En sus 62 años de existencia RTVE ha sobrevivido a los más crudos avatares. Curiosamente, ni la irrupción de las televisiones privadas, ni la asfixia financiera, ni la dirección errática de numerosos gestores, ni siquiera la manipulación sistemática a la que la han sometido la mayoría de sus gobiernos de turno durante décadas, han llegado a cercenar un servicio público que, a pesar de sus preocupantes fluctuaciones de audiencia, sigue entrando cada día en millones de hogares. Ya sea por tradición, por apego a contenidos de notable aceptación, o quizás para no tener que digerir los cortes publicitarios de sus competidores privados, multitud de oyentes y espectadores, incluso aquellos que lamentamos la deriva de manipulación y deterioro que ha tomado RTVE en los últimos años, seguimos pulsando a diario los primeros dígitos almacenados durante años en su mando a distancia.
Este singular hábito de consumir y criticar el objeto de consumo al mismo tiempo no sólo merece un análisis de las ciencias del comportamiento, también sirve de coartada para que políticos como el ministro Montoro respondan así a las críticas de manipulación que recientemente le hizo la portavoz de Podemos, Noelia Vera, en el Congreso: “Si no le gusta, cambie de cadena”.
Menosprecio por el servicio público
Esa muestra de desdén hacia el oponente, y de menosprecio por el servicio público que podría quedar enmarcada en el tabloide de rifirrafes parlamentarios, adquiere una enorme trascendencia si se analiza en el contexto del bloqueo empecinado que el Grupo Popular y el propio Gobierno están ejerciendo sobre la ley aprobada unánimemente para la reforma de RTVE, por el procedimiento del concurso público en la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación. En realidad, una respuesta mucho más acorde con la situación actual podría haber sido esta otra: “Estamos incumpliendo la ley, sí, ¿y qué?”.
Sin retrotraernos a la aprobación de una ley, ciertamente mejorable, pero refrendada por abrumadora mayoría en sede parlamentaria en septiembre de 2017, el gobierno del PP ha optado por oponerse al resto de los grupos políticos y llevar al paroxismo su oposición a esta ley que ampara el concurso público. Aún a sabiendas de que, por falta de fuerza política, quizás no le quede más remedio que ceder, el PP pretende dilatar el proceso con cuatro informes jurídicos solicitados a los letrados de ambas cámaras.
En cualquier caso, estos informes no serían vinculantes. De hecho, el anterior informe sobre el desarrollo normativo de la ley solo sirvió para que la presidenta del Congreso pidiera a los grupos que llegaran a un acuerdo, pero pueden dar nuevos argumentos al PP si interpretan que el reglamento de concurso público acordado por PSOE, Podemos y CS adolece de algún defecto de forma. Defecto que, en todo caso, podría ser subsanado dando una victoria pírrica al PP en su empeño de llevar al límite su política de tierra quemada en RTVE. Si realmente tienen objeciones de peso al reglamento propuesto por los otros grupos, los populares debieran haber propuesto enmiendas para hacerlo más garantista y transparente, pero es evidente que se resisten a perder el control sobre la radiotelevisión pública cuando se avecinan citas electorales y ante el escenario político que pintan las encuestas.
Quizás, la gestión lenta de los tiempos, que tanto gusta practicar a este Gobierno no impida la puesta en marcha del concurso público, pero podría demorarlo el tiempo necesario para que el actual presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez –que cumple su mandato a finales de junio– se atrinchere hasta el final, y cierre acuerdos y contratos por importantes cuantías económicas, hipotecando la gestión de la nueva cúpula directiva.
Política de tierra quemada
Otro escenario más retorcido, pero que sería contradictorio con el acuerdo al que instó la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, es que el PP quiera aferrarse a que, una vez vencido el mandato del actual presidente y en ausencia de un reglamento, se elija a la nueva cúpula por mayoría absoluta en segunda votación, alegando el segundo párrafo de la disposición transitoria segunda de la ley, que a falta de reglamento remite al “procedimiento vigente”. Informes previos de los letrados no han determinado con claridad si el procedimiento vigente es el de la ley de 2017 (2/3 en primera convocatoria, mayoría absoluta y mitad de los grupos parlamentarios en segunda) o el de la de 2012 impuesta por el PP (2/3 en primera votación, mayoría absoluta en segunda).
Tanto tactismo político para obstaculizar una reforma que lleva ocho meses aprobada puede tener un imprevisto efecto boomerang. A la ola de protestas y denuncias de los trabajadores de RTVE se ha sumado la advertencia de los grupos PSOE y Podemos de iniciar medidas jurídicas e institucionales, incluido un posible recurso de inconstitucionalidad.
Sin profundizar en argumentos jurídicos y por simple reducción al absurdo, sería sorprendente que una ley aprobada por las Cortes Generales con el título de “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”, condujera a la situación de que todo sigue igual que antes de la aprobación de la ley.
Por una reforma democrática en profundidad
La reforma de RTVE por el procedimiento de concurso público ya es un clamor, no sólo entre los trabajadores de la empresa, sino entre amplios sectores sociales que consideran que la regeneración democrática de las instituciones también pasa inevitablemente por la recuperación de una radiotelevisión pública independiente y plural. El pasado 8 de mayo, en un acto unitario contra el bloqueo del PP ante las puertas del Congreso, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz afirmó que "es cuestión de días que arranque de una vez el proceso para renovar RTVE". "El PP va a ceder".
Ver másTelevisión de negro
Si así fuera, más vale tarde que nunca, pero hay que recordar que el concurso público por si solo tampoco resolvería la crisis sistémica de RTVE si no viene acompañada inmediatamente de cambios legislativos que apoyen la reforma que los nuevos gestores deben ser capaces de impulsar. Cambios como la de la Ley General Audiovisual o la aprobación de un nuevo mandato marco o el impulso a un servicio público multimedia, que deberían producirse en paralelo y que, sorprendentemente, ningún grupo político ha planteado hasta la fecha.
El concurso público puede y debe ser el primer eslabón del cambio, pero RTVE no puede renacer periódicamente, como un ave fénix, sin un decidido esfuerzo colectivo. Ese cambio debe partir, de una toma de conciencia general de los ciudadanos, los partidos políticos, los gestores y los profesionales, para asegurar la necesaria independencia, la responsabilidad, la transparencia y la financiación que implica un buen servicio público de comunicación e información para nuestro país. Porque sin ese esfuerzo colectivo corremos un grave riesgo de que el servicio público de radiodifusión naufrague finalmente, ocasionando una grave e irremediable degradación del espacio público democrático.
_______________Pedro Soler, Enrique Bustamante y Manuel Aguilar pertenecen al grupo de estudios Teledetodos
En sus 62 años de existencia RTVE ha sobrevivido a los más crudos avatares. Curiosamente, ni la irrupción de las televisiones privadas, ni la asfixia financiera, ni la dirección errática de numerosos gestores, ni siquiera la manipulación sistemática a la que la han sometido la mayoría de sus gobiernos de turno durante décadas, han llegado a cercenar un servicio público que, a pesar de sus preocupantes fluctuaciones de audiencia, sigue entrando cada día en millones de hogares. Ya sea por tradición, por apego a contenidos de notable aceptación, o quizás para no tener que digerir los cortes publicitarios de sus competidores privados, multitud de oyentes y espectadores, incluso aquellos que lamentamos la deriva de manipulación y deterioro que ha tomado RTVE en los últimos años, seguimos pulsando a diario los primeros dígitos almacenados durante años en su mando a distancia.