Más de un año le ha costado a Feijóo darse cuenta de que el gobierno elegido el 23 de julio de 2023 no solo no es ilegítimo, sino que además puede durar. No parece haber sido un proceso sencillo ni rápido, pero caerse del guindo suele costar.
El primer reflejo de esta constatación de los populares ha sido lo que la prensa ha denominado como giro social del PP. De una semana a esta parte, los de Génova han empezado a hablar de cuestiones como vivienda, conciliación y reducción de la jornada laboral. Es decir, de aquello sobre lo que en Sumar llevamos meses haciendo propuestas. Bienvenidos sean. La política debe servir para esto, para confrontar modelos.
En Sumar llevamos meses poniendo el foco en estos tres temas por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque sabemos que son fuente de desvelo, incertidumbre y angustia para la gran mayoría de la sociedad, para nuestros vecinos y vecinas de clase trabajadora. Y en segundo lugar, porque estas tres cuestiones, junto con otras como el feminismo y los derechos de las personas migrantes, son cruciales para entender qué modelo de sociedad queremos.
Una sociedad del penúltimo contra el último, regida por el mercado, por la ley del más fuerte y que se inclina cada vez más hacia el cuestionamiento de la democracia y el autoritarismo. O una sociedad comprometida con la justicia social y en la que la democracia se entiende no solo de manera formal, como depositar el voto en una urna, sino como una herramienta para la redistribución de la riqueza, del capital económico, pero también social y cultural, y por lo tanto del poder.
Esta semana el PP ha presentado su propuesta de ley de conciliación bajo la idea de que no es “ni de izquierda ni de derechas, sino útil”. Y la pregunta a hacerse es útil a quién. Queda claro que en esta propuesta de los populares, pero también en sus soluciones para la vivienda, existe una aceptación de un supuesto orden natural, en el que no caben ni el diálogo ni el contrato social.
En Génova apuestan por una sociedad de individuos, en la que, en realidad, la sociedad y, por tanto, la política del bien común en realidad no existe. Ni tan siquiera es una idea original. Ya lo dejó claro Margaret Thatcher cuando dijo aquello de que solo existían hombres y mujeres individuales. Y las familias.
Esta formulación se refleja claramente en la propuesta popular de eliminar la obligatoriedad de que los padres cojan las primeras seis semanas del permiso de paternidad. “El PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos las madres y los padres. Tendrán libertad para utilizarlos durante el primer año del bebé”, dijo Feijóo cuando anunció la medida. No solo niegan las desigualdades de género que siguen existiendo en nuestra sociedad y cómo necesitamos medidas que impulsen la implicación de los hombres en la crianza, la corresponsabilidad, sino que además ocultan que no será la libertad de los padres y las madres, sino la libertad de la empresa a la hora de imponer cuándo se pueden coger los hombres la baja.
También se ve claramente en su planteamiento sobre la jornada laboral. Nada de reducirla por ley, pese a que dos de cada tres personas en nuestro país, incluida una buena parte de sus votantes, apoyan esta medida. Nada de entender que necesitamos trabajar menos —y ganar más— porque estamos cansadas de arrastrarnos entre el trabajo, el tupper, los parques infantiles, los ambulatorios con nuestros padres y los reels de Instagram combinados con la serie chorra porque el cerebro ya no nos da para más. No nos da para quedar con nuestras amigas, sin tener que buscar un hueco en la agenda, no nos da para leer, para pasear, para jugar, para militar, para imaginar o para simplemente no hacer nada.
Frente a este agotamiento vital, el PP solo plantea horarios flexibles y bancos de horas para gestionar lo que por derecho, por las luchas del movimiento obrero, nos pertenece: no hacer horas de más, las vacaciones, los permisos. Una vez más, por supuesto, siempre y cuando la empresa lo acuerde. Una vez más, por supuesto, la libertad cae solo de un lado.
Esta semana el PP ha presentado su propuesta de ley de conciliación bajo la idea de que no es “ni de izquierda ni de derechas, sino útil”. Y la pregunta a hacerse es útil a quién
Del mismo lado que cae en su propuesta de vivienda, del de los rentistas, los caseros, los poderosos, y no del de los inquilinos e inquilinas. Así, para Génova, la solución pasa por limitar la protección contra los desahucios para que se liberen pisos —dónde dormirán esas familias expulsadas de sus hogares será en todo caso un asunto de unos servicios sociales desbordados y sin recursos—, por poner fin al tope de los precios a los alquileres o por rebajas fiscales a los propietarios para que alquilen. Ponga usted el precio que quiera, que nosotras además le bajaremos los impuestos.
Cualquiera que haya seguido la actualidad en las últimas semanas sabe que las propuestas de Sumar en estas cuestiones son otras: condicionar al cumplimiento de la ley de vivienda que hoy se saltan los gobiernos autonómicos del PP, los fondos estatales en esta materia; prohibir la compra de vivienda para usos especulativos en zonas tensionadas; contratos de alquileres indefinidos; prestación universal por crianza; remuneración de los permisos de cuidados; y por supuesto, reducción real de la jornada.
Los detalles y las concreciones, es decir, las diferencias son importantes en sí, pero lo son sobre todo por lo que se halla detrás de ellas: cómo concebimos la sociedad, la política y la democracia. Por eso, en Sumar estamos orgullosas de ser quienes estamos poniendo sobre la mesa estos asuntos, quienes estamos empujando para que ocupen el centro de la agenda política.
Queremos que este sea el debate de la legislatura y lo queremos porque estamos preparadas para discutir y sobre todo para proponer un modelo de sociedad basado en un nuevo contrato social de reparto de la riqueza, incluido el tiempo, de justicia social y de feminismo. Y además sabemos que de las respuestas que demos a estas angustias sociales depende en buena medida el futuro. Sabemos que no basta con agitar el miedo a la ultraderecha. Ojalá otros se dieran cuenta.
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Amanda Andrades es secretaria de Feminismos de Sumar.
Más de un año le ha costado a Feijóo darse cuenta de que el gobierno elegido el 23 de julio de 2023 no solo no es ilegítimo, sino que además puede durar. No parece haber sido un proceso sencillo ni rápido, pero caerse del guindo suele costar.