Un Parlamento con máscaras y mascarillas

En un Estado de Derecho la actividad del Parlamento resulta esencial, aún en la situación excepcional del estado de alarma para debatir y aprobar, en su caso, las medidas del Gobierno para combatir el coronavirus y controlar la acción del ejecutivo en ese objetivo vital.

La combinación de actividades presenciales con las telemáticas es lo razonable ante la orden de confinamiento y la limitación sanitaria que alcanza a la generalidad de los diputados. Y ha permitido que el Parlamento se mantenga abierto en su función de garantizar un funcionamiento democrático del país.

El Parlamento nunca puede cerrar. El teletrabajo que, por cierto, aconseja una rendición pública de cuentas para los cargos públicos, se utiliza no solo para las tareas cotidianas de los diputados y sus grupos sino que hace posible, por medio de aplicaciones tecnológicas, celebrar encuentros virtuales como hacen desde hace años empresas e instituciones políticas. Ejemplos vemos en las reuniones por videoconferencia de importantes organismos europeos, en las semanales del presidente de Gobierno con los presidentes de las CCAA o las del ministro de Sanidad con sus colegas de los Gobiernos autonómicos.

Las terribles circunstancias de la pandemia han obligado al Congreso a celebrar sus Plenos con una asistencia simbólica, mediante el voto telemático y el seguimiento de su desarrollo desde el Canal Parlamento que es la televisión del Congreso desde la página web congreso.es . Además, se celebran las Comisiones de Sanidad para el seguimiento de las medidas y, de nuevo, la sesión de control al Gobierno.

Hoy debemos valorar las consecuencias que deja en España la dramática crisis del coronavirus en su dimensión sanitaria, social y económica. Y aunque el tono de las intervenciones de Vox y el PP, que escuchamos en los debates de Pleno con el presidente Pedro Sánchez, no presagian nada bueno, los efectos del covid-19 exigen como respuesta politica una nueva dinámica parlamentaria basada en la búsqueda de consensos con lealtad y renuncias por las partes.

Las máscaras y las mascarillas deben desaparecer lo antes posible del escenario parlamentario. Las primeras ocultan el sectarismo, la deslealtad y tentaciones neogolpistas. Las mascarillas se irán por el esfuerzo colectivo y el éxito de las medidas acordadas para vencer al virus con el sacrificio de los profesionales de la Sanidad y seguridad públicas.

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Harán falta grandes acuerdos entre los grupos políticos para fortalecer los pilares del Estado de Bienestar, pactar una transición justa hacia la reconstrucción económica y social en el marco de la transición energética, reducir la brecha digital, ganar la cooperación solidaria europea y pactar una colaboración leal y corresponsable entre el Gobierno, Ayuntamientos y CCAA. Todo ello centrado en la puesta en valor de lo público y la defensa del interés común.

La crisis del covid-19 supone un reto para todos los Parlamentos del mundo que han tenido que utilizar mecanismos tecnológicos para continuar su trabajo. Pero en España, además, deberíamos adaptar el Reglamento del Congreso. En ese nuevo marco hay que regular el funcionamiento del Parlamento es situaciones de emergencia y como servicio esencial. Desde hace años, el Reglamento se ha quedado obsoleto y no es un instrumento adecuado para hacer frente a los desafíos parlamentarios en el siglo XXI y perfeccionar los mecanismos de una democracia representativa, ni recoge las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación, ni responde a las demandas de una democracia deliberativa, transparente, de más calidad y participativa.

Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa