MAR y su dificultad para contar la verdad
La previsible llegada de Óscar López a la secretaría general del PSOE de Madrid deja preparado el terreno para una batalla política con Isabel Díaz Ayuso de igual a igual. El anterior jefe de Gabinete de La Moncloa conoce bien la política madrileña. El trío Sánchez-López-Hernando (Antonio Hernando, en la secretaría de Estado) eran, en el argot de Ferraz, los ‘chicos de Pepe Blanco’ cuando el gallego pilotaba el partido y Alfredo Pérez Rubalcaba heredó después al trío de jóvenes socialistas que operó desde distintos cargos en la política autonómica y municipal. López conoce las claves del aguirrismo mutadas ahora en ayusismo, mismo tipo de gestión, con persecución y destrucción del adversario y el uso de las instituciones para beneficio de Ayuso, el de su liderazgo y sus causas.
La citación como testigo de Miguel Ángel Rodríguez le coloca en una encrucijada. La filtración del primer correo disparó la cadena de verificación para corregir una información tergiversada y, por tanto, falsa. El comunicado del Fiscal General del Estado se publicó en base a los estatutos del ministerio fiscal y su obligación de emitir información veraz que afecte a la institución. La Fiscalía no había ofrecido un pacto, fue Alberto González Amador quien lo pidió. Difundir lo contrario era mentir sobre una causa judicial ya en curso. Una falsedad que se sumaba a la de Isabel Díaz Ayuso cuando llegó a decir que Hacienda debía dinero a su pareja.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vio delito de revelación de secretos donde el Supremo no lo ve. El comunicado asumido por Álvaro García Ortiz utilizó el contenido de un correo entre la fiscalía y el abogado de la defensa para desmentir el bulo. No hay revelación porque todo el contenido estaba publicado. El Supremo no se quedó ahí e hizo que la causa pasara a ser otra. Investigar quién lo filtró a los medios, un hecho que no se denunció previamente. Y no el primer correo, publicado por tres medios conservadores, sino el segundo. Ese primer mail también contiene datos personales, pero como no hay denuncia, no hay investigación y el Supremo –aunque lo pidiera la defensa del Fiscal General– no parece por la labor de ligar uno con otro, por más que sean eslabones inseparables.
Miguel Ángel Rodríguez tiene muchas dificultades para decir la verdad el 8 de enero sin que la investigación le acabe implicando. Y el Supremo tiene otro dilema; si no encuentra el correo humeante de un funcionario a un periodista, tendrá que forzar su doctrina sobre revelación de secretos
Si MAR reconoce ante el juez que filtró el primer correo estaría confesando que ayudaba a la pareja de Ayuso en su defensa en el ejercicio de su cargo. Por mucho menos el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a la asesora de La Moncloa en la causa que afecta a Begoña. Si le preguntan por las gestiones que como jefe de Gabinete hace en esta causa, también estaría obligado a contarlo; y si se le pregunta por si tiene conocimiento de que la mano derecha de Ayuso, el senador Alfonso Serrano, se reunió con la pareja de la presidenta madrileña pocas horas después de querellarse contra la Fiscalía para tratar asuntos de su defensa, tendrá que aclararlo. Un uso de recursos públicos que a MAR le puede costar ocultar y esquivar en su declaración.
Todo forma parte de la misma causa. La que Ayuso convirtió en política haciéndose cargo de la versión de su pareja desde el atril de la Comunidad de Madrid. Y si se hizo cargo en público, por qué no iba a hacerlo su equipo de gobierno. Con la causa penal de su pareja y la investigación del Supremo al fiscal general, la presidenta de Madrid lo ocupa todo, incluido el espacio del PP nacional. A estas alturas, siguen hablando de un ‘ciudadano particular’ cuando hasta el Supremo ha entrado en la politización de lleno y podría cambiar su jurisprudencia en materia de revelación de secretos.
La causa nunca debió llegar tan lejos. Se delata el alto tribunal con diligencias desproporcionadas y abusivas, como ocho horas de registro en el despacho de la máxima autoridad de la fiscalía en activo –se esté de acuerdo o no con que siga al frente–. Si el Supremo asume que se trata de un ciudadano particular, él filtró primero y en el segundo correo los datos que se hacen públicos ya estaban publicados en medios. Si entiende, como debería ser, que se trata de una persona políticamente expuesta, según la doctrina europea e incluso la nacional, la información revelada tiene un carácter público indiscutible.
Miguel Ángel Rodríguez tiene muchas dificultades para decir la verdad el 8 de enero sin que la investigación le acabe implicando. Y el Supremo tiene otro dilema; si no encuentra el correo humeante de un funcionario a un periodista, tendrá que forzar su doctrina sobre revelación de secretos si se pretende mantener imputado y condenar al fiscal general. Y tendrá que tratar como persona particular a quien es pareja de un alto cargo público. Esto también sentará un precedente, aunque el alto tribunal esté dispuesto a cambiarlo según el caso.
