El juez Hurtado extiende la causa contra el fiscal general a hechos que el Supremo despreció cuando la abrió
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El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha tomado declaración esta semana a los dos principales investigados por la filtración de un mail del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El primero fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La segunda, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Dos comparecencias en las que instructor no solo ha puesto el foco en la publicación del correo en el que el letrado ofrecía un pacto a la Fiscalía y reconocía la comisión de dos delitos, sino que ha extendido también el objeto a otros hechos que el Alto Tribunal orilló cuando abrió el caso.
La comparecencia de este miércoles del jefe del Ministerio Público arrancó con una petición de la Abogacía del Estado, que ejerce como defensa de ambos fiscales, al juez instructor. Acogiéndose al artículo 118.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitó a Hurtado que informase de los hechos que se atribuían a García Ortiz. En su respuesta, el magistrado se refirió al auto de citación. Y mencionó no solo el correo publicado en varios medios, sino también la filtración de la denuncia y expediente tributario de Alberto González Amador y la nota de prensa con la que el Ministerio Público salió a atajar el relato que se movió desde la Comunidad de Madrid.
La contestación dejó descolocadas a las defensas. Tanto, que se barajó una posible confusión del instructor a la hora de exponer el objeto de la causa. De ahí que los servicios jurídicos del Estado volvieran a insistir este jueves al inicio del interrogatorio a la fiscal jefa de Madrid. Y la respuesta de Hurtado, según fuentes jurídicas, ha venido a confirmar lo que ya había dicho durante la sesión anterior: que el foco estaba puesto sobre la filtración del correo y de la denuncia de la pareja de Ayuso y sobre la elaboración y publicación de la nota de prensa con el desmentido.
En la querella de González Amador que está en el origen de este caso de gran impacto mediático se recogían todos y cada uno de estos hechos, prestando especial atención a la vulneración de la confidencialidad en las negociaciones abogado-fiscal. También en la que interpuso el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, si bien este segundo escrito situaba en un segundo plano la revelación de la denuncia contra González Amador: "Nuestra denuncia se contrae a la trascendencia jurídico-penal de la publicación en medios del correo electrónico del 2 de febrero y, sobre todo, de la nota informativa del 14 de marzo".
Una nota que descartó el Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acabó centrando el caso, en este último escrito, emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid y que desmentía, como había intentado colocar el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso –Miguel Ángel Rodríguez–, que fuera el Ministerio Público quien estuviera buscando un acuerdo con González Amador en la investigación contra él por fraude fiscal y falsedad documental. De hecho, la exposición razonada que este tribunal elevó al Supremo para que éste asumiera la investigación giró exclusivamente alrededor de la nota informativa.
"La difusión no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal, pues aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general", apuntaba. Y completaba: "La alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota podría haber tenido otro formato y contenido que no vulnerara el deber de reserva".
Pero la que hasta ese momento había sido piedra angular del caso se derrumbó cuando el Supremo se pronunció sobre la admisión de la exposición razonada. En un auto adoptado por unanimidad, los magistrados admitieron que los datos que se contenían en dicho escrito de la Fiscalía ya habían sido sacados "a la luz por distintos medios", con la única excepción de algunas fechas. "De lo anterior se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada ante el conocimiento público de los hechos", apuntaba el Alto Tribunal.
La Sala de lo Penal, sin embargo, abrió causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid. Pero ya no poniendo el foco en el comunicado, sino en la filtración del correo del abogado de González Amador en el que reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. Un mail que se convirtió en el nuevo eje del caso: "El elemento del tipo que estamos analizando, en concreto, cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos horas antes de dar publicidad a la nota informativa". Una resolución que, además, no hacía mención alguna a la filtración de la denuncia.
Decenas de personas con acceso al correo
Una parte del interrogatorio a la fiscal provincial de Madrid, que a diferencia de García Ortiz sí ha respondido a las preguntas del instructor, ha girado, precisamente, alrededor de dicha nota. Sobre la misma, según fuentes jurídicas, ha dicho que no participó en su elaboración. Y que lo único que hizo fue examinar, una vez redactada, si lo que se incluía en la misma respondía a la realidad de lo ocurrido. De ahí el mensaje que le envía al fiscal general después de que este le pidiese que viera si la nota era correcta en el "fondo": "Las dos –ella y la fiscal decana– pensamos que está perfecta".
Hurtado, según las fuentes consultadas, ha puesto el acento en una frase recogida en el comunicado: "Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría de González Amador de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública". Y le ha preguntado si ella no podía hacer nada para evitar que esa información confidencial –que en el momento en que se difundió la nota ya estaba en los medios– se incluyera. En este sentido, ha señalado que para ella esos datos no eran confidenciales, al tiempo que ha insistido en que ella sólo comprobó que lo que se decía en la misma era verdad.
La fiscal jefa de Madrid, como hiciera ayer su superior jerárquico, ha negado haber filtrado información relativa a la pareja de la presidenta madrileña. Rodríguez ha explicado, tal y como acreditan los mensajes extraídos por la Guardia Civil de su teléfono móvil, que ella hizo llegar todos los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el Ministerio Público. Era, ha resumido, una instrucción del jefe a la que dio cumplimiento. Y en ningún momento cuestionó el hecho de que se le reclamase con urgencia esa información.
En relación al correo, ha cifrado en sesenta el número de personas que pudieron tener acceso al mismo, desde fiscales a funcionarios y sin contar al entorno del empresario. Y ha cuantificado en más de quinientas las que tuvieron a su alcance en una carpeta compartida las diligencias de investigación en torno a González Amador: tanto la denuncia que se interpuso como el expediente de la Agencia Tributaria en el que se apoyaba la primera.
Durante el interrogatorio también ha señalado que es habitual y legal dar información sobre una denuncia. Fundamentalmente, cuando los protagonistas son personajes de relevancia pública. Así ocurrió, por ejemplo, con el delito fiscal del futbolista Cristiano Ronaldo. O con el de la cantante Shakira. Y lo mismo se hizo hace justo un año con el caso Koldo.