¡Insostenible!

La educación en la Comunidad de Madrid: una nueva oportunidad perdida

Miguel Jiménez Blasco | Juan Antonio Jiménez Sánchez

Estamos con menos gasto en educación que hace diez años, lo mismo ocurre en sanidad, dependencia, pensiones, cobertura de desempleo y otros. Los servicios sociales cada vez son más escasos y restringidos. Por otro lado, suben las tasas académicas en la universidad y Formación Profesional (FP), se generaliza y profundiza el repago sanitario. Como consecuencia, aumentan los beneficios empresariales al tiempo que cada vez es mayor la diferencia entre los más ricos y el resto de la ciudadanía. Todo esto es debido a una política neoliberal consciente, continua y deliberada que usa la crisis como coartada. En este artículo analizaremos el caso de la educación en la Comunidad de Madrid, donde la crisis ha provocado la reducción de los salarios reales directos, mediante un fuertísimo incremento del paro y un empeoramiento de las condiciones laborales y también una reducción de los salarios indirectos con la degradación sistemática y continua de pilares fundamentales de la política de bienestar social como son, entre otros, sanidad, dependencia y educación.

La educación está transferida a las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, por lo que la política seguida en cada una de ellas hace que haya grandes diferencias en modelos y esfuerzos. Actualmente el gasto en educación con respecto al PIB está en un 4% como media, lejos del 7% que mayoritariamente reivindican sindicatos de clase y partidos de izquierda. El caso de la Comunidad de Madrid es significativo, pues siendo una de las comunidades más “ricas”, sin embargo es la que gasta menos por alumno[1]. Es por ello que analizamos sus presupuestos por ser un ejemplo de la política neoliberal más extrema. El dato anterior se une a otros, como que es la comunidad que menos porcentaje de su PIB dedica a educación, un 2,1%, frente al País Vasco que dedica un 5% (el mayor porcentaje en España).

 

Algunas de las características del modelo madrileño, observadas a través del análisis de los presupuestos del presente año (2017) son:

 

  • Alto porcentaje de fracaso.
  • Abandono de los grupos con mayores dificultades de aprendizaje.
  • Operaciones de marketing con escaso contenido social (excelencia, bilingüismo, dual, etc). 
  • Política activa de privatización y abandono de la enseñanza pública.
  • Dificultades para la participación y diálogo real con la comunidad educativa, salvo los colectivos empresariales, principalmente ligados a la Iglesia católica. Soporte, por activa o pasiva, de los centros privado-concertados con ideología segregadora (sexo, origen, etc).
  • Desgravaciones fiscales para las familias que llevan a sus hijos a los centros privados[2].
  • Ignorancia de la situación de los jóvenes y desempleados, siendo que la necesidad de FP no se atiende al no poder recibir formación de forma gratuita (se han presupuestado 9.000 becas para estudiar en centros exclusivamente privados, aún así se quedarán sin poder estudiar sin ayuda alguna un número de solicitantes que puede llegar a duplicar el de las becas). La oferta en centros públicos se ha recortado los últimos años con el consiguiente aumento de plazas en la enseñanza privada libre o concertada. En Madrid, más del 45% de los alumnos estudian en centros privados[3].[3]
  • Cobro de tasas (400€) por matricularse en un Ciclo Superior (en la mayoría de las comunidades que se cobraba ya han sido eliminadas). A todo lo anterior hay que añadir la falta de coordinación entre formación y empleo, además de la ausencia casi total de formación profesional para el empleo.

Presupuestos en educación para 2018

Tras un recorrido por la Ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 observamos un recorrido continuista. Se sigue con su política neoliberal y privatizadora en educación, el exiguo incremento en términos monetarios prácticamente está un punto por encima de la inflación y debajo del crecimiento del PIB de Madrid (3,4%) del año 2107, con lo que el gasto en educación se queda con las mismas carencias que en 2017. Lo dicho para los presupuestos de 2017 vale para el año 2018.

Hay que resaltar cómo la partida dedicada a educación compensatoria, por ejemplo, queda prácticamente congelada, por lo que de seguir el modelo año tras año, acabará por afectar cada vez más negativamente a los alumnos con mayores dificultades. Esto, en un marco de crecimiento económico y de crecimiento del número de alumnos. Refuerzan un modelo cada vez más segregador.

El proceso de la privatización de la enseñanza hace que desde el curso 2014/15 hasta el curso 2016/17 el porcentaje de la enseñanza pública haya pasado del 55,2% al 54,8%.

Se podría pensar que las familias (padres y alumnos) eligen o prefieren la enseñanza privada-concertada o privada, pero es constante el caso de familias que no pueden elegir un centro público bien porque no lo hay en la zona o, por ejemplo, porque como en el caso de la FP, no pueden obtenerla en un centro público al no haber suficiente oferta.[4]

Aunque aumenta la dotación para construcciones, el abandono durante estos últimos años de las inversiones en tal sentido, en obra nueva y en gastos de mantenimiento, hacen que simplemente se vaya acercando tímidamente a lo que debería haber sido, aunque evidentemente quedándose muy lejos. En muchos de los nuevos desarrollos urbanísticos de la comunidad sólo se han construido centros educativos privados con los que se ha concertado, además en muchos casos con un carácter muy sesgado en su ideario en torno ciertas tendencias dentro de la Iglesia católica.

Además uno de los efectos de la privatización es el traslado a las familias de parte de los gastos de educación pues lleva incluido, en muchos casos, el pago de determinadas cantidades en los centros privados-concertados[5]. De 2008 a 2016 el gasto en educación por familia en la Comunidad de Madrid ha pasado de 478 euros a 678 según refleja la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE.

 

En el gráfico anterior se observa cómo la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma en que las familias dedican más recursos a la educación y esto, unido al dato de que es la que menos gasta por alumno, hace sospechar que los presupuestos no reflejan con claridad los esfuerzos de la ciudadanía para conseguir una educación. Las administraciones trasladan los gastos a las familias en un seguimiento a pies juntillas de las teorías más neoliberales.

Creemos que el derecho a la educación y formación (incluimos universidad y FP) debe tener una calidad mínima en todo el territorio nacional. Debería de estar asegurado que cualquier ciudadano, en cualquier punto de España, tenga los mismos derechos garantizados tanto legalmente como de hecho y eso incluye un gasto mínimo por alumno cercano al que tiene, por ejemplo, el País Vasco. En Madrid se gasta aproximadamente un 50% menos por alumno que en el País Vasco. Además habrían de coordinarse las enseñanzas profesionales en todo el territorio nacional y en la Comunidad de Madrid incrementarse la oferta de la misma teniendo en cuenta que hay una tasa de paro alarmante entre los jóvenes menores de 35 años. La formación en sí misma no genera el empleo, pero es condición necesaria para generar empleo de calidad además de una necesidad personal de un gran número de ciudadanos.

No estamos en contra de las competencias de las comunidades autónomas, sino que hay que blindar los servicios sociales en todo el territorio español para que todos tengamos los mismos derechos a la educación sin que esto implique merma de sus competencias. _______________Miguel Jiménez Blasco y Juan Antonio Jiménez Sánchez son catedráticos de Educación Secundaria.

  [1] http://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-marcando-educativo-Madrid-Euskadi_0_681032100.html

29/8/2017. Madrid y Andalucía invierten en educación por cada alumno la mitad que Euskadi.

[2] Se establece una deducción por las cantidades satisfechas por el contribuyente por gastos de escolaridad (15%), adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar (5%) y enseñanza de idiomas (10%) para sus descendientes hasta un máximo de deducción de 900 euros por cada estudiante. *Esta deducción será aplicable a los contribuyentes cuya renta familiar no exceda del resultado de multiplicar por 30.000 euros el número de miembros de la unidad familiar. (IRPF 2016)

[3] http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3D30+Pr+Datos+y+Cifras+1617_interactivo.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925305707&ssbinary=true

Datos y cifras de la educación 2016/17. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. ISBN: 978-84-451-3598-3

España es el sexto país de la UE con mayor segregación en las aulas por motivos socioeconómicos

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[4]Comunicado del área de Educación de Madrid. Podemos. 3 de julio de 2017.

http://www.elboletin.com/noticia/151998/nacional/denuncian-que-miles-de-alumnos-se-quedan-sin-plaza-de-fp-en-la-comunidad-de-madrid.html

[5] http://www.20minutos.es/noticia/3168514/0/hogares-madrilenos-gasto-educacion-crisis/

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