Zapatero, Rajoy, los técnicos o el Gobierno: Salomé Pradas señala a todos por la dana salvo a Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, decidió destituirla pocas semanas después de la dana y tras reconocer en declaraciones a la televisión À Punt que desconocía que se pudieran enviar mensajes masivos de alerta a la población a través del sistema Es Alert. Después, fue la propia Generalitat, que sigue presidiendo el que fuera su jefe, la que la señaló como máxima responsable de la gestión de la Emergencia por la riada y del envío de ese mensaje –"tardío y errado", según la jueza– tras los repetidos requerimientos judiciales. Salomé Pradas, además, era la máxima autoridad del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la tragedia, el lugar donde inicialmente intentó situarse a toda costa el president, pero del que, desde que se inició la investigación penal en el Juzgado número 3 de Catarroja, ha tratado de huir incluso evidenciando sus mentiras anteriores.

Da igual lo que Mazón haya hecho a su exconsellera de Justicia e Interior. Porque en el recurso de apelación que ha presentado en la Audiencia de Valencia contra el auto en el que la instructora del caso la llama a declarar como imputada, señala a múltiples responsables pero en ningún caso al máximo dirigente del Gobierno valenciano que inicialmente trató de mostrar públicamente su coordinación permanente con ella durante las horas críticas para luego destituirla y dejarla sola ante todos. Pese a ello, la exresponsable de Emergencias no da un solo dato que pueda responsabilizar a Mazón. La culpa, según su recurso, no es solo de la Generalitat, también del Estado, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, los técnicos de la emergencia. Hasta reniega de los recursos antirriadas de los que solo dos meses antes de las inundaciones, su departamento alardeaba, como el propio sistema Es Alert o el teléfono de Emergencias 112, que dependía de ella.

La primera culpable es la naturaleza. Que no solo causó víctimas en la Comunitat Valenciana, también en otras dos autonomías, como señala la defensa de Pradas. "Ha de partirse de un hecho que consideramos indiscutible", sostiene el escrito. "Estamos ante una catástrofe natural de una magnitud impresionante que se desencadenó con una rapidez imparable". Todo ello pese a que, desde dos días antes, la Agencia Estatal de Meteorología venía alertando repetidamente sobre la llegada de lluvias torrenciales con el consiguiente riesgo catastrófico.

Si Mazón hubiera decidido elevar el nivel de la catástrofe un grado más, la responsabilidad última de su gestión hubiera correspondido al Gobierno central. Pero el presidente valenciano decidió no hacerlo. Esa es la principal razón que invoca la juez para apuntar a la Generalitat como única responsable de no haber avisado a la población en tiempo y forma de lo que estaba a punto de llegar y, mediante esa negligencia, haber provocado los 224 homicidios imprudentes y dos desapariciones que investiga. Pradas, acorralada en parte por el propio Mazón, lo niega: "El Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar", dice.

Pero la principal responsabilidad por lo sucedido el 29 de octubre, "el origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad", señala el recurso de Pradas, está la gestión de los Gobiernos centrales de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). Porque ninguno de los dos llevó a cabo "las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo". Al Ejecutivo del expresidente socialista le atribuye que no hubiera construido en 2005 la presa de Cheste, una infraestructura que hubiera tenido una capacidad de ocho hectómetros cúbicos frente al volumen total registrado ese día, que superó los 110 hectómetros cúbicos por lo que, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hubiera tenido apenas efecto ese día.

Al Gobierno de Rajoy le achaca no haber realizado las obras de encauzamiento del barranco del Poyo que, según el recurso, "se iban a hacer en 2011 y que tampoco se hicieron". Durante el Gobierno de Zapatero se redactó un proyecto para realizar ese cauce desde el barranco hasta el río Turia para derivar a este un posible exceso de caudal por las lluvias. La exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, que en el Ejecutivo de Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental de esas obras que después no ejecutó la administración Rajoy por falta de financiación. Con la vuelta al Gobierno de los socialistas, el proyecto se volvió a retomar aunque no dio tiempo a iniciar las obras, según una respuesta del Gobierno al exsenador de Compromís Carles Mulet.

Pese a que la Generalitat señaló a Pradas como directora del plan de la emergencia de la dana, la exconsellera niega que hubiera un "mando único", sino un organismo, el Cecopi, en cuya cúpula existía "un comité dual de dirección" integrado por Pradas pero también por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La exresponsable de Emergencias se desvincula de la tardanza y la contenido incorrecto del mensaje Es Alert que el Gobierno valenciano envió a las 20.11, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes. En esa alerta se recomendaba a los ciudadanos que no se desplazaran en lugar de indicarles que accedieran a puntos altos más allá del alcance de las aguas. "No existían protocolos de aplicativos del sistema Es Alert", sostiene Pradas. Tampoco había protocolos sobre "la colaboración con el 112", una competencia autonómica. En la Circular 2024 de Prevención de Inundaciones, presentada por el departamento de Pradas dos meses antes de la dana, se recogían esas dos herramientas como las nuevas actualizaciones del plan respecto al año anterior.

Pradas apunta también al personal técnico bajo su mando como responsable de las muertes de ese día. "Hay que escuchar a los técnicos de la emergencia, quiénes, con toda lógica, son los primeros que deben informar, según sos conocimientos y esperticia, de por qué ocurrió lo que ocurrió y qué informaciones dieorn a los órganos institucionales encargados de la emergencia", sostiene.

La exconsellera no da ningún dato sobre sus comunicaciones con Mazón durante lo peor de la riada, ni de dónde y con quién estuvo ese día el presidente. Tampoco de la hora a la que llegó al Cecopi convirtiéndose así en máximo responsable del operativo. Mazón, que la ha destituido y la ha dejado como única responsable ante la jueza y los ciudadanos de la nefasta gestión de ese día y del hecho concreto de no haber sabido avisar mediante el sistema Es Alert, solo aparece nombrado en el recurso de Pradas como presidente de la Generalitat. Y la única actuación suya que se recoge en el escrito nada tiene que ver con su desaparición tras la comida en El Ventorro, sino con una buena noticia: el plan de recuperación que anunció el pasado 21 de marzo. Pradas pide que no se la señale como "cabeza de turco" obviando que ha sido su propio exjefe el que ha más ha remado para colocarla en esa posición.