En noviembre de 1976 acompañé a Felipe González, entonces secretario general del PSOE, a un acto en los territorios saharauis liberados. Liberados es prácticamente una entelequia porque los saharauis controlaban —y controlan— solo una pequeña parte. Tras volar a Tinduf viajamos a una asimismo pequeña localidad desértica para expresar nuestro rechazo al Acuerdo Tripartito de Madrid por el que (mientras Franco agonizaba) el Gobierno entregaba el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Y para manifestar nuestra solidaridad con los refugiados, huidos —como hoy los ucranianos— de su tierra, anexionada —como en Ucrania hoy— por un autócrata expansionista. En un mitin en esa aldea, el 14 de noviembre, Felipe González recordó a los numerosos asistentes que en esos momentos se cumplía exactamente un año de la firma de un “acuerdo de triste memoria por el cual tres Estados se arrogaron el derecho de disponer del pueblo saharaui y de repartirse su territorio y sus riquezas nacionales.”
Fuimos porque estábamos convencidos de que la gran mayoría de la opinión pública española no había aceptado —como tampoco hoy en Ucrania— la agresión de una potencia expansionista. Fuimos porque considerábamos nulo de pleno derecho el Acuerdo Tripartito. Porque estábamos escandalizados y muertos de vergüenza ajena como españoles porque en su día el Gobierno español había defendido consistente y firmemente en Naciones Unidas y en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que ni Marruecos ni Mauritania, a quienes ahora se entregaba el territorio, poseía ningún título jurídico sobre el mismo. Precisamente el TIJ, en su opinión consultiva de 16-10-1975, resolvió que “ni los actos internos ni los internacionales en que se basa Marruecos indican la existencia o el reconocimiento internacional de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado marroquí (…) no muestran que Marruecos ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental. No obstante, proporcionan indicaciones de que, en el período pertinente, existían vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán y algunos, pero solo algunos, de los pueblos nómadas del territorio…”
En definitiva, el Tribunal Internacional de Justicia manifestó que la resolución 1514 (XV), de 14-12-1960, de la Asamblea General onusiana sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales era vigente y que la descolonización debía hacerse vía referéndum: “Nada se opone a la aplicación del principio de libre determinación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.” Añadamos un aspecto grotesco: Franco había afirmado contundentemente en 1973 que “el pueblo saharaui es el único dueño de su destino. El Estado defenderá la libertad y la voluntad de libre decisión de los habitantes del territorio.”
Los únicos pactos con ciertas garantías de ser respetados son los firmados entre democracias, como bien demuestra la historia al referirse a los supuestos acuerdos de confianza con la Alemania de Hitler o la URSS de Stalin
La violación de la legalidad internacional se inicia ya en el primer artículo del Acuerdo Tripartito: “Espana ratifica su resolución —reiteradamente manifestada ante la ONU— de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental.” Sin embargo, no procedió a realizar el referéndum estipulado por el TIJ. Alude solo a una “consulta con la Yemaa”, la asamblea de notables saharauis… Por su parte, la Asamblea General de la ONU (resolución 3458B, de 10-12-1975) exigió a los tres firmantes del Acuerdo que cumplan con el referéndum. De modo que en 1975, como potencia administradora, España tenía solo dos opciones para cancelar su responsabilidad respecto al Sáhara: descolonizar, lo que en virtud de la legalidad internacional únicamente podía hacerse vía referéndum, o no descolonizar, transfiriendo la administración del territorio. Pero la Carta de Naciones Unidas (artículo 77.1.c) estipula que esa transferencia debe ser hecha al Consejo de Administración Fiduciaria onusiano, no a Estado alguno, por lo tanto no a Marruecos y a Mauritania.
El pacto
Al parecer, el Gobierno de España ha decidido reconocer la “autonomía” del Sáhara en el seno de Marruecos (y por ende, la soberanía de éste sobre aquél) a cambio de garantías por parte marroquí en la gestión de los flujos migratorios y el respeto a la integridad de Ceuta y Melilla. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado su satisfacción por ello porque beneficia los intereses de los españoles. Cabe preguntar si una decisión “incómoda” por parte argelina en el suministro de gas a España, y vía España, a Europa, beneficiaría los intereses de los españoles y europeos. Preguntado el ministro sobre la oposición de Unidas Podemos a este acuerdo, Albares respondió que se trataba de un “matiz”, que en todo Gobierno de coalición existen discrepancias. No calificaría yo de matiz, sino de sustancia, el pacto suscrito.
El antiguo presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado que “debemos felicitarnos porque hemos recuperado algo tan importante para España como una relación de confianza con Marruecos”. Está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. En mi opinión, los únicos pactos con ciertas garantías de ser respetados son los firmados entre democracias, como bien demuestra la historia al referirse a los supuestos acuerdos de confianza con la Alemania de Hitler o la URSS de Stalin.
¿Autonomía del Sáhara en el seno del reino alauí, el reino de un autócrata? En el supuesto de que dicha “solución” al conflicto llegara a concretarse en el futuro, la abdicación por parte del Gobierno de España de sus obligaciones con el Derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la Carta de la organización y su renuncia a los valores y principios éticos (los mismos que estos días nos mueven para apoyar a Ucrania frente al expansionismo ruso) que ello supone, únicamente podría, tal vez, comenzar a merecer la pena el día en que Marruecos se transformara en una democracia.
Hay quien justifica este dislate en nombre de la realpolitik (según la Real Academia, la política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías. Yo prefiero la definición del concepto "principio", esto es, la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta).
Coda final.- Hay también quien dialécticamente se aferra al hecho de que Francia y Alemania han adoptado la misma posición que ahora adopta el Gobierno de España. O que Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara (a cambio, por cierto, del reconocimiento de Israel por parte de Rabat). Quisiera recordarles que Occidente no es la totalidad del planeta, que 84 Estados reconocen a la República Árabe Saharaui, además de los que mantienen relaciones con el Frente Polisario. Y que en la recién celebrada (febrero 2022) 35 Asamblea de la Unión Africana, el presidente de Kenya y del Consejo de Paz y Seguridad de la misma, Uhuru Kenyatta, urgió a la Asamblea a “cumplir su mandato sobre el conflicto saharaui”, insistiendo en “la importancia de encontrar una solución que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Por cierto, en esa Asamblea la delegación marroquí se esforzó infructuosamente para que Israel fuera admitido como miembro observador.
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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España
En noviembre de 1976 acompañé a Felipe González, entonces secretario general del PSOE, a un acto en los territorios saharauis liberados. Liberados es prácticamente una entelequia porque los saharauis controlaban —y controlan— solo una pequeña parte. Tras volar a Tinduf viajamos a una asimismo pequeña localidad desértica para expresar nuestro rechazo al Acuerdo Tripartito de Madrid por el que (mientras Franco agonizaba) el Gobierno entregaba el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Y para manifestar nuestra solidaridad con los refugiados, huidos —como hoy los ucranianos— de su tierra, anexionada —como en Ucrania hoy— por un autócrata expansionista. En un mitin en esa aldea, el 14 de noviembre, Felipe González recordó a los numerosos asistentes que en esos momentos se cumplía exactamente un año de la firma de un “acuerdo de triste memoria por el cual tres Estados se arrogaron el derecho de disponer del pueblo saharaui y de repartirse su territorio y sus riquezas nacionales.”