Si tiene que elegir entre el Ministerio Fiscal, un órgano constitucional encargado de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), un grupo muy minoritario en la carrera fiscal, el instructor del Tribunal Supremo en la causa contra Álvaro García Ortiz, el magistrado Ángel Hurtado, lo tiene claro. En el auto firmado por él este lunes, Hurtado afirmó que la APIF, acusación popular que imputa revelación de secretos al fiscal general –por desmontar un bulo del entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los presuntos delitos cometidos por su pareja– actúa "en defensa de la profesionalidad y prestigio de la institución", es decir, del Ministerio Público. Lo hace, prosigue Hurtado, "ante la posición que ha venido mostrando" la Fiscalía, presente en el caso a través de su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, "que ha llegado a pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, al menos en cinco ocasiones, sin éxito". Como si el Ministerio Público no pudiera cumplir con su deber de reclamar el cierre de una causa cuando no aprecia la existencia del delito que se investiga.
El caso ha sufrido un vuelco este jueves, al descubrirse que García Ortiz recibió el correo con los datos por cuya filtración se le investiga después de que se publicara por primera vez en la Cadena Ser, lo que apuntaría a que no fue él quien la transmitió. Pero desde la apertura de la causa –contra él y la fiscal jefa de Madrid Pilar Rodríguez– el magistrado Hurtado ha actuado con extraordinaria rapidez para acordar las diligencias que le solicitaba APIF. Después de que el presidente de la asociación, el fiscal del Supremo Salvador Viada, afirmara que había visto al fiscal general y a su número dos –Sánchez Conde– revisando un móvil en el patio interior de la Fiscalía General del Estado el día en que se ejecutó el registro de su sede, el instructor reclamó a la institución que guardara las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, unos dispositivos que no existen. Lo hizo, además, pese a que el acta del registro sin precedentes que había ordenado en ese edificio, y que obra en su poder, asegurara que, en ese momento, García Ortiz ya había recibido de vuelta su teléfono después de que los agentes de la UCO lo hubieran clonado. Los guardias civiles que ejecutaron la diligencia reflejaron en ese mismo documento la colaboración que el propio jefe de la Fiscalía y del resto de personal de la institución habían prestado en todo momento.
Pese a la manifiesta inutilidad de esas imágenes y el hecho notorio de que el fiscal no estaba manipulando ningún tipo de información que los agentes no hubieran recabado ya, el pasado 10 de diciembre Hurtado citó como testigo al propio Viada. Su testimonio pasó de una acusación de alterar "una prueba crucial" para la causa como es el teléfono vertida días antes, a algo que "no tiene ninguna importancia", en palabras del presidente de APIF. Viada aseguró que no sabía "qué miraban" el fiscal general y su número dos, ni "de quién era el teléfono". Lo que sí hizo fue afearle a la teniente fiscal que hablara con García Ortiz durante el registro. "Un fiscal no hace eso", dijo. Este último comentario le pareció acertado a Hurtado que, en el auto de este lunes, aseguraba que esa charla entre ambos "venía a poner de manifiesto su afinidad y proximidad", la de la teniente fiscal Sánchez Conde, "con el investigado Álvaro García Ortiz". El informe de la UCO sobre el teléfono del jefe de la Fiscalía asegura que en sus aplicaciones de mensajería no había un solo mensaje entre los días 8 y 14 de marzo, cuando supuestamente se produjo la filtración.
¿Qué es APIF? ¿Quién es su presidente, Salvador Viada? ¿Quién dirige su acusación popular en una causa inédita contra el máximo responsable de la Fiscalía? La APIF es una asociación muy minoritaria en la carrera fiscal. Cuenta con un solo representante en el Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, frente a los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte García Ortiz hasta que se convirtió en fiscal general, y los seis de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). Tras la imputación del fiscal general, ésta última solicitó su dimisión pero, a diferencia de APIF, no se personó como acusación en la causa que se sigue contra él en el Supremo.
Salvador Viada, su presidente, ha mostrado en los últimos meses una especial animadversión hacia García Ortiz que ha llegado a causar indignación entre sus compañeros progresistas. "Es muy malo. Malísimo. Es un fiscal general desastroso", afirmó durante un coloquio titulado La politización del Poder Judicial y de la Fiscalía en España, celebrado el pasado 24 de abril. "El momento actual precisa de un fiscal general de excepciones cualidades. El momento es muy malo. Se ha hecho alusión a la ley de amnistía, al lawfare... A muchas cosas que precisarían de un fiscal general de marcada independencia con respecto al Gobierno y de marcado prestigio", añadió. Después, señaló con superioridad: "Nos encontramos con un hombre de marcada dependencia gubernamental, con un perfil bajísimo antes de ser fiscal general. No es lo que diríamos una eminencia. Es un fiscal normal", "este hombre no da la talla para esto. No da la talla". Su excolega en la fiscalía del Supremo, el progresista ya retirado Félix Pantoja, le acusó de "desacreditar a la Fiscalía frente a la sociedad", de "dañar la democracia" y de "radicalizar" a los compañeros.
Viada se ha convertido en uno de las principales herramientas de los medios y colectivos conservadores para atacar al que todavía es su jefe. "Nos han aplicado un 155 encubierto", dijo en Onda Cero cuando le preguntaron por las discrepancias entre los fiscales del Supremo sobre si investigar a Puigdemont por terrorismo. En otra entrevista publicada por Abc, aseguró que "la Fiscalía no puede estar dirigida con un mando a distancia desde el Gobierno" y acusó a García Ortiz de haber sido nombrado fiscal general "eligiendo [el Gobierno] al más amigo para que me arregle problemas concretos". Desde que se iniciara el proceso contra el jefe de la Fiscalía, su perfil de X (antiguo Twitter) es un reguero de descalificaciones contra él: "El destrozo causado por el fiscal general a la Fiscalía es tan enorme que no podrá corregirse sin cambios radicales. Por eso creo que quizá es mejor que siga en el puesto, abrasado y desprestigiado", escribió el 26 de noviembre. "Esto es ya ridículo. No he visto un apego al cargo como el de este señor", posteó días antes. "Una vergüenza tras otra. Sectarismo e incompetencia", tuiteó el 19 de noviembre.
La defensa jurídica de la querella presentada por APIF contra el fiscal general la lleva el abogado Juan Antonio Frago. Frago es fiscal en excedencia y también fue presidente de la asociación que ahora dirige Viada. Se trata del primer miembro del Ministerio Público que fue expulsado de la carrera en democracia. Ocurrió en 2013, mientras era fiscal general el conservador Eduardo Torres-Dulce, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque meses después de su separación del servicio, la Audiencia Nacional la revocó al considerar que el procedimiento disciplinario había vulnerado sus derechos.
En el expediente disciplinario que se le abrió, Frago fue acusado de desobedecer las órdenes de su superior directa, la entonces fiscal jefe de A Coruña María Esther Fernández, en "un intento de socavar, de forma tenaz y persistente, las funciones de la fiscal jefe, así como el correcto funcionamiento de la fiscalía provincial". "Al mismo tiempo", proseguía el expediente, "la reiteración de los actos antidisciplinarios, el incumplimiento reiterado de órdenes particulares y requerimientos personales, manifiestan sin lugar a dudas la clara intencionalidad de su actuación". Además de la expulsión, que luego fue anulada, se le impusieron otras tres sanciones por faltas disciplinarias graves y muy graves de falta de respeto y consideración a sus superiores y a jueces y magistrados. Estas multas, por un montante de 4.350 euros, no fueron revocadas.
A Frago, que decidió hace tres años colgar la toga y saltar a la abogacía, le preguntaron entonces por qué había decidido abandonar la Fiscalía. Respondió que la razón era la imposibilidad de ascender. "La carrera fiscal está en unas horas muy bajas porque ahora mismo toda elección de cualquier puesto está decidido a dedo", dijo en una entrevista. "Una de las razones más poderosas es que pedí plaza en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y siempre fui rechazado, y en algunos casos accedió al puesto gente con menos méritos objetivos", añadió.
Si tiene que elegir entre el Ministerio Fiscal, un órgano constitucional encargado de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), un grupo muy minoritario en la carrera fiscal, el instructor del Tribunal Supremo en la causa contra Álvaro García Ortiz, el magistrado Ángel Hurtado, lo tiene claro. En el auto firmado por él este lunes, Hurtado afirmó que la APIF, acusación popular que imputa revelación de secretos al fiscal general –por desmontar un bulo del entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los presuntos delitos cometidos por su pareja– actúa "en defensa de la profesionalidad y prestigio de la institución", es decir, del Ministerio Público. Lo hace, prosigue Hurtado, "ante la posición que ha venido mostrando" la Fiscalía, presente en el caso a través de su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, "que ha llegado a pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, al menos en cinco ocasiones, sin éxito". Como si el Ministerio Público no pudiera cumplir con su deber de reclamar el cierre de una causa cuando no aprecia la existencia del delito que se investiga.