Las afganas, invisibles
Diez segundos. Según las investigaciones de Microsoft, ese es el límite medio de nuestra paciencia cuando no se carga una página en internet. Menos que la memoria de un pez. Las TIC, con su inmenso aporte de información, tienen como uno de sus efectos haber potenciado la dificultad de mantener la atención. En realidad, como sostienen especialistas como los neuropsicólogos Portellano y García Alba, lo que disminuye es la denominada atención focalizada, esto es, “la que mantiene el interés en un estímulo de modo continuado”. Al mismo tiempo, parece que aumenta la atención multitarea, “que nos permite prestar interés de forma simultánea a varios estímulos” (cfr. Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria, 2014). Por lo que se refiere al impacto de las TIC en lo que podríamos llamar la "atención colectiva", estudios como los de los físicos estadísticos de los laboratorios Hewlett-Packard de Palo Alto, Fang Wu y B. A. Huberman, sostienen que el tiempo medio hasta que una noticia se evapora es de menos de 70 minutos.
En realidad, sin necesidad de esas investigaciones, casi todos sabemos que, hoy, la atención prioritaria a noticias que no nos afecten directamente se ha vuelto extremadamente volátil. Y como hoy, según me gusta recordar, vivimos bajo el imperio de una nueva modalidad del principio que imaginó el obispo irlandés Berkeley, esse est percipi (ser es ser percibido), la conclusión es que, para la opinión pública, lo que deja de estar bajo el foco en los medios de comunicación —no digamos en las redes—, no existe.
Todo esto viene a cuento del manto de invisibilidad que pareciera haber caído, para la opinión pública internacional, sobre la situación que padecen las mujeres y niñas afganas bajo el régimen fundamentalista talibán. Una situación que ganó la atención de esa opinión pública durante unas pocas semanas, en el verano del año pasado, que ahora parece tan lejano. El derrumbamiento del gobierno de Afganistán sostenido por los EEUU y sus aliados y la toma del poder absoluto por los fanáticos talibán, una vez consumada la retirada vergonzosa, dio paso durante un corto período a las operaciones de evacuación de una parte del personal que había colaborado con las potencias occidentales y con el régimen de Kabul. Italia y España, por ejemplo, realizaron esa evacuación de forma ejemplar, rápida y eficaz, y todos asistimos a imágenes emocionantes de su llegada en aviones militares al aeropuerto de Torrejón. Pero el compromiso europeo no llegó a más.
Esa terrible situación no ha dejado de empeorar, de modo que, según el Global Women, Peace and Security Index, editado por el GIWPS (Gergetown Institute for Women, Peace and Security) Afganistán es hoy el país más peligroso para las mujeres y niñas. Por su parte, un informe conjunto de varios Relatores especiales de la ONU sostiene que el régimen talibán trata de borrar a las mujeres y niñas del espacio público, mediante una sistemática discriminación que incluye prácticas de violencia.
Recordemos: el 15 de agosto de 2021, los talibán suprimieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), y restablecieron el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (sic), a la par que abolieron todas las disposiciones legales adoptadas para proteger los derechos de las mujeres. El régimen talibán ha hecho de Afganistán uno de los países con más alta tasa de mortalidad infantil. Cientos de mujeres mueren por falta de tratamiento médico elemental durante su embarazo. Otro botón de muestra: mientras que antes de la caída del régimen los matrimonios forzados de niñas menores de 15 años no llegaban al 9%, e incluso los de menores de 18 años no alcanzaban el 35%, hoy, el fanatismo y la pobreza han multiplicado hasta un 500% esa práctica de matrimonios forzados de menores.
Sin duda, la atención de la opinión pública está centrada ahora en la mayor diáspora forzada que hemos conocido en Europa desde la Segunda Guerra mundial, el éxodo obligado de ciudadanos ucranianos —sobre todo, mujeres y niños—, que ha superado ya los cuatro millones de personas y frente al cual la UE ha reaccionado con generosidad y rapidez, mediante la activación del mecanismo previsto en la Directiva de Protección Temporal 2001/55/CE, que los Estados miembros han debido desarrollar para su aplicación. Ha de destacarse, sin la menor duda, la generosidad y prontitud con la que el Gobierno español implementó de inmediato la puesta en práctica de un sistema de acogida eficaz, que ha sido elogiado por todos los socios europeos y por instituciones como ACNUR. Pero, aunque debemos reconocer el carácter enormemente positivo de esa respuesta, llama poderosamente la atención la falta de simetría con situaciones perfectamente análogas.
Una discriminación que obedece, creo, a la ausencia de voluntad política, esto es, a razones ajenas —contrarias, en realidad— al Derecho de refugiados y relacionadas con la estrategia política en el contexto. Así lo subrayé en estas mismas páginas de infoLibre y en el mismo sentido puede leerse este artículo de Blanca Garcés. Es lo que María Martín ha llamado “refugiados fuera del foco”, cuya consecuencia es, a fin de cuentas, una discriminación por razón de origen, o por razones etnoculturales o religiosas, como las que en 2015 impulsaron a los gobiernos de Hungría o Polonia a rechazar la obligatoriedad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo han denunciado también las campañas de ONGs como CEAR o la UNRWA, que piden una misma respuesta, condición de vida digna, para todos los refugiados, no importa de dónde vengan. Porque no sería admisible que para la UE, hoy, en abril de 2022, hubiera refugiados de primera y de segunda. Por eso, la pregunta es: ¿se han vuelto invisibles las mujeres y niñas afganas, evidentemente necesitadas de modo urgente de la protección internacional en que consiste el asilo y la protección subsidiaria?
Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea
Sería injusto decir que las hemos olvidado. Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que, desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea fue categórica al condicionar el reconocimiento del régimen talibán por parte de la UE a la garantía efectiva de los derechos humanos y, en particular, de los derechos y de la condición de las mujeres y de las niñas afganas.
Destacaré sobre todo el trabajo del Parlamento europeo. Tras el gesto simbólico de institucionalizar los días de las mujeres afganas (1 y 2 de febrero), el pasado 7 de abril adoptó la Resolución 2022/2571 (RSP), por la que se condenan firmemente las limitaciones a los derechos fundamentales de niñas y mujeres afganas por parte del régimen talibán. En primer lugar, la restricción del acceso de las niñas afganas a la educación, a partir de la enseñanza secundaria. Pero también, las restricciones en el acceso a la salud, el trabajo o la libre movilidad: por ejemplo, se han impuesto límites a sus desplazamientos que sean superiores a 70 kilómetros, sin compañía de varones que tengan vínculos familiares de proximidad. Al mismo tiempo, esa declaración elogia el coraje y la valentía de esas mujeres que se atreven a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y desafiar las amenazas de los fundamentalistas y pide a los Estados miembros y a la ciudadanía europea que concreten su apoyo a estas mujeres.
Sin embargo, esas iniciativas no han encontrado eco suficiente en los parlamentos de los Estados miembros, pese a que algunas de sus representantes lo han intentado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa aprobó el 18 de Agosto de 2021 una declaración impulsada por la diputada de La Manche, Sonia Krimi, y otras 23 diputadas de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ya se habían dirigido al primer ministro francés, para conocer las acciones concretas del gobierno galo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas y, en particular, sobre la política de asilo. Las diputadas consideraban que las persecuciones organizadas por los talibán y de las que son víctimas las mujeres deberían convertirlas directa y prioritariamente en beneficiarias del derecho de asilo.
En nuestro país, una iniciativa de algunos senadores, que trataba de comprometer una vía de asilo preferente para las 69 mujeres afganas diputadas de la Woesi Jirga (la Asamblea Nacional, de 200 miembros), objetivo preferente, junto a juezas, profesionales del periodismo y profesoras, no prosperó.
En la sociedad civil, también en nuestro país, se produjeron iniciativas centradas en algunos de esos grupos profesionales de mujeres que se encuentran en un riesgo más grave. Así, el Manifiesto impulsado por representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España “Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas” obtuvo en muy pocos días más de 120.000 firmas de apoyo. A destacar, asimismo, la campaña de recaudación de fondos, apoyo en redes y experiencia para brindar la ayuda necesaria a las juezas y magistradas afganas puesta en marcha en el mismo mes de agosto de 2021 por el Comité de Ayuda para Mujeres Juezas Afganas, de la International Association of Women Judges (IAWJ) y que en España ha sido organizada por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE), que forma parte de la IAWJ.
Desde el sector universitario, universidades como las de Barcelona, Salamanca o Valencia han promovido campañas para ofrecer becas para que mujeres universitarias afganas puedan comenzar o proseguir sus estudios en España. Puede consultarse, por ejemplo, la campaña de la Universitat de Valencia, promovida por profesores de su facultad de derecho y del Instituto de Derechos Humanos.
Reconoceré que ofrecer protección a las mujeres y niñas afganas no es tan sencillo como declararse a su favor, denunciar su situación o solidarizarse con ellas más o menos retóricamente. La dificultad de salir de Afganistán, si no es acompañadas por varones de su familia y, aun así, superar los controles de policía, constituye una empresa prácticamente imposible. Pero sí hay algunas situaciones sobre las que se puede intentar actuar. Por ejemplo, para conseguir visados urgentes para las mujeres que han conseguido huir a países limítrofes o cercanos (Pakistán, Irán, China, por ejemplo) y que, si permanecen en esos países, arriesgan ser devueltas al régimen talibán. Me consta la preocupación de las autoridades españolas y, en particular, del Ministerio de Inclusión, por encontrar soluciones para esos casos. Espero que se encuentre el procedimiento ágil y seguro. No podemos, no debemos abandonarlas.
