Las noticias queman, los titulares arden, la gente, y esto es muy grave en una democracia, no se fía de la justicia y con razón si vemos que en los tribunales más altos de nuestro país cada vez se habla menos de leyes y más de política. Si las puertas giratorias entre lo público y lo privado eran preocupantes, las que van de lo ideológico a lo jurídico dan pánico. Y entonces surgen las dudas y las preguntas.
La gente tiene derecho a preguntarse cómo es que al tal Aldama, que está imputado por un fraude de ciento veinte millones de euros, lo liberan porque jura que tiene material susceptible de derribar a ese Gobierno que dice el portavoz del PP que hay que tumbar por cualquier medio, y cuando se hacen públicos siete contratos que él aseguraba que había firmado el exministro Ábalos a cambio de una comisión, resulta que este sólo era titular de Transportes cuando se formalizó uno de los proyectos, que dos nunca llegaron ni a licitarse y otros dos los gestionó un alcalde de Santander del mismo Partido Popular. ¿Y la rueda sigue girando a su favor?
La gente tiene derecho a preguntarse por qué la Justicia corre tanto para liberar al propio Aldama o perseguir a la esposa y el hermano del presidente Sánchez, a este último atribuyéndole un enriquecimiento que nunca tuvo, y sin embargo no ha llegado nunca a investigar las muertes en las residencias de Madrid, un delito que, de considerarse que se hubiera producido va a prescribir; ni sentará muy probablemente en el banquillo a Mazón por el abandono de sus responsabilidades durante la dana, una cosa y la otra porque me temo que nuestro código penal no reconoce ese tipo de delitos y, como mucho, atiende la petición de indemnizaciones.
La gente tiene igualmente derecho a preguntarse por qué en Valencia el Gobierno central invierte dieciséis mil millones de euros y la Generalitat cuatrocientos, mientras, eso sí, cambia las reglas para abrir la posibilidad de subir el sueldo a los miembros del gabinete y le pone uno suculento al general encargado de la reconstrucción, cuyas declaraciones, a más de cuarenta días de la riada mortal, son desalentadoras: “Si no sé lo que tengo que hacer, no puedo saber cuánto costará”.
La gente tiene derecho a preguntarse por qué la Justicia corre tanto para liberar al propio Aldama o perseguir a la esposa y el hermano del presidente Sánchez y sin embargo no ha llegado nunca a investigar las muertes en las residencias de Madrid
La gente está en su derecho de preguntarse por los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con Quirón, que en la última década con el PP en el poder ha multiplicado por seis los pacientes que capta de la Seguridad Social, porque esos negocios se pagan en gran parte con dinero público: de hecho, acaba de aprobarse el pago de ciento catorce millones de euros a la Fundación Jiménez Díaz, que es parte de ese grupo, por estas actividades durante 2022. Pero claro, ¿quién le va a pedir explicaciones a la lideresa que amparó una mayoría absoluta? No será Núñez Feijóo, que dice que “quienes cometan presuntos delitos” deben dimitir pero ni pío de Ana Millán, vicepresidenta primera de la Asamblea regional, mano derecha de la propia Ayuso e imputada por cuatro presuntos delitos de corrupción. Es ese Núñez Feijóo que se avergüenza de que España no estuviera representada en la reapertura de Notre Dame -algo que, efectivamente, es raro-, pero no dice nada de que Ayuso recorte la financiación del Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, que en los nuevos presupuestos de la Comunidad de Madrid dejarán de tener partidas nominativas para optar a subvenciones públicas mediante concurso y bajo la definición,, que ya lo dice todo, de “iconos turísticos”. Es también ese Núñez Feijóo que pronosticaba una catástrofe financiera para España y criticaba de injusto e innecesario el impuesto especial a la banca pero no dice nada de que vayamos a crecer mucho más que el resto de las naciones de Europa ni de que las ganancias de las entidades que él consideraba en peligro batan todas sus marcas: un cuarenta por ciento más de beneficios para el Sabadell, un veintinueve para BBVA, un veinticinco para Caixabank, un dieciséis para el Santander, un trece para Bankinter…
Son algunos ejemplos de que mucha gente tiene muchas razones para sentir que nos quieren engañar. Que se lo pregunten a las y los valencianos.
Las noticias queman, los titulares arden, la gente, y esto es muy grave en una democracia, no se fía de la justicia y con razón si vemos que en los tribunales más altos de nuestro país cada vez se habla menos de leyes y más de política. Si las puertas giratorias entre lo público y lo privado eran preocupantes, las que van de lo ideológico a lo jurídico dan pánico. Y entonces surgen las dudas y las preguntas.