Policía política (II)

Cuando escribo este artículo Ignacio Cosidó sigue en su puesto de director general de la Policía. Si esperamos la dignidad, el respeto a las instituciones y a las reglas del juego exigibles a cualquier gobierno democrático por parte del Partido Popular, lo haremos en vano.

El señor Cosidó manifestó en un programa de televisión que la presencia de Podemos constituye una amenaza para la democracia, que lleva el germen de la violencia y que defiende el proyecto que ha llevado adelante ETA. A muchos les parecerá una broma, pero este señor sancionó a un comisario, Telesforo Rubio, porque en una entrevista concedida a el diario El País ya en 2014, con motivo del décimo aniversario del atentado del 11-M, aseguró que “tras llevar a cabo todo tipo de investigaciones e interrogar a más de 120 etarras no encontraron vínculo alguno de ETA con el atentado”. Telesforo Rubio era entonces comisario general de Información. Relató las conclusiones de la investigación que llevó a cabo la policía acerca del atentado y esto le valió una sanción por parte de su jefe. Ya había sido perseguido por el Partido Popular, primero desde la oposición y luego desde el Gobierno, por no plegarse a sus tesis conspirativas con motivo de aquella masacre que fue el 11-M.

Diez años después de perpetrarse el mayor atentado de  la historia de nuestro país, con el resultado de 192 muertos, el partido del Gobierno, que dice representar en exclusiva a las víctimas del terrorismo y que utiliza y manipula a algunas de sus asociaciones políticamente para atacar a sus rivales, el partido que hoy nos gobierna desde la corrupción y la indecencia de los cientos de casos “aislados” que tienen cuentas pendientes con la Justicia –indecencia personificada en el actual presidente del Gobierno con su envío de mensajes de apoyo a Bárcenas tras denunciarle como corrupto en el Congreso de los Diputados, estafando a la institución que representa, así como a toda la ciudadanía–, el Partido Popular, decía, continúa tergiversando, todavía hoy, la verdad de lo ocurrido aquel día y mantiene la versión perversa que relata lo sucedido como una maniobra política en la que estarían detrás del atentado miembros de la Policía, la Guardia Civil, el Ejército y destacados líderes del PSOE para desbancarles del poder y que Zapatero ganara las elecciones.

Hay que recordar que el señor Cosidó ya tenía en el punto de mira a Telesforo Rubio por su proximidad al PSOE, con el que colaboró en la elaboración de su programa de seguridad de cara a las elecciones de 2004.

En la comisión del Congreso que se creó con motivo del atentado del 11-M, el PP cuestionó la independencia del comisario Rubio por su acercamiento al PSOE sin haber llegado a ser nunca militante, y se le interrogó sobre si había ido alguna vez a la sede de Ferraz, y también se le preguntó si se había reunido alguna vez con algún diputado que no estuviera en la cadena del Ministerio de Interior lo que, desde su punto de vista, anulaba la neutralidad exigible para el cargo. Suponía, según su saber y entender, una incompatibilidad manifiesta para el puesto que ostentaba. Al negarse a responder, a instancias del presidente de la comisión, que entendía que esas eran preguntas de ámbito personal que se salían del objeto de la comisión, los diputados del PP Juan Ignacio del Burgo y Vicente Martínez Pujalte montaron en cólera entre gritos de “manipulación”.

Sorprende el criterio de independencia y neutralidad que exigen los diputados del PP cuando están en la oposición porque, antes de ser director general de la Policía, el señor Cosidó fue senador y diputado por el Partido Popular, amén de tener diferentes cargos complementarios. También colabora con el Grupo de Estudios Estratégicos de dicho partido. Que Dios nos pille confesados ante las estrategias que surjan de esas mentes.

¿Cuál fue la excusa para sancionar a este comisario? No haber pedido permiso para efectuar dichas declaraciones amparándose en una normativa que obliga a ello antes de “hablar a la prensa de casos abiertos o sin resolver”, o “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial”. Es difícil entender la aplicación de esa norma en un caso ya sentenciado por la Audiencia Nacional y ratificado por el  Tribunal Constitucional. No hizo más que citar lo ya sabido y reflejado en dichas sentencias. Además, llevó a cabo la entrevista como representante sindical de la Policía, lo que le eximía de tal permiso. Los jueces anularon esta absurda sanción revanchista de los que todavía quieren desenterrar y reivindicar la “teoría de la conspiración”, persiguiendo a los que no colaboraron en su día con dicha estrategia política cuando los cadáveres se apilaban en los centros de reconocimiento. No pierden el tiempo ni les tiembla el pulso. Ni la voz.

También se le abrió una investigación interna con motivo de su separación matrimonial, que fue denunciada por los sindicatos de la Policía por improcedente.

Este señor Cosidó, que representa a la legalidad vigente y que, como otros que ha nombrado el Partido Popular, parece estar al servicio de dicho partido en lugar de trabajar para los ciudadanos que le pagan el sueldo, destituyó nada más llegar al cargo a responsables de la Policía del mando antiterrorista que no comulgaban con las tesis conspiratorias que pretendían deslegitimar el resultado electoral posterior al atentado, así como a los principales responsables de las investigaciones de casos de corrupción que afectaban al PP, entre ellos, por su puesto, el de la Gürtel. Así operan este tipo de políticos sectarios que tienen permanentemente en la boca a Nicolás Maduro. Son hechos inadmisibles a pesar del depauperado estado en el que se encuentra el Estado de Derecho.

Intentó también en vano Cosidó tapar la investigación del caso del ático de Ignacio González y, según declaraciones del comisario José Villarejo, presionó para que se cerrara la investigación: un angelito, y nunca mejor dicho porque pertenece a ese grupo que encabeza su jefe, Jorge Fernández Díaz, de ultrarreligiosos de moral laxa e ideología de la caverna.

Esta política que ya es habitual en nuestros días de utilización de las instituciones a favor del partido que gobierna debería ser inexistente, o al menos clandestina, como cuando se elaboró el informe contra Podemos de forma anónima desde la Policía que dio origen a cuatro querellas por parte de Manos Limpias, algo insólito salvo en regímenes totalitarios como aquellos de los que dice abominar el señor Cosidó. Es sencillo imaginar quién puede estar detrás de ordenar dicha falacia, ya que en su intervención televisiva sostuvo tesis idénticas a las conclusiones del libelo elaborado por la Policía. Su salida en televisión actuando como hooligan de partidohooligan es una vergüenza que delata el carácter antidemocrático del señor en cuestión y de su política policial.

El director general de la Policía debería saber que, al referirse a Podemos, habla de un partido con representación parlamentaria, que opera dentro de la legalidad vigente, y que su obligación, desde el cargo que ostenta, es proteger y defender sus acciones dentro del marco de la ley.

Si encuentra algo que no encaje con estas premisas, tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades judiciales en su condición de policía. De no ser así, como hombre honrado que debería ser quien ostenta un cargo de tamaña responsabilidad y tan sensible, tiene que abandonar su puesto por incumplir la misión que le encomienda la sociedad a través del nombramiento que lleva a cabo el Gobierno que, suponemos, estará escribiendo en estos momentos su cese fulminante. Desde su condición de ciudadano, ahora sí, podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinar que el partido al que pertenece es el culmen de la honradez, mientras sus rivales en estas elecciones son un peligro para la democracia por, desde su punto de vista, tener en su ADN de partido extremista la intención, en caso de ganar las elecciones, de realizar prácticas antidemocráticas como las que él mismo lleva a cabo desde su puesto de director general de la Policía.

Gran contradicción la de el que nos previene y abomina de aquello a lo que él mismo nos somete y condena.

Muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, asisten estupefactos a esta perversión de la democracia, entendiendo gran parte de los desmanes que sufrimos cada día al ver cómo la separación de poderes del Estado es una filfa ante la intromisión del partido del Gobierno en las instituciones judiciales y policiales que deberían velar por la seguridad y la estabilidad de todos; también, señor Cosidó, de Podemos como partido y de sus votantes. Es usted el que se manifiesta como un radical extremista al servicio de actitudes antidemocráticas.

Mientras, todavía algunos pretenden una gran alianza que contemple la presencia de este partido en el Gobierno, con la sola condición de la exclusión de Mariano Rajoy. Manda huevos.

Espero que el señor Sánchez y su aliado indisoluble no nos condenen otra legislatura a padecer esta peste heredada de aquellos tiempos de dictadura y totalitarismo cuyos responsables siguen presidiendo con sus nombres calles y plazas de nuestro país.

Tiempo de fariseos

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No es cuestión baladí.

Yo me siento amenazado con esta tropa amoral al frente de las instituciones. Personalmente, ya que el señor Fabra me amenazó desde la cárcel, así como en lo que concierne a mis conciudadanos que están en el ojo de mira del poder por ejercer derechos constitucionales, como son la libertad de expresión o la Libertad sin más, con mayúsculas, derecho que nadie nos va a arrebatar.

O sí.