Dos mil días de bloqueo y una trinchera de vocales que vulneran desde hace demasiado tiempo su obligación de neutralidad son dos buenas razones para poner límite a la reforma del CGPJ. Las elecciones europeas eran la última parada para impulsar definitivamente la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y ya estamos ahí. El PP se niega a reunirse con el PSOE para hablar de la negociación, pero sí acepta una cita a tres bandas. Para cumplir la ley y como enésima excusa, puso a Europa de mediador tras dos legislaturas de bloqueo –la de 2018 y la que comenzó en 2019–. La extravagancia de externalizar el mandato constitucional a Bruselas respondía a la estrategia de ganar tiempo, evadir su responsabilidad y –emulando a Carles Puigdemont– llevar a las instituciones europeas el mensaje del incumplimiento del Estado de Derecho en España.
Jugar esta baza en Bruselas puede acabar costando al PP una derrota. Después de desgastar al comisario de Justicia, Didier Reynders, le toca ahora el turno a la sucesora Vera Jourová. La vicepresidenta ha asumido el expediente español y el PP no puede retirarse de esa mesa aunque quiera, él mismo la convocó. Tampoco ha podido colocar la idea de que una ley aprobada por su gobierno ha funcionado durante tres décadas y no sirve cuando están en la oposición. El anterior comisario llegó siempre a la misma conclusión: primero la renovación y después negociar una ley. Pero a Reynders tampoco le hicieron caso.
El desgaste y el coste del bloqueo es material y democrático. Cada año se acumulan cientos de expedientes, retrasos en la aplicación de la Justicia que sufren los ciudadanos. Hay Salas del Supremo que no se pueden formar al completo, con un 30% de plazas sin cubrir, y decenas de magistrados –también conservadores, como sus colegas del CGPJ– esperan turno para su promoción y ascenso. Los informes de calidad democrática de los 27 apuntan cómo va calando en la sociedad el desgaste en la credibilidad de la independencia judicial.
La herencia que van a dejar los vocales conservadores atrincherados, volcados en el barro contra el Gobierno, con opiniones políticas en comunicados judiciales, es un deterioro que costará años recomponer
El PSOE tiene la obligación de renovar el CGPJ. Una fórmula legal con mayoría parlamentaria, incluídos PNV y Junts, pasaría por el filtro europeo como lo hizo la propuesta del cambio de mayorías que no gustó en Bruselas. El PP intentará acusar al Gobierno de asalto. Pero está sobre la mesa la propuesta del actual presidente en funciones, Vicente Guilarte, letrado conservador que llegó al consejo promocionado por Mariano Rajoy. Guilarte intentó mediar y ya ha anunciado su salida para este verano. Antes ha dejado su iniciativa. Retirar ‘el juguete’ del Poder Judicial limitando las competencias para los nombramientos en los altos cargos judiciales. El “intercambio” de cromos, como lo ha calificado, pasa por colocar a los afines en el Supremo. Si se elimina el reparto, se pierden incentivos. Los progresistas ponen muchos matices a esta propuesta. Entre otros, más allá de los méritos, incluir mecanismos para compensar el sesgo ideológico de la judicatura, donde 3 de 4 asociaciones son conservadoras, frente a una sociedad más progresista que la composición de sus tribunales de justicia.
El secuestro del PP y los vocales conservadores pasó por encima de la dimisión de Carlos Lesmes y está a punto de hacerlo por el actual, Vicente Guilarte. Es posible que el ultimátum no sea efectivo pero puede dejar a Esteban González Pons sin argumentos frente a sus colegas europeos. El último Barómetro de la Justicia elaborado por la Comisión Europea alerta de la percepción ciudadana de la existencia de “presiones políticas” a los jueces. No habla de presiones del Gobierno, dice políticas. Y una pérdida de credibilidad en el Poder Judicial socava la utilidad de la institución. La herencia que van a dejar los vocales conservadores atrincherados, volcados en el barro contra el Gobierno, con opiniones políticas en comunicados judiciales, es un deterioro que costará años recomponer. No está escrito cuánto durará la legislatura y es muy probable que sea Europa, árbitro interpuesto por el PP, quien no permita que el secuestro continúe in aeternum. Tras dos presidentes del Poder Judicial, cinco años de bloqueo, los populares no podrán pasar también por encima del mandato europeo.
Dos mil días de bloqueo y una trinchera de vocales que vulneran desde hace demasiado tiempo su obligación de neutralidad son dos buenas razones para poner límite a la reforma del CGPJ. Las elecciones europeas eran la última parada para impulsar definitivamente la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y ya estamos ahí. El PP se niega a reunirse con el PSOE para hablar de la negociación, pero sí acepta una cita a tres bandas. Para cumplir la ley y como enésima excusa, puso a Europa de mediador tras dos legislaturas de bloqueo –la de 2018 y la que comenzó en 2019–. La extravagancia de externalizar el mandato constitucional a Bruselas respondía a la estrategia de ganar tiempo, evadir su responsabilidad y –emulando a Carles Puigdemont– llevar a las instituciones europeas el mensaje del incumplimiento del Estado de Derecho en España.