7291 muertos en busca de autor
En la inmortal obra de Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor, un grupo de personas irrumpen en un escenario donde se está ensayando una obra teatral y piden que alguien escriba o represente el drama que han vivido. Los actores pasan a ser secundarios y los seis personajes que se han subido a las tablas se convierten en protagonistas. Según sus biógrafos, Pirandello dedicaba las mañanas de los domingos a dar audiencia a los que serían los personajes de sus futuras obras. Todos le pedían insistentemente: "¡Hágame vivir!"
Sería una tarea imposible, además de un espectáculo insoportable, representar y revivir sobre un enorme escenario todo lo acontecido en torno a las 7291 personas fallecidas en las residencias de mayores según las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid. Ningún director de escena sería capaz de abordarlo. Todos los fallecidos ni siquiera pudieron disponer de una muerte digna.
Es innegable que la pandemia sorprendió a todo el mundo, en su amplio sentido literal, sin disponer de los instrumentos necesarios para hacer frente a sus mortales efectos y tratar de paliarlos. Los recursos indispensables: respiradores, mascarillas, guantes, equipos de protección individual (EPI) eran precarios y notoriamente insuficientes. Como se refleja en una reciente denuncia presentada en la Fiscalía Superior de Madrid: “los residentes enfermos y/o con discapacidad también fueron discriminados y no recibieron asistencia sanitaria en los hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado). Es relevante conocer quién decidió excluirlos y por qué no fueron derivados a las camas libres que la sanidad privada ponía a diario a disposición de la Consejería de Sanidad”.
Por mucho que se empeñen los dirigentes políticos madrileños, con la complicidad y apoyo de su batería mediática, los 7291 muertos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid permanecerán siempre en el recuerdo. Su voz, apagada por la muerte, resuena con más intensidad en la memoria de sus familiares y las personas que vivieron de cerca la tragedia. Los representantes políticos que gobiernan la Comunidad de Madrid no han cumplido con los principios de transparencia y responsabilidad que exige una sociedad democrática. Por el contrario, han ofendido la sensibilidad y el dolor de los familiares, acusándoles de querer revivir el sufrimiento y obtener réditos políticos.
Los Protocolos que se pusieron en marcha para decidir de forma selectiva qué residentes podrían ser derivados a los hospitales y cuales deberían permanecer en las Residencias (ver aquí) no tienen parangón ni referencia en el resto de las Comunidades Autónomas. Si como sostienen los responsables políticos eran las acertadas, no tendrán ningún inconveniente en hacer públicas las actas de las sesiones en las que se discutieron las medidas que debían adoptarse. Estas medidas, que se plasmaron en los cuatro Protocolos (18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020) son documentos que constituyen un indestructible monumento a la discriminación médica, jurídica, económica y humana.
Por mucho que se empeñen los dirigentes políticos madrileños, los 7291 muertos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid permanecerán siempre en el recuerdo
En síntesis, los criterios que se fijaron para derivar a un hospital a los residentes con infecciones respiratorias impedían el traslado de aquellas personas que tuviesen problemas de movilidad y de valerse por sí mismas para asearse o alimentarse o con procesos neurovegetativos avanzados sin ninguna otra patología. Para la mayoría de las personas que, como es lógico, desconocen los índices científicos que se utilizaron (Barthel y GDS), me parece conveniente explicárselos utilizando a personajes de la vida real. Stephen Hawking, aquejado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), físico y astrofísico mundialmente reconocido que trabajó hasta su muerte, o políticos como Ronald Reagan, Adolfo Suárez o el Presidente de los EE. UU Franklin D. Roosevelt, no habrían podido ser derivados a un hospital, salvo que tuvieran un seguro privado que se hiciese cargo de los gastos.
Los datos de la población que estaba acogida en las Residencias en esos momentos eran aproximadamente de 48.200 personas. Lo único cierto y evidente era que el número de camas hospitalarias entre la sanidad pública y la privada era más que suficiente para hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse. La fatídica cifra de 7291 muertos es un dato oficial. También los es que el 65% de los pacientes derivados pudieron salvar la vida. Proyectando ese porcentaje sobre la cifra de muertes, según el Profesor Fernando Lamata, se podían haber salvado unas 4000 vidas.
Los familiares, aisladamente o agrupados en colectivos como Marea de Residencias o Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, han llamado a todas las puertas posibles. Iniciaron un periplo por los juzgados penales denunciando posibles delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Todas sus peticiones fueron rechazadas con el apoyo de la Fiscalía salvo unas pocas que todavía siguen abiertas. Acudieron al Defensor del Pueblo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenó la medicalización de las Residencias, decisión que fue recurrida por la Comunidad de Madrid y que no tuvo efecto alguno. Decididos a agotar todos los caminos, acudieron a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, presidida por la parlamentaria del PP Dolors Montserrat, que displicentemente consideró que existían otras prioridades. Renovado el Parlamento europeo, lo han vuelto a intentar, veremos con qué éxito.
Recientemente, apoyados en el extraordinario trabajo del periodista Manuel Rico, han presentado en la Fiscalía una denuncia que será muy difícil de ignorar o de orillar. En mi larga vida profesional nunca me he encontrado un documento tan potente jurídicamente y tan minuciosamente descriptivo de la tragedia que se vivió en las Residencias. Creo que han encontrado el camino seguro para abrir las vías judiciales, hasta ahora tan reacias a involucrarse en un asunto de tal magnitud y repercusión política. Con documentos irrefutables sostienen que ha existido un delito continuado contra los derechos fundamentales por haberse omitido la prestación de un servicio público de trascendencia vital que se deniega de forma discriminatoria por razones de enfermedad o discapacidad (Artículo 511 del Código Penal).
Como se dice en la denuncia presentada, el Gobierno de la Comunidad tenía a su disposición los médicos y enfermeras con los que podía haber medicalizado las residencias
La apertura de un procedimiento judicial permitirá comprobar la existencia de una toma de decisiones políticas que evidencian que la Comunidad de Madrid actuó priorizando intereses propagandísticos y económicos frente a medidas que eran ineludibles si se quería salvar el mayor numero de vidas posibles de las personas que vivían en las residencias. Solicitan que se aporten las actas de las reuniones mantenidas por las autoridades sanitarias con los representantes de los hospitales públicos y privados entre el 3 de marzo y el 5 de julio de 2020.Es un dato constatable que la Comunidad de Madrid estableció, el 12 de marzo, un mando único sanitario por el que la Consejería de Sanidad pasaba a tener el control sobre los 34 hospitales públicos y los 68 hospitales privados de la región. Así lo explicó la Presidenta madrileña en la Asamblea, el 29 de abril de 2020.
Una de las medidas clave, pasaba por la medicalización de las residencias. Como se dice en la denuncia presentada, el Gobierno de la Comunidad tenía a su disposición los médicos y enfermeras con los que podía haber medicalizado las residencias (la mayoría trabajaban en las Urgencias de Atención Primaria que cerraron con el estado de alarma), pero prefirió destinarlos al ‘hospital milagro’ de IFEMA y a los hoteles medicalizados. La Consejería de Sanidad no reforzó las residencias con ningún médico ni enfermero en marzo, mientras que en abril envió a 29 médicos y 25 enfermeros. Teniendo en cuenta que en las residencias madrileñas vivían unas 48.200 personas, la “medicalización” de Sanidad consistió en reforzar las residencias con un médico por cada 1.662 residentes. Por el contrario, envió 1.421 médicos y enfermeros al hospital de campaña de IFEMA y 351 a los catorce hoteles medicalizados. En definitiva, destinó un 3% de los médicos y enfermeros disponibles a las residencias y el 97% a recursos sanitarios donde vetó la entrada de residentes, salvo los que tuviesen seguro privado.
En medio del funcionamiento de una Comisión de Investigación acordada por la Asamblea, la Presidenta disuelve la legislatura y convoca elecciones en las que obtiene la mayoría absoluta. Ese resultado debería dar lugar a una reflexión colectiva. En todo caso, la frase que utilizó para contestar a la oposición (“Se iban a morir igual”) la perseguirá durante toda su vida. Los 7291 conciudadanos que murieron en condiciones indignas nos piden que sus sufrimientos no caigan en el olvido.
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José Antonio Martín Pallin es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).
