El viaje del presidente Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal ha revivido un debate que no es nuevo. Un debate que se lleva dando desde hace años. Entre 2005 y 2006 tuvieron lugar dos acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la política migratoria del gobierno de España. En aquel momento se vivía una crisis humanitaria también en Canarias con la llegada en el año 2006 de unas 36.000 personas, fue la conocida como crisis de los cayucos. Apenas un año antes en 2005 se había producido una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular, fue el llamado “proceso de normalización”. Entonces también el PP habló de “efecto llamada”, y también entonces se criminalizaba a la población migrante y, sin embargo, no existía Vox.
Una de las principales consecuencias de ambos hechos fue el lanzamiento de una ofensiva diplomática sin precedentes en África Occidental, primero en Mauritania y Senegal, luego en otros países de la región. En estos países se abrieron oficinas consulares y se firmaron acuerdos migratorios de distinta naturaleza. Propuestas en materia de migración circular, de formación profesional y, por supuesto, de repatriación. Todo ello iba a además acompañado por una ingente cantidad de fondos destinados a estos países con el fin de ayudar a su desarrollo que incluían la llegada también de empresas españolas. Es lo que más adelante se denominaría primer Plan África. Se tomaba conciencia de la necesidad de realizar una gestión de los flujos migratorios holística y no exclusivamente centrada en las repatriaciones, sino que también incluía apoyo a los gobiernos, apoyo consular y dinamización de las contrataciones en origen. Seguro que todo esto les resulta familiar ya que es exactamente la misma lógica que se ha empleado en el viaje de estos días del presidente Sánchez.
La diferencia entre entonces y ahora, es que entonces todavía se discutía entre los dos partidos centrales del sistema sobre una política migratoria vinculada a la gestión de los flujos, se negociaban los traslados entre las comunidades desde Canarias y desde Ceuta y Melilla, e incluso había quien se escandalizaba ante la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes. Hoy no existe un debate de fondo sobre la gestión de los flujos, casi todo es ruido y manipulación. No tienen más que escuchar a Tellado.
En el ámbito migratorio no hace falta que los ultras lleguen al poder porque sus políticas ya se están implementando, ellos han construido la agenda y el resto la aplican
La vinculación de migración y seguridad ha llevado a que lo único relevante de la política migratoria sea el control y la externalización. El propio pacto de migración y asilo aprobado hace apenas unos meses va de eso, un pacto de control de fronteras donde se endurecen los mecanismos de acceso a la protección internacional y donde el objetivo es la agilización de los retornos. Esa misma dupla de migración y seguridad es también la clave de una narrativa extremadamente peligrosa, aquella que vincula la inmigración con delincuencia y criminalidad, la que presupone que los migrantes son una amenaza para las sociedades de acogida y que hace recaer la culpa de todos los males sobre aquellos que han llegado los últimos y que son también los más vulnerables.
La securitización de las migraciones no hace sino ahondar en un modelo de gestión migratoria que se ha demostrado fracasado. Ninguna de las medidas de control de los flujos migratorios, ni las vallas más altas y electrificadas, ni los sistemas de vigilancia, ni la criminalización de la ayuda han conseguido frenar las llegadas procedentes del continente africano. El dinero invertido en control y securitización sólo ha servido para que algunas empresas de seguridad hagan su agosto, para que las mafias se enriquezcan cada vez más y para que se incremente el número de muertos en las rutas migratorias. Durante estos años hemos avanzado hacia un modelo de necropolítica de las migraciones donde se ha acentuado la visión de éstas como amenaza. Un marco narrativo donde toda Europa está ya instalada. Un marco donde los radicales están cómodos ya que consiguen marcar su agenda política además de ganar mayor presencia institucional y mediática. Los partidos centrales del sistema lejos de romper con ese marco lo han comprado y lo están poniendo en marcha. En el ámbito migratorio no hace falta que los ultras lleguen al poder porque sus políticas ya se están implementando, ellos han construido la agenda y el resto la aplican.
Ojalá y este sea el momento de debatir sobre la política migratoria y no se permita, como estamos viendo, que sea utilizada con fines partidarios. Para ello es imprescindible abordarla desde todas sus dimensiones la gestión, el control y la integración, y, por supuesto, también las relaciones con países terceros, así como la cooperación. Y todo ello hacerlo desde el marco del respeto más escrupuloso de los derechos humanos poniendo a las personas migrantes y su seguridad en el centro. a la luz del viaje de Sánchez De lo contrario seguiremos asistiendo como bien nos recordó hace unos años el Profesor Javier de Lucas, al naufragio moral de Europa.
El viaje del presidente Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal ha revivido un debate que no es nuevo. Un debate que se lleva dando desde hace años. Entre 2005 y 2006 tuvieron lugar dos acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en la política migratoria del gobierno de España. En aquel momento se vivía una crisis humanitaria también en Canarias con la llegada en el año 2006 de unas 36.000 personas, fue la conocida como crisis de los cayucos. Apenas un año antes en 2005 se había producido una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular, fue el llamado “proceso de normalización”. Entonces también el PP habló de “efecto llamada”, y también entonces se criminalizaba a la población migrante y, sin embargo, no existía Vox.