Operación Púnica
Una acusación popular atribuye al presidente de Murcia la concepción de "un plan criminal" para delinquir
La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que ejerce de acusación popular en la operación Púnica, acusa al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora Pilar Barreiro de urdir un "concierto criminal" con la trama corrupta para delinquir, acordando lavar su imagen en redes sociales utilizando fondos de la Consejería de Educación. La cadena Ser ha tenido acceso al escrito de esta organización, presentado en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa.
El juez ordena un careo entre el perito de la Fiscalía y tres arquitectos cuyos informes defienden al presidente murciano
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Adade señala que, según la jurisprudencia del Supremo, no es necesario que los delitos de fraude y cohecho se consumen para ser considerados como delito, por lo que solicita la imputación de Sánchez por fraude a la administración, cohecho y revelación de información reservada, recoge la emisora. El juez Velasco atribuyó estos mismos delitos al dirigente murciano al abrir una nueva pieza por las supuestas irregularidades en la región. La Fiscalía General del Estado, en contra del criterio de las fiscales del caso Púnica, ordenó no seguir adelante con la investigación al exconsejero.
El criterio de la Fiscalía"causa estupor" a Adade, que critica que Sánchez conociera los informes del Ministerio Público con anterioridad a que el criterio de la institución fuese público.
Tal y como publicó infoLibre, un informe de 27 páginas suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, que se refería solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura, involucraba expresamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar su reputación con fondos públicos. García y Gálvez solo ponían nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano.