La vivienda es el principal problema económico de las y los madrileños y va camino de ser un problema de salud pública, con 4 de cada 10 españoles sufriendo ansiedad por la posibilidad de perder su hogar. El rentismo inmobiliario no solo perjudica el acceso a un hogar; perjudica a toda la sociedad porque saca dinero de la economía productiva y del bolsillo de la gente. El mercado inmobiliario nos hace más pobres y nos obliga a llevar vidas más precarias, incluso teniendo empleos a tiempo completo y con contrato indefinido. Tres de cada cuatro jóvenes en esta situación no pueden emanciparse a los 30 años. Muchas y muchos de ellos saldrán este domingo a manifestarse en Madrid ante una emergencia social que va a ser cada vez más un problema político de primer orden para los gobiernos de todos los niveles administrativos de España.
La vivienda es un grave problema social, económico y político. Es también un problema con soluciones. Desde Más Madrid apostamos por implementar una serie de medidas urgentes de carácter regulatorio: topar los alquileres en manos de grandes tenedores mediante la aplicación plena de la Ley de Vivienda y la declaración de zonas de mercado tensionado, gravar las propiedades vacías con un impuesto que vaya creciendo con los años y cerrar los más de 20.000 pisos turísticos ilegales de la Comunidad de Madrid sin otorgar nuevas licencias. El objetivo de estas medidas es muy claro: bajar los precios en los municipios que cumplen las condiciones de mercado tensionado (como ya ha sucedido en Cataluña) y aumentar la oferta de alquiler residencial. Regular los precios y aumentar la oferta, en este orden, porque el orden de los factores sí altera el producto en este caso. El efecto sería inmediato y marcaría un cambio de rumbo absolutamente necesario.
En el caso madrileño y con el marco de competencias actual, el principal punto de bloqueo para desarrollar políticas a favor del derecho a la vivienda es la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Lo ha demostrado negándose a declarar zonas tensionadas en Coslada, Rivas, Getafe, Alcorcón y tantos otros ayuntamientos progresistas que lo han exigido. Las comunidades autónomas tienen la llave para topar los precios y son las responsables de asignar y ejecutar la mayor parte de la inversión y el gasto público. Esto no nos impide señalar la falta de ambición del Gobierno de España, que ya pudimos comprobar con los agujeros que dejaba la ley estatal con los alquileres de temporada y por habitaciones o la limitación de los topes de precios a los grandes tenedores, por poner un solo ejemplo. El Gobierno de España puede hacer más en materia de regulación y debe tomarse en serio la inversión destinada al parque público de alquiler asequible como palanca para transformar el sector inmobiliario español y sacar progresivamente el derecho a la vivienda del mercado.
Las comunidades autónomas tienen la llave para topar los precios y son las responsables de asignar y ejecutar la mayor parte de la inversión y el gasto público. Esto no nos impide señalar la falta de ambición del Gobierno de España
Sí, en el medio plazo, la única manera de garantizar el derecho a la vivienda pasa por sacarla del mercado. Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos deben hacer un esfuerzo concertado para invertir al menos el 1% del PIB en vivienda. Llevamos tiempo reclamando que la Comunidad de Madrid debe triplicar su inversión anual con tres objetivos fundamentales. Primero, incorporar 10.000 viviendas al parque público de alquiler cada año mediante la compra y la nueva construcción, viviendas dignas y de calidad a precio asequible para las clases medias y trabajadoras. Segundo, reformar el stock existente para terminar con la anomalía de casi medio millón de viviendas mal aisladas y cientos de miles de pisos sin ascensor en la región más rica de España, estimulando en el camino una industria de la rehabilitación que genere empleos de calidad y contribuya a la transición ecológica. Tercero, pagar ayudas al alquiler para los hogares vulnerables, ayudas que deben operar sobre un mercado con límites de precios para que no sean una forma de subvención al rentismo inmobiliario.
Esta misma semana, Ayuso me dijo que la regulación desplazará los pisos madrileños al mercado del alquiler turístico, reducirá la oferta y subirá los precios. Hablan los dogmas ideológicos y la incapacidad para ver el cuadro completo de una política pública destinada a transformar radicalmente el sector inmobiliario. En Más Madrid miramos a Viena y su modelo de vivienda, basado en un gran parque público de alquiler asequible, la amplia participación de sociedades de lucro limitado en la construcción habitacional, la regulación de precios y los contratos de alquiler indefinidos. Además, debemos garantizar que la vivienda de protección oficial en propiedad tiene carácter permanente para que los pisos construidos con fondos públicos no se conviertan en inversiones especulativas al cabo de unos pocos años. Esto, de nuevo, depende de un cambio legislativo de ámbito autonómico que el Partido Popular se niega a abordar.
Cuando la derecha nos dice que nuestras políticas harían que la vivienda no sea una inversión rentable, nuestra respuesta es que eso es justo lo que buscamos. Efectivamente, la sanidad, la educación y la vivienda no deben ser negocios rentables ni objetos de especulación. El derecho a la vivienda debe ser un motor económico e industrial para Madrid, no un refugio para fondos buitre internacionales y capitales rentistas. El mercado inmobiliario sólo protege a los rentistas y a los especuladores; es hora de que la democracia proteja a las personas.
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Manuela Bergerot es diputada y portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.
La vivienda es el principal problema económico de las y los madrileños y va camino de ser un problema de salud pública, con 4 de cada 10 españoles sufriendo ansiedad por la posibilidad de perder su hogar. El rentismo inmobiliario no solo perjudica el acceso a un hogar; perjudica a toda la sociedad porque saca dinero de la economía productiva y del bolsillo de la gente. El mercado inmobiliario nos hace más pobres y nos obliga a llevar vidas más precarias, incluso teniendo empleos a tiempo completo y con contrato indefinido. Tres de cada cuatro jóvenes en esta situación no pueden emanciparse a los 30 años. Muchas y muchos de ellos saldrán este domingo a manifestarse en Madrid ante una emergencia social que va a ser cada vez más un problema político de primer orden para los gobiernos de todos los niveles administrativos de España.