Las 10 principales denuncias de las personas con discapacidad en materia de derechos humanos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de publicar su informe [consultar en este enlace] sobre la situación de las personas con discapacidad en materia de derechos humanos durante el pasado año 2016. Lo ha hecho analizando los artículos de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de la ONU, en su aplicación a nivel nacional. infoLibre analiza a continuación las diez principales denuncias del colectivo, entre las que se encuentran la escasa representación política, las dificultades de empleo o la doble discriminación de las mujeres.

1. Derecho a voto

La organización sitúa entre las “situaciones más flagrantes de vulneración de derechos” la denegación del derecho al voto, situación que califica como una “realidad creciente” en España. Según datos de la Junta Electoral Central, el número de personas privadas del derecho a voto en elecciones generales pasó de 79.398 en 2011 a 96.748 en 2015 y 98.488 en los últimos comicios de 2016.

En este contexto enmarca el Cermi la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. El Tribunal Constitucional, continúa, “estima la plena constitucionalidad de las limitaciones al voto” de dicho colectivo, ya que ha inadmitido un recurso de amparo y de súplica del Ministerio Fiscal contra una sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho a voto de una persona con capacidad jurídica modificada.

El Supremo desestimó el recurso para la reposición del derecho a voto de una persona con discapacidad, al considerar que “la decisión de privación del derecho de sufragio activo es legalmente posible”, interpretación que, a juicio del Cermi, “es contraria a los principios de igualdad y no discriminación”, e incurre en una “regresión en el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”. El dictamen fue recurrido en amparo, pero el Constitucional lo inadmitió “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental”. El Cermi, como consecuencia, instó a la Defensora del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado a interponer un recurso constitucional. Esta última, aunque rechazó la propuesta, recomendó una modificación de la normativa, mientras que la Fiscalía presentó un recurso de súplica que finalmente fue desestimado por el TC “haciendo una interpretación normativa inaceptable”.

2. Igualdad

Más de diez años después de que España planteara la obligación de regular la normativa en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios, el Cermi denuncia que se sigan dando "moratorias y largas". La Ley 51/2003 fijaba en el 2005 la fecha límite para la elaboración de un desarrollo normativo mediante real decreto, pero “la normativa posterior ha ido dilatando esta adaptación, cuestión moralmente inaceptable”, denuncia Cermi, que además argumenta que “su falta de regulación es un flagrante incumplimiento” de la Convención Internacional, y por tanto “antijurídica”.

Tras las denuncias cursadas ante la Defensora del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad, la única respuesta se basa en recalcar el trabajo desarrollado por el Ministerio de Sanidad, que se ha plasmado en un primer borrador de 2008. Los organismos oficiales manifiestan además la dificultad de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, complejidades que se acentúan debido a la crisis económica o el control de gasto público.

Cermi considera que, “desde una perspectiva de derechos humanos, esta respuesta no puede sostenerse”, y que además “manifiesta que la percepción de la discapacidad está aún muy lejos de ser considerada como una cuestión de derechos humanos”.

La organización denuncia episodios concretos que, a su juicio, demuestran la falta de garantías respecto a la no discriminación en España. En su informe de 2014 denunció que el Parque de Aventuras de Amazonia prohibía la entrada a las personas que no reunieran las “condiciones físicas y psíquicas normales”, mientras que la compañía Verti Seguros –denuncia el informe– denegó la cobertura de un contrato de seguro de automóviles a un vehículo adaptado.

3. Mujeres con discapacidad: doble discriminación

Cermi también ha constatado en reiteradas ocasiones el hecho de que las mujeres con discapacidad se vean obligadas a luchar contra una doble discriminación. El estudio recién publicado insiste en que las mujeres “tienen más riesgo que los hombres a la exclusión social y la pobreza debido, principalmente, a que reciben ingresos más bajos”. Además, continúa, el salario de una persona con discapacidad en España es un 16% inferior al sueldo medio de la población sin discapacidad, “un problema que afecta en mayor medida a la población femenina”.

Por otro lado, el trabajo doméstico que realiza gran parte de la población femenina se encuentra invisibilizado, de modo que "ambas circunstancias suponen a largo plazo pensiones muy inferiores a las de los hombres”.

4. Deficiencias en la accesibilidad

El Cermi reconoce que su labor a la hora de denunciar la inaccesibilidad “es una constante”, por ser el eje de la igualdad y la no discriminación. En marzo del presente año, la organización señaló que Renfe no respetaba las condiciones de accesibilidad e igualdad y no discriminación en sus estaciones provisionales, mientras en abril de 2016 puso de relieve que la Casa Museo Sorolla presentaba una “falta de condiciones de accesibilidad” y que, además, estaba “pendiente de ejecutar un plan de adaptación de sus espacios”. Las carencias en materia de accesibilidad no se reducen únicamente a los espacios físicos, sino que el Cermi subraya también que páginas web como la de la Asamblea de Madrid o el Ayuntamiento tienen “carencias en accesibilidad”.

Además, la organización cita un estudio de la Universidad británica de Surrey según el cual la Unión Europea “deja de ingresar en torno a 142.000 millones de euros por las carencias de accesibilidad de las infraestructuras turísticas, transportes y alojamiento”.

5. Esterilización

Cermi censura, en su análisis anual, la frecuencia de una práctica que “sigue siendo una realidad en las personas con discapacidad”. Durante el primer trimestre de 2016 se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, y en 2015 entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, “una práctica que sigue siendo posible pese a ser contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y que la organización insta a erradicar de forma inmediata.

6. Inclusión

Respecto a la inclusión de las personas con discapacidad y a su derecho a vivir de forma independiente, el Cermi se muestra categórico y considera “un fracaso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que tan sólo el 0,46% del total de prestaciones reconocidas hasta el momento sean de asistencia personal, cuando se trata del apoyo con más carga de inclusión para las personas con discapacidad”.

Según datos oficiales del Imserso, a fecha de 31 de julio de 2016 estaban reconocidas oficialmente 4.803 prestaciones de asistencia personal, sobre un total de 1.035.405, un porcentaje que la organización considera “insignificante”. En este sentido, casi diez años después de la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, “estos pobres resultados en materia de asistencia personal obligan a las administraciones a potenciar y extender la prestación, generalizándola como la más apropiada para la inclusión en la comunidad y la vida autónoma e independiente”.

Por otro lado, y de acuerdo con el estudio Informe, Tecnología y Discapacidad –de la fundación Adecco–, “en el 20% de los hogares españoles hay alguna persona con discapacidad, y el 51% encuentra barreras de accesibilidad” en su propia vivienda, lo que evidencia la gravedad de los obstáculos a los que debe enfrentarse el colectivo para lograr una inclusión real y una convivencia estable en comunidad.

7. Movilidad personal

En julio de 2016, el Cermi presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra España por presunta infracción del reglamento sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, en lo tocante a las obligaciones de accesibilidad y asistencia a las personas con discapacidad y con movilidad reducida. La normativa europea, adoptada en el año 2011 y de aplicación directa por los países miembros, incluye también una serie de medidas destinadas a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y con movilidad reducida.

En su denuncia, basada en un informe sobre el estado del transporte en autocar, el Cermi pone de relieve el “reducido número de estaciones de autobuses a las que es de aplicación el reglamento”. España únicamente ha designado cuatro estaciones (Madrid-Méndez Álvaro, Sevilla, Córdoba y Santander), cuando a juicio de la organización un total de 17 estaciones de capital de provincia deberían ser adaptadas a la normativa. La queja, no obstante, no ha sido admitida por la Comisión Europea, “con lo que se cierra la vía a una investigación sobre la actuación del Estado español y de cualquier apertura de procedimiento de infracción”.

8. Derechos laborales

En el ámbito de empleo, Cermi recalca que “tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral carecen de empleo y su tasa de actividad (38%) resulta 40 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población”. Por otra parte, continúa, “los ciudadanos españoles con discapacidad tienen una tasa de desempleo del 32,2%, lo que supone 7,8 puntos porcentuales más que la población sin discapacidad”.

Los jóvenes con discapacidad, además, afirman en un 70% de los casos haber encontrado barreras para acceder a la formación, lo que “pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo de formación que sea más inclusivo con las personas con discapacidad”.

Ante tal coyuntura Cermi volvió a acudir a la Comisión Europea, esta vez para denunciar a España por “incumplir en materia de acceso al empleo público de personas con discapacidad la directiva europea sobre igualdad de trato y no discriminación en el empleo y la ocupación”. La denuncia está pendiente de estudio por el organismo europeo, que de admitirla “instará a España a adecuar su normativa y su aplicación”.

9. Protección social

De un total de 1,2 millones de personas que tienen algún grado de dependencia reconocido, el 29% aún no recibe ninguna ayuda, según los últimos datos publicados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. “Después de cuatro años de caída en el número de personas con derecho a ser evaluados y de una congelación de las prestaciones concedidas", recalca el informe, el Gobierno decidió incorporar a las personas con una dependencia menos grave, "algo que tenía que haber ocurrido en 2014 y que se retrasó un año para ahorrar".

De cara al futuro, continúa la organización, “el gran problema del sistema es la financiación” y la solución, remata, debe tomar una perspectiva política y económica.

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10. Vida política y pública

El informe incide también en el derecho de las personas discapacitadas a participar en la vida política y pública. En este sentido, denuncia las “restricciones en las facultades” de tal derecho.

“El cúmulo de situaciones discriminatorias, denunciadas año tras año, ha llevado al Cermi a elevar una petición a la Junta Electoral Central (JEC) para la unificación de criterios interpretativos que garantice el derecho de sufragio de las personas con discapacidad y su participación en los procesos electorales”, señala la organización. Como respuesta, la Junta Electoral Central reconoció la existencia de "obstáculos innegables que dificultan las facultades que integran el derecho al sufragio”. Se trata de una realidad que ya advirtió en 2011 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien recomendó para España una revisión de toda la legislación pertinente para que las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás.