La carrera profesional docente e investigadora del profesorado universitario supone una carrera de obstáculos condicionada por un sistema de incentivos económicos y de promoción del profesorado ligado a la valoración o "medida" de la eficiencia de la práctica docente e investigadora, con consecuencias retributivas. El actual sistema de evaluación de esta carrera profesional, especialmente a partir del Real Decreto-Ley 14/2012, privilegia la investigación cuantificable y comercializable, mientras devalúa la docencia. Este decreto de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo" establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la "intensidad y excelencia" de la actividad investigadora "reconocida".
De esta forma, premia la consecución de tramos de investigación (sexenios) con una reducción de la carga docente, con un aumento retributivo y con la posibilidad de promoción profesional. El "sexenio", que en principio no suponía más que un complemento retributivo, ha sido incorporado también en todas las instancias universitarias como medida que impide o permite la participación del PDI (personal docente e investigador) en numerosas actividades académicas y de gestión universitaria. Todo esto, entre otros efectos colaterales, ha consolidado un imaginario en el que la docencia universitaria parece tener un valor muy inferior que la investigación. Sin embargo, la docencia es, por ley, una de las funciones prioritarias de nuestras universidades, algo que parece olvidar el segmento del profesorado que de forma entusiasta está colaborando con el Gobierno del PP en el desmantelamiento de la universidad pública.
Este sistema de evaluación encauza la producción de conocimiento según criterios de productividad/calidad que se puedan cuantificar y medir. Considera así, como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación, el llamado factor de impacto, que mide la "visibilidad" una vez publicado en función del número de citas recibidas en otros artículos. Se obvia la naturaleza positiva o negativa de las citas y las características del objeto de estudio y se asume la tesis de que el factor de impacto (que supuestamente mide visibilidad) define el valor científico y la calidad. Según Manzano-Arrondo (2015), "se parte de un modelo de productividad importado de forma acrítica y literal desde el mundo empresarial", que es simplificado de forma contraproducente y extrema. Otras variables, por decisión política del Gobierno, han supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras (Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus).
El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacionales de evaluación (Herrán y Villena, 2016), Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que acredita la capacidad del profesorado) y Cneai (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que reconoce, con los sexenios, la actividad investigadora realizada) dan prioridad en sus evaluaciones a la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en las bases de datos elaboradas por esas dos multinacionales en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional.
A esto hay que añadir los recientes cambios en los criterios de Aneca para valorar el acceso y promoción a esta carrera profesional, que implican un endurecimiento brutal de los requisitos, el desprecio una vez más de la docencia y la insistencia como criterio fundamental en la publicación de artículos de investigación en revistas que apenas nadie lee y cuya importancia social, e incluso académica, tiende a ser entre escasa y nula. De ahí las más de 6.000 firmas recogidas ya en la plataforma Change.org reclamando a la Secretaría de Estado y a Aneca la retirada de esos criterios.
Este sistema ha recibido innumerables críticas de la comunidad científica y universitaria:
- Al sesgo lingüístico y geográfico de las lógicas de poder geopolíticas que favorecen a publicaciones y autores anglosajones y reproduce lógicas coloniales (marginando y despreciando las revistas científicas no anglosajonas e imponiendo sin discusión el inglés como lengua neutra).
- Al enclaustramiento de la producción de conocimiento en un circuito privatizado.
- Al privilegio de estándares determinados de "ciencia curricularmente rentable" ajena al compromiso con lo común y al servicio a la sociedad.
- A la recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes que se nutren y se citan entre sí.
Este sistema obvia, por otra parte, que la transmisión del conocimiento en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales no siempre puede acomodarse a la lógica del denominado paper. Si está lógica hubiera imperado a lo largo de las últimas centurias, probablemente hubiera acabado con una parte sustancial del pensamiento y el conocimiento occidental contenido en los –al parecer de nuestro gobierno y los universitarios que les apoyan– inútiles libros. Y aunque recibe fuertes críticas, este sistema mantiene intacta su capacidad de definir quién vale y quién no, como si lo que ocurriera fuera de ese circuito no existiera o no sirviera en la ciencia. Esto es posible por la asunción cada vez más acrítica de una parte importante de la comunidad universitaria de una situación que, aunque no es exclusiva de España, es aquí, merced a la batería de decretos promulgados durante el mandato del ministro Wert (que sin necesidad de tocar una ley orgánica modificó radicalmente la universidad española), donde se lleva al último extremo: la "entrega incondicional" de la evaluación de la validez de nuestro sistema científico a dos multinacionales. Esta falta de respuesta colectiva y crítica es especialmente llamativa si observamos la fuerte contestación social a los recortes y a los cambios legislativos unilaterales en otros tramos del sistema educativo.
La comunidad investigadora ha tenido que adaptar su trabajo a lo que puntúa, lo que tiene valor curricular, independientemente no sólo de su valor social, sino incluso de lo que podríamos denominar su "valor de mercado". La comunidad científica se ve así dividida entre la obligación de investigar con el mayor rigor y seriedad posibles y la necesidad de rendir cuantitativamente en la "cultura del impacto y de la citación" (media de citas que en un año tienen los artículos) para alcanzar valoración y poder promocionar. Esto provoca, además de una loca carrera por publicar cualquier cosa, incluso trabajos plagiados, un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación.
Pero la producción de otros espacios de pensamiento e investigación pasa por generar otras formas de reconocimiento colectivo de nuestro trabajo, distintas a las que nos ofrecen estas multinacionales extranjeras; pasa por no someter la investigación a los circuitos rentables sobre todo para cierto mercado editorial, por intentar construir espacios de cooperación en vez de frentes de competición, fragmentados y jerarquizados. Necesitamos un modelo de investigación universitaria que cuestione este nuevo enfoque neoliberal del trabajo científico y que sea capaz de incorporar otros elementos sustantivos al trabajo docente e investigador: trabajo compartido, investigación de base y largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con la sociedad y con las necesidades de sectores desfavorecidos. Se trata de valorar la investigación también por su impacto social y político, no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas.
Consideramos que ya hay experiencias concretas que podemos aprovechar para cambiar el enfoque. Los repositorios de acceso abierto administrados por universidades u organizaciones de investigación son una valiosa infraestructura que podría apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativo y eficiente. Por ejemplo, Open Scholar, que se proporciona libremente como software de código abierto, ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de revisión abierta (OPRM) para repositorios institucionales, que integra un servicio de revisión por pares junto con un sistema de reputación transparente. Iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet han intentado ir más allá del modelo descrito, buscando: 1) corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina, 2) fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones, 3) manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; y 4) acompañar el acceso a la base de datos, con utilidades de análisis o generación de informes.
Si hay voluntad política, se puede hacer. Ya hay orientaciones en este sentido: la apuesta por la ciencia abierta de Open Science, la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) o la Declaración de Berlín, que prioriza la evaluación de las contribuciones y publicaciones electrónicas de acceso abierto y gratuito a efectos de carrera académica manteniendo estándares de rigor y práctica científica solvente. Fórmulas que cuenten, tal como propone la Beall’s List of Predatory Publishers, con mecanismos transparentes y rigurosos de revisión de los artículos y de control del contenido publicado (peer review), con procedencia geográfica diversa de los miembros de los comités editoriales y de los autores y autoras de las colaboraciones, con contenidos, textos, que puedan ser detectados por los robots de los buscadores de Internet, y cuyo formato no impida comprobar actos graves como el plagio. Por supuesto, que no impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.
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El acceso abierto, que es un mandato europeo en el Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante, y brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una dimensión nueva. El acceso abierto supone su disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquiera pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental del propio acceso a Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente citados/as.
El objetivo prioritario, por tanto, es superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas controladas por estas multinacionales extranjeras, lo cual supondrá no solo ahorrar a las arcas públicas una ingente cantidad de dinero que les pagamos, sino también sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación de la investigación. Por eso necesitamos de forma urgente avanzar hacia un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto que sustituya progresivamente los rankings privados por la valoración de la actividad científica según criterios públicos acordados por la comunidad científica (como ya hizo en 1999 la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas); que, más allá de la revisión por pares, se evalúe el impacto social de las investigaciones contando con el juicio de los sectores implicados en cada caso: administraciones públicas, agentes sociales o sociedad civil organizada; que los criterios de valoración combinen la trayectoria individual de los investigadores o investigadoras con la participación en grupos o equipos de investigación, puesto que el conocimiento se genera colectivamente. Hemos de avanzar hacia otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común. La ciencia y el conocimiento son indispensables para el desarrollo económico y social de cualquier país y son lοs grandes ausentes, no solo de los Presupuestos Generales del Estado, sino del debate político, pero ese es otro tema que también habría que abordar.
* Ana Jorge es profesora del departamento de comunicación audiovisual y publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga; y Enrique Díez es profesor titular de educación de la Universidad de León y coordinador del área federal de educación de IUAna JorgeEnrique Díez
La carrera profesional docente e investigadora del profesorado universitario supone una carrera de obstáculos condicionada por un sistema de incentivos económicos y de promoción del profesorado ligado a la valoración o "medida" de la eficiencia de la práctica docente e investigadora, con consecuencias retributivas. El actual sistema de evaluación de esta carrera profesional, especialmente a partir del Real Decreto-Ley 14/2012, privilegia la investigación cuantificable y comercializable, mientras devalúa la docencia. Este decreto de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo" establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la "intensidad y excelencia" de la actividad investigadora "reconocida".