Un año de nuevo gobierno. ¿Cómo va la I+D+i en un mundo desnortado?

La situación global. El peso de los datos

En una época en la que las declaraciones tienen una vida tan corta, conviene ir a los datos objetivos para hacernos una idea de hacia dónde va este país, y este aserto se aplica con más fuerza en el caso de un tema que preocupa a la Fundación Alternativas y a nosotros mismos: se trata del caso del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y más todavía si atendemos a la compleja situación geoestratégica actual, con las guerras y las locuras armamentísticas, las elecciones en Estados Unidos y la intromisión en la gobernanza europea, tras las elecciones últimas, de las distintas variantes del populismo libertario de las ultraderechas.

Los datos españoles: a contracorriente entre los sueños y la realidad

Aún no tenemos el desglose de los datos que nos gustaría, pero aquellos que nos adelanta el Instituto Nacional de Estadística (INE) empiezan a darnos una idea de la posición del Gobierno en este tema que es determinante. En análisis anteriores, hemos hablado de la situación de lucha feroz entre el país con mayor desarrollo tecnológico (EEUU) y el candidato a desbancarlo (China). También del papel de las grandes empresas tecnológicas, que han irrumpido en la carrera de la innovación, así como de la posición de la Unión Europea, que no quiere quedarse en el papel de convidado de piedra en la lucha por la hegemonía tecnológica, si bien estas intenciones pueden alterarse con la situación política denunciada más arriba.

Aquí es donde se sitúa el papel de España, que puede contribuir al avance europeo en algunas áreas (biotecnología sanitaria y medioambiental, ciencias del espacio, tecnología de la información y las comunicaciones, por mencionar los casos más significativos). Vamos a considerar, como base, los datos del INE, aun a sabiendas de que son datos que aparecen con más retraso, pero que son absolutamente fiables. El gasto en I+D del año 2022 fue de 19.325 millones de euros, de los que solo 9.696 fueron gasto interno, que es aquel que se realiza dentro de las instituciones públicas. En este caso, las universidades representaron la parte mayoritaria, con un 47% del total, seguidos de los organismos públicos de investigación con el 30%. El resto corresponde a diversas instituciones de titularidad pública, por ejemplo aquellas dependientes de las CCAA. Cabe deducir que, del gasto total, el 50% fue gasto externo (aquel que se obtiene desde el exterior de las instituciones públicas). Probablemente, corresponde a los créditos extraordinarios para reforzar la tecnología dual, base de la modernización de las fuerzas armadas y de las inversiones en digitalización de las instituciones, que constituyeron la mayor parte de esta partida. Incluso pueden enmascarar la existencia de un cierto déficit tecnológico

Acción del nuevo gobierno

En 2023, los gastos adelantados por el INE son 28.215 millones de euros, con un incremento importante, superior al 30%. Aunque no están desglosados, las partidas de digitalización, con un mayor peso en su segunda anualidad y los proyectos de recuperación y resiliencia, con fondos procedentes de la Unión Europea, han constituido el grueso del incremento presupuestario que se han gestionado sin cambios estructurales, ni en el ministerio responsable de la ciencia, la innovación y las universidades, ni en las instituciones que realizan el gasto. La Agencia Estatal de Investigación sigue con su programa tradicional de financiación de proyectos competitivos, con una financiación media que roza los 100.000 euros para tres años, lo que supone una financiación de mera subsistencia, sin que se puedan afrontar nuevos proyectos, con pocos fondos para la formación del personal en el extranjero y con una renovación muy limitada del equipamiento, cada vez más obsoleto.

Las élites económicas españolas no han sido muy proclives para promocionar la creación científica, como ya denunció Santiago Ramón y Cajal, nuestro único premio Nobel en los ámbitos tecnocientíficos

Con respecto a este año, el presupuesto se ha prorrogado, con lo que los fondos dedicados a I+D+i tienen que ser prácticamente los mismos que los del año anterior. Todavía no podemos tener los datos del INE y solo existen unas declaraciones de la señora Morant, ministra del ramo, anunciando un ambicioso plan de inversiones para el año próximo que alcanzaría los 38.000 millones de euros y que fomentaría desde las matrículas de estudiantes en inteligencia artificial hasta la ciencia aeroespacial. No obstante, para ello hace falta que se aprueben los nuevos presupuestos para el año 2025, cosa que está todavía en entredicho por los socios de coalición del Gobierno.

Obras son amores y no buenas razones

En conjunto, parece que las buenas intenciones guían la acción política, pero a los investigadores les llegan poco estas promesas. Los proyectos financiados siguen en el mismo nivel de austeridad/supervivencia, el personal formado continúa en las mismas cifras de años anteriores, y la incorporación a las instituciones públicas de los investigadores ya formados sufre el mismo cuello de botella para el desarrollo de nuestro sistema público de I+D+i, que es el motor del privado. El desarrollo del trinomio ciencia/tecnología/innovación que requiere la situación internacional geopolítica/tecnológica necesita actuaciones más enérgicas por parte de la administración central, que es quien detenta las competencias en ciencia y tecnología. La estructura de gasto, repartida entre diversos ministerios: Ciencia, Innovación y Universidades, Defensa e Industria hace que el actual ministerio encargado de la ciencia y la innovación, con una estructura de hace más de treinta años y con modificaciones cosméticas desde entonces, no pueda coordinar el esfuerzo de fomento que requiere la situación internacional.

Nos atrevemos a proponer, para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión de la gobernanza del trinomio ciencia, innovación, organismos productores de conocimiento científico, de un cambio organizativo del Gobierno, no para desarrollar política científica —un término desafortunadamente en vías de extinción—, sino de políticas públicas con una vicepresidencia dirigida desde el conocimiento y la experiencia acreditadas. Puesto que ciencia, tecnología e innovación son cada vez más transversales para incidir en la soberanía/seguridad nacional, probablemente sería necesario tal cambio organizativo dentro del Gobierno que coordine estas acciones, un tanto inconexas, procedentes de al menos tres ministerios.

Qué hacer para combinar sueños y realidades

Es un hecho histórico que las élites económicas españolas no han sido muy proclives para promocionar la creación científica, como ya denunció Santiago Ramón y Cajal, nuestro único premio Nobel en los ámbitos tecnocientíficos. Es cierto que con el tardofranquismo tecnócrata y la Transición hacia la democracia, en un país en el que la cultura del capitalismo especulativo está tan arraigada, la necesidad de fomentar la ciencia y la innovación es una tarea difícil. La cultura del “capitalismo despierto” (aquel que innova con visión mercadotécnica o a medio plazo), “a pesar de que aparenta más que experimenta“, no parece fácil de instalar y, para ello, el ejemplo de las instituciones públicas de investigación es esencial.

Hay que hacer que el sistema funcione y que interaccione con las necesidades de la sociedad y, por tanto, de las empresas que se crean en ella. No nos cansaremos de repetir que las trabas administrativas para que se haga ciencia e innovación en las instituciones públicas son el principal obstáculo para un avance científico que pueda competir, por lo menos, en el nivel de la Unión Europea. Gran parte de los fondos asignados en los presupuestos vuelven a fin de año a los gestores de Hacienda, porque la ley está diseñada para que sea muy difícil gastar los fondos inicialmente destinados a ello. Esto es, se salva la cara en los presupuestos “fomentando” la I+D+i y luego se usan los fondos, casi imposibles de gastar, en tapar “otros agujeros” que los gestores administrativos creen más importantes. Nadie quiere que los fondos no estén controlados con rigor y justicia, pero la cultura de que el gasto en ciencia y tecnología es inútil y no es una inversión, tan extendida entre la élite funcionarial española, está dañando gravemente las posibilidades de España dentro de la nueva situación internacional.

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Vicente Larraga y Emilio Muñoz, profesores eméritos de Investigación del CSIC y colaboradores de la Fundación Alternativas.