectivo o, si se prefiere, de un grupo organizado, lo que coloquialmente se denomina “banda”.
No se colabora con la justicia rompiendo discos duros. No se colabora con la justicia oponiéndose a entregar la documentación requerida. No se colabora con la justicia destruyendo documentos. No se colabora con la justicia negándose a enviar los peritos que se solicitan a diferentes ministerios, o enviando técnicos que están contaminados con la causa. No se colabora con la justicia negándose a enviar refuerzos a los juzgados cuando la complejidad del caso lo requiere. No se colabora con la justicia cuando un abogado del Estado se pone de parte de la defensa del presunto corrupto en contra de los intereses de la Administración. No se colabora con la justicia cuando el fiscal recibe órdenes del superior jerárquico para retirar la acusación en contra de su criterio. No se colabora con la justicia emitiendo informes desde la Administración que resultan insultantes, como el del caso Nóos, en el que desde el ministerio de Montoro se describía a la infanta Cristina como una ciudadana ejemplar respecto a sus obligaciones con Hacienda. ¿Podrían hacer pública su especial forma de tributar, junto con el programa padre, para que todos los ciudadanos lo hagan de la misma manera? No se colabora con la justicia cuando el portavoz de justicia del partido del Gobierno (Federico Trillo) llama prevaricador al juez instructor (Baltasar Garzón) de un caso que le compete. No se colabora con la justicia cuando esos investigados que han tenido responsabilidades públicas, al llegar la ansiada vista en la que van a demostrar su inocencia, se niegan a responder a las preguntas de la acusación. No se colabora con la justicia cuando se promete luchar contra la corrupción y al mismo tiempo se paga la defensa del presunto corrupto. No se colabora con la justicia cuando se afirma que los corruptos son casos aislados y luego se prepara una defensa única como si de una organización mafiosa se tratara. No se colabora con la justicia cuando se convoca una rueda de prensa con la presencia de la plana mayor de un partido, que hoy nos gobierna gracias al voto de los españoles y la abstención del principal partido de la oposición, afirmando que existe una trama corrupta en el seno de la judicatura para perjudicar al PP, llevada a cabo por la policía nacional, la policía judicial, la Guardia Civil y demás agentes del Estado que participaron en la investigación de la mayor trama de corrupción que han conocido los españoles. No se colabora con la justicia cuando se blinda con aforamientos a personas que están siendo investigadas. No se colabora con la justicia cuando se bloquea la renovación de las instituciones judiciales desde el poder político por intereses ajenos a los de la propia justicia. No se colabora con la justicia cuando se pone al frente del Tribunal Constitucional a un militante del partido del Gobierno. No se colabora con la justicia cuando para la renovación de los órganos de control de la judicatura se imponen magistrados afines ideológicamente frente a cualquier otra consideración o mérito. No se colabora con la justicia cuando se consienten las presiones a jueces que tienen que abandonar sus investigaciones sin recibir amparo del Consejo General del Poder Judicial (en el caso Fabra nueve jueces abandonaron su investigación y pidieron el traslado). No se colabora con la justicia cuando desde la Audiencia de Castellón se presiona al juez de Nules para que cierre una investigación por cohecho, según denuncia el propio juez. No se colabora con la justicia cuando se sanciona o acosa a los funcionarios que denuncian casos de corrupción. No se colabora con la justicia cuando se sanciona a los policías que han tomado parte en las investigaciones de casos de corrupción. Ninguno de los policías que han tenido que ver con investigaciones de casos de corrupción relacionados con el Partido Popular sigue en su puesto.
El Gobierno no colabora con la justicia, sólo se preocupa de ponerla a su servicio a través de nombramientos de magistrados ultraconservadores en los puestos de control, así como al frente de las salas donde van a ser juzgados sus compañeros, que a día de hoy se cuentan por centenares. Sólo en los 31 principales casos de corrupción que afectan al PP hay imputados nada más y nada menos que 831 miembros del partido que nos gobierna.
Es de suponer que estos “investigados”, al enterarse del archivo de la causa en la que estaba implicado el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por haberse agotado el tiempo de seis meses en el que la instrucción debería quedar resuelta, estarán maldiciendo su suerte por no poder acceder a esta medida chollo que les liberaría de tener que dar explicaciones a todos los españoles enfrentándose a la justicia. Con este precedente, no sería de extrañar que empecemos a escuchar detonaciones pirotécnicas por toda la geografía española de cargos políticos que al ver que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal empieza a dar sus frutos, se sientan liberados de esa pesada carga que supone estar sometidos al imperio de ley y se dediquen a tirar cohetes encendiéndolos con la brasa del puro.
Aquí lo único que no es presunto es la pasta que desaparece para volver a aparecer en lugares insólitos, como el altillo del armario de los suegros. Lo único que no es presunto ni lo será es la devolución de dinero sustraído, eso podemos darlo por hecho, no podemos confundir a los “presuntos inocentes” con “presuntos gilipollas”. Puede parecer que ambos términos son sinónimos, pero no, para nada.
Esta reforma de la ley de enjuiciamiento puede convertirse, como se sospechaba, en una ley de amnistía para muchos de los “presuntos”. Las dotaciones que se prometieron para conseguir que esta reforma no mute en una ley de punto final, ni están ni se las espera.
Da la impresión de que esta cruzada que el Gobierno ha comenzado contra la corrupción, más que causar un efecto disuasorio, va a causar un “efecto llamada”. Robar desde las instituciones sale gratis. Los corruptos de todo el mundo pueden ver en esta original y simpática idea un espejo en el que mirarse. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? Basta con acotar el periodo de instrucción para que el caso quede si resolver.
A lo mejor sí que se le había ocurrido antes a algún chorizo de guante blanco, pero no había tenido la jeta de proponerlo y, menos aún, de aprobarlo. “Spain is diferent”, y ya se sabe: A grandes males, grandes remedios.
Debe de ser el síndrome de Estocolmo: Les votan para que les sigan robando.
Lo malo son los daños colaterales, también nos roban a los que nos indignamos con estos Soprano de la política.
Y los jueces que callan... ¿por qué callan?
Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado, el efecto de aniquilación que la legislación del Partido Popular provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción. A la desaparición de los “presuntos corruptos”, que por una norma tan estúpida como delatora del que la dicta ya no se les puede llamar así, sino “investigados”, término aséptico que pretende encubrir las “presuntas” acciones delictivas, se suma la acotación en el tiempo de las investigaciones, de manera que si no se resuelve la instrucción del caso en el tiempo fijado, se archiva y la causa queda sin juzgar. La excusa para crear este espacio de impunidad fue primar la presunción de inocencia.