La comisión de la dana en el Senado diseñada por el PP para salvar a Mazón se vuelve en su contra

La comisión de investigación impulsada por el Partido Popular en el Senado sobre la dana acaba de arrancar y el presidente valenciano, Carlos Mazón, no ha salido precisamente reforzado. El objetivo de la formación de Alberto Núñez Feijóo era utilizar su mayoría absoluta para tratar de derivar las responsabilidades al Gobierno central. Sin embargo, las dos primeras sesiones de la Cámara Alta, celebradas este lunes y martes, han recibido las comparecencias de cuatro expertos técnicos sin atribuciones políticas que han desmontado algunos de los argumentos recurrentes tanto por parte de la Generalitat como del PP sobre la riada del pasado 29 de octubre, que se saldó con 227 fallecidos en la provincia de Valencia. Los profesores de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València, Juan Bautista Marco y Félix Ramón Francés, el arquitecto Julio Gómez-Perretta y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana Javier Machí Felici, han sido los primeros expertos en comparecer.

Uno de los mantras más repetidos desde el PP para tratar de desviar su responsabilidad en la gestión de la dana es que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abrió las compuertas de la presa Forata y no avisó a los municipios aguas abajo. Para Maco, sin embargo, la presa de Forata no estuvo en un "riesgo grave": "La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero", aseguró. En esa línea, añadió que las compuertas de un embalse "deben abrirse": "No están para guardar agua en situación de crecida, hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper".

El profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València también fue cuestionado por el senador del PP, Francisco Javier Márquez, sobre si la falta de limpieza por parte del Ministerio de Transición Ecológica agravó los daños personales y materiales de la dana, una premisa en la que el PP también ha incidido en varias ocasiones. "¿Ha contribuido el arrastre de cañas, vegetación y materiales de obra al colapso de infraestructuras? ¿Cuál es la importancia que ha tenido en este tema?", le planteó al ingeniero. "En mi opinión, nula", respondió este. "Las cañas se tumban y se rompen. No tiene ninguna trascendencia", completó, pese a la insistencia del senador conservador, que no se dio por satisfecho con la respuesta e insistió en el tema. "¿Colapsan los puentes esa vegetación?", repreguntó. "Los puentes se caen por otras cosas", respondió el profesor.

El sistema de alerta, el mando único y el cambio climático: claves para los expertos

Por su parte, Francés puso el foco en que "los sistemas de alerta ayudan a disminuir las pérdidas de vidas humanas", un aspecto clave también para el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y la jueza de Catarroja que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, que en su último auto recriminó a los responsables autonómicos la tardanza y la contenido incorrecto del mensaje Es Alert que el Gobierno valenciano envió a las 20.11, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes. Además, también incidió en que el cambio climático "impacta" en el ciclo del agua, lo que entronca con los postulados de Vox y del propio Mazón, que la pasada calificó de "dogmatismo climático" algunos de los postulados medio ambientales. "Lo que está claro es que con el incremento de temperaturas, tanto en la atmósfera, como ocurre en el Mediterráneo, habrá más tormentas y serán de más torrencialidad", apuntó.

El arquitecto director del estudio de arquitectura Perretta, Julio Gómez-Perretta —que ha emitido juicios en prensa muy críticos contra el Gobierno de Pedro Sánchez—, también calificó como un error este martes que el jefe del Consell no declarara el nivel máximo de alerta tras la dana. "El señor Mazón tenía que haber cedido desde el minuto uno el mando", señaló ante las preguntas de Compromís y el PSOE. "No había otra opción que Mazón declarara el nivel tres y pasara el mando, solo él podía hacerlo y no lo hizo, se equivocó gravemente", argumentó. Si Mazón hubiera decidido elevar el nivel de la catástrofe un grado más, la responsabilidad última de su gestión hubiera correspondido al Gobierno central. Pero el presidente valenciano decidió no hacerlo. Esa es la principal razón que invoca la juez para apuntar a la Generalitat como única responsable de no haber avisado a la población en tiempo y forma.

Además, Gómez-Perreta aseguró este martes que "no hubiera habido una catástrofe así" si "se hubieran acometido las obras que estaban proyectadas para conectar los barrancos de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce del río Turia". Unas obras que se idearon durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que después no ejecutó la administración de Mariano Rajoy por falta de financiación. Con la vuelta al Gobierno de los socialistas, el proyecto se volvió a retomar aunque no dio tiempo a iniciar las obras, según una respuesta del Gobierno al exsenador de Compromís Carles Mulet. "Si se hubieran acometido algunas obras, nos hubiéramos mojado las rodillas, pero no hubiera habido una catástrofe así". Machí también defendió que "son necesarias obras" para que no se vuelva a repetir una catástrofe similar.

El PP vetó la comparecencia de los consellers valencianos y de Maribel Vilaplana pero sí incluyó a siete ministros

Zapatero, Rajoy, los técnicos o el Gobierno: Salomé Pradas señala a todos por la dana salvo a Mazón

Ver más

Todos estos expertos fueron propuestos por el PP, el mismo partido que hace un mes vetó la comparecencia de los consellers autonómicos, incluida Salomé Pradas —investigada por la jueza de la dana—y de la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre del pasado año, Maribel Vilaplana. Sí incluyeron en este listado, sin embargo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a siete ministros más: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su antecesora en el cargo y actual número dos de la Comisión Europea, Teresa Ribera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y la ministra portavoz, Pilar Alegría. También a Mazón, que ya afirmó que acudiría voluntariamente a cualquier comisión sobre la dana.

El PP muestra claramente sus cartas, a la espera de que el Congreso active su propia comisión, pese a que la mesa presidida por el que fuera consejero de Economía de la Generalitat entre 2001 y 2011, el senador del PP Gerardo Camps, pidió que el debate y las conclusiones se alejaran de una intención "partidista": "Señorías, tenemos el deber moral de buscar la verdad, con rigor, dejando de lado intereses personales o partidistas y centrándonos en lo importante: que una tragedia de esta magnitud no vuelva a ocurrir", dijo. Fuentes de la dirección del PP aseguran que escucharán con interés "a todos los expertos" pero ya deslizan que "no todos piensan igual" y que, por tanto, elegirán los argumentos que más les convengan.

En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos. Es una herramienta que constituye uno de los medios más formales de control en el seno del legislativo, pero se dirige más a la ciudadanía que a los propios tribunales, puesto que sus conclusiones no son vinculantes ni afectan a las resoluciones judiciales. Su creación está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido mayoritario, como es en este caso el PP. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones se rige por la importancia numérica de los grupos en la Cámara. Estas comisiones son de carácter temporal y pueden convocar a cualquier persona, que tiene la obligación de acudir pero no de contestar.