7.291: el PP maniobra dentro y fuera de las instituciones para que no se hable de la tragedia de las residencias

Este miércoles fue un acto en Alcorcón. El lunes, 48 horas antes, dos comparecencias en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Hace apenas 15 días, dos lonas colgadas en la fachada de dos edificios de viviendas. En marzo, otro acto, aquella vez en Villaverde. El listado de censuras y vetos del PP para charlar, debatir e intentar arrojar luz sobre la tragedia sucedida en las residencias de la Comunidad durante la crisis del coronavirus no para de crecer.

La historia viene de largo. En junio de 2020 el Parlamento autonómico constituyó la Comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Tan sólo entre dos de ellos, marzo y abril, murieron 9.468 personas (el 77% de ellas sin derivación hospitalaria). Sin embargo, sólo se celebraron ocho sesiones. El adelanto electoral provocó frenar en seco el trabajo, que nunca ha vuelto a retomarse porque PP y Vox lo han impedido.

Su justificación ha sido siempre la misma. A juicio de los conservadores, no ha tenido sentido retomar los trabajos porque los partidos de izquierda "ya tienen las conclusiones" claras, por lo que sólo quieren "convencer de su verdad". Así lo dijo Alfonso Serrano, que a su vez acusó a la oposición madrileña de "usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política".

Han llegado incluso a culpar de ello a las propias familias. "Que me digan eso a mí, que precisamente soy una víctima, es absurdo. Se ríen en nuestra cara", lamenta Carmen López, de Marea de Residencias. Sabe bien de lo que habla porque ha vivido en primera persona otro intento de "censura", como ella misma lo califica. También en la Asamblea de Madrid, el 4 de marzo. Acudió allí, a la Comisión de Asuntos Sociales, a petición del grupo socialista. Al sentarse frente al micrófono, lamentó: "7.291 [personas] murieron abandonadas en las propias residencias sin paliativos y solos". El presidente del órgano, el conservador Miguel Ángel Rumayor, interrumpió la intervención: "Perdone, le tengo que llamar a la cuestión porque tiene que usted hablar de la situación de las residencias y está usted hablando de un suceso de hace cuatro años", le espetó.

No fue el único. Pocos minutos después, la diputada del PP Esther Platero acusó a López de "hacer política", de "retorcer el dolor" y de "criminalizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Retorcer el dolor es lo que hacen ustedes cuando mienten", respondió López.

Desde entonces, según denuncian PSOE y Más Madrid, ni las familias ni los miembros de aquella Comisión de la Verdad —que cifró en hasta 4.000 el número de mayores que podrían haberse salvado si no se hubiera aplicado el Protocolo de la Vergüenza— han vuelto a pisar esa sala. Ni parece que vayan a volver a hacerlo.

"Una especie de fraude"

La maquinaria del PP ya ha manifestado que esa es su intención. Y así de hecho se lo han hecho saber a la diputada socialista Lorena Morales y a la de Más Madrid Emilia Sánchez. Esta última, de hecho, lo denunció a través de su perfil en X. "¡Censura! Capítulo 17 sobre la degradación de la democracia en la Asamblea de Madrid. Inauguramos nueva modalidad: la censura preventiva".

Todo ocurrió el lunes. Según narra Morales, el turno para elegir los comparecientes en la próxima Comisión de Asuntos Sociales —fijada para el 3 de junio— era de los socialistas. Su plan era poder con contar con Fernando Lamata, médico, experto en gestión y administración sanitaria y, además, miembro de aquel tribunal ciudadano por la verdad en residencias. Pero el conservador Rumayor se adelantó. "Me dijo que si pretendía activarla que me fuera olvidando", lamenta la diputada. Lo que ella buscaba, concreta, era que el experto explicara las medidas necesarias para mejorar la asistencia sanitaria en las residencias, "pero el presidente hizo un ejercicio de adivinación para anticipar que, en lugar de sobre eso, su comparecencia versaría sobre los Protocolos de la Vergüenza", lamenta.

Tras eso, la atención giro hacia Más Madrid. En su caso habían solicitado la presencia de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, compañera de Lamata. "El presidente nos espetó que la vendíamos como persona experta, pero que en lugar de eso era posible que hablara sobre el informe la Comisión de la Verdad, así que impediría que acudiera", señala. Lo cierto es que Zunzunegui es doctora en epidemiología por la Universidad de California, profesora de la Universidad de Montréal y cuenta con un amplio bagaje en la investigación científica orientada a las personas mayores.

Pero al PP parece no valerle. Es más, antes de que la Mesa de la Comisión de Asuntos Sociales tomase esta decisión, el presidente de la Mesa de la Asamblea ya había rechazado también su comparecencia. Según argumentó el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, parecía "una especie de fraude". "Lo que se busca [...] es que comparezca para hablar de un informe en el que se ha significado notablemente pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto", concretó. Según informa Emilia Sánchez, los letrados parlamentarios corrigieron esta decisión.

"Lo normal es que si eso pasa la Comisión de Asuntos Sociales lo acepte. Lo que ha ocurrido es del todo irregular", critica la diputada. "Cualquier cosa que tenga que ver con algo de residencias lo vetan", lamenta. Y desde su partido concretan que en toda la legislatura han tenido que ver más 37 preguntas vetadas en Pleno y más de 45 en Comisión. "Es un intento de negarles a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación y una manera de evitar que la sociedad madrileña hable de que el Gobierno de Ayuso dejó abandonados a 7.291 mayores", añade la líder de la formación, Manuela Bergerot.

Actas en un cajón

En paralelo, recuerda Morales, los conservadores liderados por Ayuso también han maniobrado para que las actas de los bomberos y los agentes de policía que visitaron las residencias durante las peores semanas de la pandemia no vean la luz. Recurrieron incluso a los tribunales alegando que, para publicarlas —a lo que obligó el Consejo de Transparencia—, habría que reelaborar un gran volumen de información, una justificación bajo la que los familiares y la oposición seguían viendo una "estrategia para ocultar lo que realmente ocurrió".

Algunas finalmente se publicaron. infoLibre, de hecho, tuvo acceso a las más de 200 de la Policía Municipal. Pero otras siguen guardadas. Y aunque Morales ha tratado de verlas, tan sólo ha tenido una oportunidad para ojear algunas de Bomberos. "Pedí copias pero no me las han dado. Tampoco me dejaron hacer fotos, ni grabar. La falta de transparencia es total", denuncia.

Ni actos ni protestas

Pero estos vetos no sólo se han producido en la Asamblea. Fuera de las instituciones, denuncian las familias, el PP de Ayuso también ha tratado de silenciar los actos organizados en torno al informe de la Comisión de la Verdad. E incluso acciones de denuncia de lo ocurrido en las residencias durante los peores meses de la pandemia. Fue el caso de las dos lonas colgadas en la fachada de dos edificios de viviendas de Madrid con el mismo mensaje: "7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones".

Aparecieron esporádicamente a principios de este mes de mayo. Y las colgó Más Madrid. El PP entonces reaccionó rápidamente a través de una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid en la que argumentaron que los carteles se habían instalado en un "periodo no autorizado para ello", refiriéndose a la antesala de los comicios europeos que se celebrarán el próximo 9 de junio.

Y el organismo les dio la razón porque entendió que los carteles estaban dirigidos "a persuadir al ciudadano para que no vote a un concreto partido político". Ordenaron su retirada y el 10 de mayo la hicieron efectiva. Tan sólo 24 horas después, un anuncio de Mahou ya había rellenado el hueco vacío.

La última polémica tuvo lugar este miércoles, cuando el PP paralizó la presentación del informe de la Comisión por la Verdad que se iba a celebrar esa misma tarde en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. Mediante un escrito a la Junta Electoral de Zona de Madrid, el representante del PP, Jerónimo Escalera Gómez, denunció horas antes de la convocatoria a la alcaldesa del municipio madrileño, la socialista Candelaria Testa, por "promover, publicar y celebrar" este acto "con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo", lo que consideró una "clara contravención" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicho de otro modo: utilizaron la misma artimaña que ya les valió con las lonas.

El PP intenta frenar sin éxito en Alcorcón un acto para presentar el informe sobre la Comision de la Verdad

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"Esta jornada atenta contra la gestión que se realizó durante una etapa difícil en las residencias de ancianos con una clara intencionalidad política por parte del poder público organizador", destacaba el PP en su denuncia, en la que pedían "anulación inmediata de esta actividad", la "retirada inmediata de las publicaciones realizadas en la web municipal" y la incoación de un "expediente sancionador contra Doña Candelaria Testa Romero".

Hicieron algo parecido hace dos meses. En aquella ocasión, fue el Ayuntamiento de Madrid el que censuró la charla Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores, que iba a celebrarse en el Salón de Actos del Sociocultural Ágata, en el barrio de Villaverde. Sin embargo, la Junta Municipal, tan sólo tres días antes del debate y dos después de aprobarlo, cambió de opinión y, vía telefónica, comunicó a los trabajadores que el acto no podía celebrarse. En aquel momento ni siquiera hubo explicaciones.

Las dos charlas se celebraron entonces en la calle, en espacios cercanos a los centros iniciales. Y resultaron más exitosas. "Esta actitud está haciendo que cada vez más gente se vuelque con nosotros. Consiguen lo contrario, darnos publicidad. Y nosotros encantados, porque no nos van a callar", avisa López.