366 presos de ETA piden al juez el fin de la dispersión

Un total de 366 presos de ETA que cumplen su pena en distintos centros penitenciarios del Estado español pedirán al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que acabe con su situación de dispersión, empezando por medio centenar que están enfermos, son mayores de 70 años o han cumplido 20 o más años de cárcel.

Otros 97 lo harán en el Estado francés también por vía judicial, en una iniciativa sin precedentes en el Colectivo de Presos de la banda, EPPK.

A través de escritos de queja "individualizados" en los que cada recluso expone su trayectoria personal y los derechos que creen que se le han conculcado, los internos pretenden que el Juez de Vigilancia Penitenciaria demuestre "que es el garante" de la legalidad, pese a que la Fiscalía se pueda oponer al fin del alejamiento.

En caso de que se les deniegue la solicitud de "reagrupamiento en cárceles de Euskal Herria" por este órgano judicial, recurrirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; posteriormente, al Tribunal Constitucional; y, si fuera necesario, al Tribunal de Estrasburgo, según explicó el abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga.

En este sentido, también subrayó que su "ambición" es que "los escritos de quejas" prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, mostraron su disposición a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.

Según los datos que facilitó, en la actualidad, son 466 presos de ETA los que están dispersados en 77 cárceles. Seis de ellos, gravemente enfermos, se encuentran en situación de prisión atenuada; tres "dispersados en tres cárceles de Euskal Herria"; 357 en 44 prisiones del Estado español; 97 en 28 centros penitenciarios del Estado francés; uno en Inglaterra, uno en Portugal y uno en Alemania. De esta forma, un total de 190 reclusos están a más de 800 kilómetros de su lugar de origen.

Los presos gravemente enfermos que tramitarán su quejas en esta fase inicial (de 50 reclusos) son Josetxo Arizkuren Ruiz; José Ramón López de Abetxuko Likiniano; Inmaculada Berriozabal Bernas; Gari Arruarte Santa Cruz; Iñaki Etxeberria Martin; o Jose Miguel Etxeandia Meabe. En cuanto a los internos con 70 o más años, se sumarán Pablo Gorostiaga González; Patxo Murga Luzuriaga; Txente Askasibar Barrutia; Sebastián Etxaniz Alkorta; Isidro Murga Luzuriaga; y Karlos Trenor Dicenta.

Vulneración de derechos humanos

Goioaga defendió que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional tiene la oportunidad de demostrar que es "el garante" del cumplimiento de la legalidad, acabando con la situación de dispersión de los presos de ETA, en base a las "quejas individuales" que están presentado en el órgano judicial por "vulneración de derechos humanos fundamentales y penitenciarios".

Los internos de ETA decidieron emprender la vía judicial para reclamar su traslado a cárceles vascas, después de que las peticiones que realizaron ante Instituciones Penitenciarias fueran denegadas.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que estuvo acompañado de la abogada Haizea Ziluaga, Iñaki Goioaga señaló que esperan no tener que recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque "sería triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales".

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"Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad y si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos, es inaceptable mantener la situación de dispersión y en estas condiciones", añadió.

A su juicio, esto "es indefendible, a no ser que se haga bajo criterios de crueldad o de venganza. Vamos a ganar este recurso por la vía jurídica aquí, y ésa es la ambición que tenemos". Iñaki Goioaga también afirmó que "se supone que en un Estado de Derecho hay una independencia del poder judicial". "Veremos también, en concreto, el papel de la Fiscalía en este recorrido", dijo para mostrar su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el ministerio público.

En caso de que el informe del Fiscal sea contrario a la pretensión de los reclusos, el letrado cree que tiene que ser el juez de Vigilancia Penitenciaria el que debe demostrar que "existe la división de poderes".