Ningún gobierno —ni ninguna política de gobierno— desea que los incendios forestales arrasen con tantas hectáreas de bosque no solo cada verano, sino ya también cada invierno. Según el informe de 2016 del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), la superficie forestal incendiada en 2016 fue de casi 66.000 hectáreas. A día 31 de mayo de este año, ya íbamos por casi 40.000 y si se añaden las 8.500 de Doñana de este junio, 2017 superará, con creces, a 2016.
El debate fundamental gira en torno a la actuación ante este problema que algunas voluntades políticas pretenden catalogar como “desastre natural”. Los incendios no son como el agua que cae del cielo y nadie sabe por qué, parafraseando al presidente Rajoy, sino que la política tiene mucho que ver y mucho que decir. En primer lugar, yendo de lo global a lo particular, el cambio climático representa esa gran amenaza —cada vez menos silenciosa— que provoca grandes periodos de sequía que actúan como gasolina a la espera de cualquier chispa para saltar. No solo es importante que España participe en acuerdos globales contra el cambio climático sino que, por ser una zona geográfica especialmente sensible, debería liderar o coliderar estos encuentros.
En segundo lugar, el medio rural continúa en peligro de extinción. La población rural ha pasado de casi un 45% en 1960 a apenas un 20% en 2016. Dato que contrasta con la situación alemana: de un 29% en 1960 a un 24% en 2016. La migración interna depoblación del mundo rural a las ciudades no solo provoca el insostenible hacinamiento urbano sino también la pérdida de cuidados de gran parte del territorio. Unos montes poblados significan tener controladas grandes masas de maleza que hacen más rápida la propagación de cualquier fuego. El abandono de los bosques, por el contrario, incrementa el peligro.
En tercer y último lugar se encuentran las medidas más concretas: por un lado mejorar y aumentar las plazas de bomberos, agentes forestales, BRIF y SEPROMA y, por otro, activar la estrategia a largo plazo en su lucha. ¿Y qué significa activar la estrategia a largo plazo?
¿Qué ocurriría si cada año el Museo del Prado se incendiase? Cabrían dos opciones: destinar más recursos en apagar el fuego o destinar más recursos a que no se volviera a incendiar. En España, actualmente, se dedican el 80% de los recursos a tareas de extinción y un 20% a tareas de prevención. ¿Qué resulta más eficaz a largo plazo? Se puede edificar el Museo del Prado de acuerdo a determinados protocolos para que no haya que lamentar pérdidas de Goyas, Picassos o Dalíes porque, en caso contrario, aunque el incendio se terminara controlando, la pérdida de patrimonio cultural sería enorme. Exactamente eso ocurre con el patrimonio natural: en vez de prevenir los fuegos se espera a que ocurran para apagarlos pero, ¿y las pérdidas de este patrimonio? Sería inadmisible que cada año se quemara un cuadro de Rubens pero se permite, sin embargo, que cada año se quemen una media de 100.000 hectáreas, esto es, casi dos veces todo el territorio del municipio de Madrid.
El Museo Arqueológico Nacional refuerza el control de plagas tras detectar una hormiga en la Dama de Elche
Según el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales el coste de solo una hora de trabajo de un helicóptero de gran capacidad es de 6.000 euros mientras que el cuidado de una hectárea de monte supone entre 1.500 y 2.500 euros. Enfoques que a largo plazo ahorrarían dinero a las arcas públicas, protegerían nuestra biodiversidad, crearían empleo estable y de calidad y salvarían vidas humanas. Pero mientras esa necesidad sigue sin legislarse, la ley de montes del PP de 2015 deja abierta a la interpretación jurídica la posibilidad de recalificar los terrenos quemados y los medios aéreos de extinción se siguen privatizando. No es que nadie haga dinero con estos desastres —que también—, es que la posibilidad está abierta y eso es ya una pista del modelo que el gobierno y los gobiernos autonómicos manejan. No es una cuestión técnica, es una cuestión ideológica: o transitamos hacia la sostenibilidad —en todos sus sentidos— o seguiremos agachando la cabeza mirando solamente a las próximas elecciones.
La empresa Eivar es la encargada de los sistemas antiincendios del Museo del Prado. Si cada año se incendiara este museo sería lógica su destitución o la exigencia, al menos, de cambiar los protocolos de prevención. Llámese Museo del Prado, Museu Nacional d'Art de Catalunya o cualquier zona boscosa de España. Los incendios no pueden ser la norma, ni la inteligencia largoplacista la excepción. _____________
Alberto Rosado del Nogal es doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid
Ningún gobierno —ni ninguna política de gobierno— desea que los incendios forestales arrasen con tantas hectáreas de bosque no solo cada verano, sino ya también cada invierno. Según el informe de 2016 del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), la superficie forestal incendiada en 2016 fue de casi 66.000 hectáreas. A día 31 de mayo de este año, ya íbamos por casi 40.000 y si se añaden las 8.500 de Doñana de este junio, 2017 superará, con creces, a 2016.