Cuando había pasado exactamente un mes y un día desde que comenzaron la huelga indefinida, los 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de la Comunidad de Madrid decidieron hacer una pausa en su protesta. "Una reformulación" de las posturas, como explicó el propio comité de huelga, tras la sexta reunión con la Consejería de Sanidad les convenció para suspender temporalmente el paro y abrir un periodo que permita analizar la nueva situación y ver, tras el próximo encuentro que tendrá lugar el 11 de enero, por dónde continuar. Será entonces cuando decidan entre dar por terminada la huelga o retomarla para conseguir sus objetivos. El principal: la reducción de las agendas para ampliar el tiempo de atención por cada paciente y, por tanto, mejorar la calidad de la atención.
Pero los madrileños no serán los únicos sanitarios que comiencen el año con reivindicaciones. "2023 será un año caliente porque en 2022 no se ha arreglado nada. Y la palabra 'huelga' siempre está encima de la mesa, claro", afirma Javier Martínez, secretario de Sanidad, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Servizos Públicos de Galicia. La situación de sus profesionales es similar a la de Madrid, aunque en esta autonomía la protesta "no está focalizada" en ninguna categoría concreta. "El problema que tenemos en Galicia", explica, tiene mucho que ver con los intentos privatizadores de los gobiernos conservadores —que compara con lo ocurrido en Madrid, de hecho—. "De aquellas aguas vienen estos lodos. Siempre ha habido personas gobernando con la intención de mejorar la sanidad privada a costa de la pública", continúa.
Por eso hay categorías "deficitarias". Una es, como ocurre en toda España, la atención primaria. Tanto es así, que el segundo fin de semana de diciembre las protestas por el caos en estos servicios se trasladaron a la calle con manifestaciones en los municipios pontevedreses de O Rosal, Moaña y Marín. La petición: más medios para los centros de salud y las urgencias extrahospitalarias. "Manifestaciones ha habido y seguirá habiendo. La gente está implicada", añade Martínez.
Lo mismo ha ocurrido y ocurrirá en la Comunitat Valenciana. Y además, por el mismo motivo. "Lo que estamos sufriendo ahora es consecuencia de diez años de recortes y de una gestión orientada a la privatización del sistema", expone Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la región. Por eso, al poco de terminar las primeras olas de la pandemia los sanitarios comenzaron sus movilizaciones. Y algo han conseguido, recuerda. "El Govern ha incrementado la plantilla en 6.000 personas, porque se mantuvieron todos los contratos covid, y se prevé que en 2023 haya 1.000 más en el sistema. Estos números alivian, pero no solucionan el problema estructural".
Pero eso negociarán con la Conselleria. Con lo que ocurra, decidirán qué hacer. "La situación del personal es insostenible, el colapso de las urgencias es diario, tenemos problemas para cubrir puestos, la atención primaria está en una mala situación... Hay un amplio margen de mejora y queremos ver soluciones, no vamos a aceptar que se sienten a proponer cosas que luego no se cumplen o a decirnos que no hay más dinero. Si la negociación no da resultados, veremos, y no descartamos nada", advierte Atiénzar.
En paralelo, el Sindicato Médico CESM-CV convocó el pasado mes de noviembre una huelga para los días 17 y 18 de enero. Según explicó su secretario general, Víctor Pedrera, la situación de "sobrecarga asistencial , especialmente en atención primaria, les obligó.
El paro, también en el horizonte en Cataluña
En Cataluña, al contrario de lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid, hasta ahora no se han movilizado, pero se sumarán a sus compañeros en 2023. "Hasta ahora no hemos hecho nada. Hemos ido advirtiendo y lamentándonos y dando la voz de alarma de que el sistema se está degenerando, pero nada más", dice Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya. Como explica, el pasado mes de octubre decidieron establecer un calendario para elevar la voz con sus reivindicaciones, pero paralizaron el proceso por la entrada del nuevo conseller, Manel Balcells.
Por ahora, con él ha habido "algún contacto informal, pero nada de entidad". Por eso, como ocurre en Valencia, seguirán negociando y, dependiendo de lo que ocurra en esos encuentros, tomarán una decisión sobre cómo arrancar 2023. "Somos médicos, para nosotros la huelga es el último recurso, pero si es el único idioma que entienden en la Conselleria, la haremos", amenaza Lleonart. Está convocada, de momento, para el 25 y 26 de enero, aunque no serán los únicos días que se haga si se llega a dar el paso. "Todo el sistema sanitario, sin excepción, tiene motivos más que sobrados" para sumarse al paro, lamenta Lleonart, que reclama una mejora en las "condiciones laborales, retributivas y de asistencia".
Un 2023 "bastante complicado" en Andalucía
Por su parte, Andalucía ya ha protagonizado manifestaciones durante todo 2022. Y no solo de categorías estrictamente sanitarias. Como explica Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucia, este año "se han movilizado los trabajadores de mantenimiento, los auxiliares administrativos y las técnico en cuidados auxiliares de enfermería". Lo seguirán haciendo en 2023, añade, cuando además prevé que haya "potentes movilizaciones en atención primaria". "La situación es tremenda", añade.
Se puede comparar con la del resto de comunidades. "Falta personal, se tarda hasta 20 días en dar una cita, se han cerrado algunos servicios de urgencia y de Pediatría...", enumera el sindicalista. "Se prevé un año bastante complicado. Los sanitarios tragaron mucho durante la pandemia y al día siguiente se olvidaron de ellos", critica. Por ahora, lo que tienen planeado es negociar con el departamento de Sanidad de la comunidad. En función de lo que ocurra, igual que en Cataluña y Valencia, decidirán. "Dependiendo de las conversaciones veremos si hay huelga, pero mucho me temo que vamos a tener que ir a ella", advierte.
Donde esa opción ni siquiera está encima de la mesa es en Castilla y León. "Aquí solemos ser menos proactivos en la defensa de lo nuestro. El 2022 ha sido un año de transición pospandemia, en el que los trabajadores han estado muy cansados. No ha habido movimiento de lucha, sino de desesperanza", explica el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos de la comunidad, Miguel Holguín, que detalla por otro lado que motivos para sumarse a las protestas que ya han recorrido y seguirán recorriendo España no les faltan. "Esperamos que en 2023 podamos unirnos a las plataformas sociales y retomemos la calle, como ya hicimos en 2018 y 2019. Todavía nos quedan por conseguir la jornada de 35 horas semanales, otras mejoras de condiciones de trabajo y subidas salariales", enumera. Pero por ahora, aun así, no hay visos de comenzar a lucharlo.
Por su parte, en el País Vasco se vive una ardua guerra en torno al Hospital Donostia, después de dos destituciones y tres dimisiones de jefes de servicio, que han convocado manifestaciones a las puertas del hospital cada lunes en espera de continuar negociando con Osakidetza. Además, el pasado 19 de diciembre los sindicatos sindicatos LAB, SATSE, ELA, SME, CCOO y UGT arrancaron una "dinámica de movilizaciones para exigir negociación y proteger" la sanidad pública. Según explicaron, las conversaciones en la Mesa Sectorial de Sanidad se han bloqueado en un momento en el que el "deterioro" del servicio es "innegable" y mientras "la precariedad laboral sigue siendo uno de los grandes problemas" de los profesionales. Por eso empezaron a manifestarse el pasado 22 de diciembre, pero se esperan más acciones.
En Extremadura, por último, el sindicato Simex ya ha convocado paros para los próximos 26 y 27 de enero, cuando pararán los profesionales de los hospitales y de los centros de atención primaria, y para todos los lunes a partir del 30 de enero. Lo único que puede evitarlo, explicó la organización, es la mejora de una situación que provoca que los médicos de familia y pediatras carguen con agendas de hasta 60 pacientes al día y que los facultativos de los hospitales carguen con demasiadas guardias.
¿Estamos ante un resurgir de las Mareas Blancas?
Esta explosión de las protestas de batas blancas a lo largo y ancho de la geografía española recuerda en cierta medida a las conocidas como Mareas Blancas que tomaron las calles durante los años más duros de la crisis económica de hace ya una década. La pandemia, de hecho, ya hizo que algunas voces considerasen que todo desenvocaría en una nueva concatenación de movilizaciones de profesionales reclamando mejoras laborales. Y, sobre todo, de movilizaciones sociales orientadas a defender una sanidad pública que con el covid se demostraba imprescindible.
¿Son estas protestas esas Mareas Blancas? Para el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, para afirmarlo falta, precisamente, un mayor apoyo social. "Para que sea una Marea Blanca, la movilización debe aglutinar a los profesionales y a la población, y además debe estar a una en toda España, con las mismas reivindicaciones", expone.
La gran manifestación que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en Madrid no es suficiente precisamente por eso, porque solo tuvo lugar en esa ciudad. Sin embargo, para Tomás Alberich, doctor en Ciencias Políticas y Sociología cuya línea de investigación está centrada en el asociacionismo y la participación ciudadana, sí significó un punto de inflexión que podría tomarse como ese resurgir de la protesta sanitaria. Precisamente por la implicación de la sociedad civil, que es lo mismo que ocurrió durante los años de la gran crisis económica. "La Marea Blanca que nació en 2011 y 2012 fue un revulsivo social en general. Consiguió unir a los sindicatos y a las organizaciones sociales", explica.
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Luego perdió fuerza. "Con el paso de todos estos años, esas Mareas Blancas se han quedado en un movimiento más que ya no representa a todo el mundo al que le preocupa la sanidad", dice. Pero esto, desde el 13N, se está rompiendo. "Ahora hay gente que está dispuesta a movilizarse por los servicios de atención primaria y porque ve amenazados los servicios de urgencias en los barrios y en los pueblos. En estos últimos meses sí que está habiendo una implicación social que recuerda a la de las Mareas Blancas", incide.
Por eso cree que la sanidad influirá en el ciclo electoral que arrancará en mayo de 2023 con los comicios autonómicos y municipales y culminará con las elecciones generales. "Determinante no sé si será, pero influir influirá seguro porque nos afecta a todos. Movilizará, sobre todo, el voto de izquierdas, pero todavía está por ver hasta qué punto", vaticina.
Por ahora, y según el barómetro sanitario que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado 5 de diciembre, la sanidad ha roto todos los récords hitóricos al situarse como uno de los principales problemas para los españoles. Según la encuesta, un 32,6% de los ciudadanos considera que es el segundo desafío del país, solo por detrás de los problemas de índole económica. Además, más del 88% de los encuestados consideran que el sistema sanitario necesita "algunos cambios", aunque dentro de esta categoría hay quienes creen que el sistema funciona bien (el 39,4%), los que afirman que "algunas cosas funcionan" (el 31,9%) y los que aseguran que el sistema de salud "funciona mal" y "necesita cambios profundos" (el 16,8%). Habrá que ver, por tanto, qué porcentaje es el más movilizado en las urnas.
Cuando había pasado exactamente un mes y un día desde que comenzaron la huelga indefinida, los 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de la Comunidad de Madrid decidieron hacer una pausa en su protesta. "Una reformulación" de las posturas, como explicó el propio comité de huelga, tras la sexta reunión con la Consejería de Sanidad les convenció para suspender temporalmente el paro y abrir un periodo que permita analizar la nueva situación y ver, tras el próximo encuentro que tendrá lugar el 11 de enero, por dónde continuar. Será entonces cuando decidan entre dar por terminada la huelga o retomarla para conseguir sus objetivos. El principal: la reducción de las agendas para ampliar el tiempo de atención por cada paciente y, por tanto, mejorar la calidad de la atención.