Monedero y el descrédito de la incoherencia Cristina García Casado
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Disculpen el desahogo personal. Pasas unas semanas peleando con esos pedruscos que fabrica el riñón izquierdo y sus punzadas te llevan a relativizar mucho lo que lees y escuchas. Hay momentos en que lo que te llega no es que te parezca un bulo, sino algo todavía más alucinógeno, que podría ser efecto del exceso de medicación. No exagero nada. He leído durante varios días a toda página en los periódicos del ala diestra la insinuación de que una operación del deep state sanchista (lo que sea eso en ausencia de Villarejo y Fernández Díaz) estaría detrás del robo de un portátil y la entrada en la casa de la playa de dos de los tres mil abogados que debe de tener el novio de Ayuso (ver aquí). Las fuerzas de seguridad detuvieron muy pronto a unos cacos intentando pasar a Marruecos ese ordenador entre otros cuantos cacharros fruto al parecer de su principal actividad profesional (ver aquí). No importa. Cuando un tonto coge la linde… Falta un cuarto de hora para que algún tertuliano del programa de Federico (o él mismamente) conecte a estos rateros con alguna mochila del 11M. Este mismo jueves, como una especie de aperitivo de la litotricia pendiente, leo que existe la posibilidad (remota) de que llegue a reinar en España la futura hija de Martínez Almeida. Estos ojos (menos mal) no lo verán.
Pero entre las noticias y lecturas que te dejan ojiplático últimamente, nada comparable a la ¿argumentación? desplegada por el Partido Popular sobre el decreto ómnibus del Gobierno. Hace solo una semana, Feijóo, su núcleo duro y sus tropecientas terminales mediáticas justificaron el voto en contra de la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte o los fondos destinados a las víctimas de la dana en que esas bagatelas iban mezcladas con medidas tan inasumibles (para las derechas) como la prohibición de desahucios a personas vulnerables o la devolución al PNV de un palacete en París que en su día le expropió la Gestapo para obsequiárselo a Franco. Es lo que tienen esos decretos ómnibus tan discutibles desde el rigor legislativo como utilizados por todos los gobiernos que en la democracia han sido. Sánchez culpable, por tanto, de dejar a los pensionistas sin su prometida subida o a millones de jóvenes sin su bono-transporte. Se precisan altas dosis de benzodiacepinas para procesar el hecho de que quien vota en contra de pensionistas, mileuristas o desahuciados hace responsables del perjuicio a quienes votan a favor.
Una semana después de esa votación que dejó, es verdad, a millones de ciudadanas y ciudadanos con el cuerpo encogido y envueltos en la incertidumbre, Sánchez llega a un acuerdo con Junts que, obviamente, Feijóo y el PP no esperaban en absoluto. Por lo bajinis (o no tanto), lo que trasladaban desde Génova era que el fracaso en la tramitación del decreto era prácticamente la puntilla al Gobierno de coalición y a la legislatura. Junts estaba cada vez más cerca del PP (que ya no ve tantos “terroristas” en las filas de Puigdemont) y Sánchez cada vez más solo, sin mayoría para sacar adelante iniciativa alguna en el Congreso y cercado por causas judiciales abiertas contra su entorno familiar o contra el fiscal general del Estado, pieza a abatir por la derecha política y judicial desde su nombramiento, mucho antes de la acusación por revelación del secreto más conocido de la reciente historia de España (que el novio de Ayuso había confesado dos delitos de fraude fiscal para evitar la cárcel).
Mientras escribo estas líneas, la dirigencia del PP anda buscando desesperadamente argumentos que expliquen que ahora sí, ahora votará a favor de esas medidas que conforman el grueso del llamado “escudo social” (una cosa de comunistas siempre obsesionados con ayudar desde el Estado a quien lo necesita), pese a que el paquete (troceado, eso es cierto, y podría haberse ahorrado Sánchez las proclamas de “nunca jamás trocearé…” o algo similar) incluye la devolución del dichoso palacete parisino al PNV y la prórroga de la prohibición de desahucios que “nunca jamás” iba a apoyar Feijóo. Leo este jueves en el subtítulo de la apertura de la sección política de El Mundo que “el ala pragmática se impone a ‘los bruscos’ (sic) y logra que los ‘populares’ apoyen revalorizar las pensiones”. Olé por ese ‘ala pragmática’ del PP, pensarán con razón los pensionistas, aunque resulte a su vez estupefaciente la justificación que ahora trasladan desde Génova para sortear el espinoso asunto del palacete: los de Feijóo no votarán sí a su devolución al PNV por la sencilla razón de que el edificio ya será propiedad del PNV el día de la votación, puesto que los nacionalistas vascos lo habrán “registrado” en estos días o semanas de vigencia del decreto ya publicado en el BOE. Así que tomen nota los partidos que forman la coalición progresista de gobierno: pueden expropiar lo que se les ocurra de interés público que, con tal de registrarlo antes, el PP no tendrá inconveniente en votar a favor.
Más allá del antisanchismo furibundo, no se le conoce a Feijóo estrategia definida ni logro político alguno, salvo que considere un logro la normalización de la ultraderecha y la entrada de Vox en gobiernos autonómicos y municipales
En serio. Lo importante a día de hoy es que el escudo social que define uno de los ejes de las políticas progresistas de la coalición de gobierno se consolida. Y lo hace en la misma semana en que los datos de crecimiento económico y de empleo en España baten récords en positivo, de lo cual el PP no quiere ni oír hablar, mucho mejor llenar las sesiones de control de acusaciones de corrupción y de extraños embrollos judiciales que algún día veremos en qué concluyen.
Y mientras tanto, Abascal se frota las manos. Vox vota no a todo y marca diferencias con el PP siguiendo la senda del nacionalpopulismo trumpista. No hay encuesta que no refleje la fortaleza de Vox. A la extrema derecha se la debe temer por lo que propone y por el odio que siembra, pero se le entiende todo. Feijóo sin embargo, este mismo jueves, resultaba patético explicando en un Foro que votará sí al decreto fundamentalmente “porque Sánchez quiere que votemos que no”. Más allá del antisanchismo furibundo, no se le conoce estrategia definida ni logro político alguno, salvo que considere un logro precisamente la normalización de la ultraderecha y la entrada de Vox en gobiernos autonómicos y municipales. “Una calamidad”, titulaba Ignacio Sánchez-Cuenca en El País (ver aquí). Se queda uno con la duda, a la vista de la solvencia del “ala pragmática”del PP, de hasta dónde pueden llegar “los bruscos” a tirar de la cuerda del liderazgo de Feijóo, para alegría de Abascal.
Pero insisto, quizás todo sea un poco fruto de los efectos de la química contra el malestar litiásico, porque también he leído que Ana Rosa Quintana vuelve a “reinar” en las mañanas de Telecinco, veinticuatro años después de protagonizar el plagio más escandaloso de las letras españolas y mientras seguimos escuchando nuevos audios de sus conversaciones con Villarejo. Usted o yo estaríamos escondidos debajo de la cama por pura vergüenza. De eso algunos no tienen, y este país y sus entramados mediáticos lo toleran. España necesita más de una litotricia.
P.D. Esta semana alucinógena incluye la lectura de algún auto de Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el Fiscal General del Estado, dictado en vísperas de la toma de declaración a García Ortiz, que concluye nada menos que defendiendo que el novio de Ayuso no es un “defraudador confeso” y denunciando que se le ha infligido un “daño reputacional”. Im-pre-sio-nan-te. Todo un ejercicio de apariencia de parcialidad, justo lo contrario de lo que define la obligación de un juez. Si a alguien interesa leer el análisis riguroso de un “jurista de prestigio”, puede empezar por lo que escribe sobre esta instrucción Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo (ver aquí).
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