'Caso Auditorio'
El juez ordena un careo entre el perito de la Fiscalía y tres arquitectos cuyos informes defienden al presidente murciano
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, ha acordado que se practique este lunes un careo entre el perito de la Fiscalía, Andrés Checa, y los tres arquitectos y el abogado que han elaborado informes encargados por el arquitecto Martín Lejárraga y por el propio presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ambos imputados en el procedimiento.
Así lo ha acordado este jueves el magistrado, que en un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, ha ordenado citar a Andrés Checa, que fue el arquitecto que elaboró para el Ministerio Público el informe que destapó un agujero de 2,2 millones de euros en las obras de Puerto Lumbreras, y que ha servido de base para la investigación desarrollada por la jueza Consuelo Andreo, que acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ante el que está aforado el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.
En concreto, Checa entregó a la Fiscalía en diciembre de 2014 un informe en el que concluye que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras entonces encabezado por el propio Pedro Antonio Sánchez– al aprobar un modificado de la obra, fue de 2.278.421 euros.
El perito, que asegura que los 6 millones de euros que recibió Sánchez eran una suma "suficiente para acabar la obra" asegura que se certificó en todo momento un 38% más: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", especifica el dosier.
La Fiscalía cuanto con un segundo documento realizado en septiembre de 2016 por la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro, y que asegura que Sánchez no debería haber recibido la propiedad del auditorio, que no estaba acabado.
El imputado Martín Lejárraga
Por las defensas acudirán los arquitectos Mariano Alegría Pellicer y Salvador Aledo Guerao, responsables de los dosieres encargados por el también arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, uno de los principales investigados en el caso, y que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, también del PP, ha aportado de forma reciente al instructor, y que sostienen que el gasto de las obras inacabadas no ha superado los 6 millones de euros, la suma total de la subvención aportada por el Gobierno de Murcia al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez.
Pero también comparecerán los responsables de los informes aportados por el propio Pedro Antonio Sánchez. El primero es el exdecano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia Antonio García Herrero, cuyo dictamen asegura que la "totalidad" de los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras, "y que debe considerarse que se construyeron las obras que se habían contratado, salvo las precisiones que la futura liquidación determine".
El segundo profesional que defenderá la inocencia de Pedro Antonio Sánchez es el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entrena Cuesta, que en un informe jurídico concluye que no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez "dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal".
Para este letrado, el presidente murciano "no ha prevaricado y, por tal motivo, tampoco ha existido un delito de fraude administrativo. No se ha pagado un euro de más, por lo que no hay malversación, y tampoco existe documento alguno falsificado".
"Cuatro arquitectos"
El propio Sánchez ha aludido este jueves a la presencia de "cuatro arquitectos" en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que van a "ratificar tres informes que dicen que no hay ilícito penal en la cuestión que se está investigando, una justificación de una subvención".
También este mismo 23 de marzo, el magistrado instructor del caso ha afirmado en un auto sobre el caso Auditorio que su "único empeño" es "terminar la causa ni un día antes ni uno después de haberse realizado las pruebas pertinentes por novedosas y no repetir hasta el más lejano infinito las ya concluidas o que pudieran concluirse con el único fin de eternizar el sumario".
Pedro Antonio Sánchez tras declarar como imputado ante el juez Pérez-Templado.
De esta forma, Pérez-Templado ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la acusación ejercida por el exconcejal del PSOE de Puerto Lumbreras Antonio López, que solicitaba nuevas aportaciones documentales y volver a tomar algunas declaraciones. El juez considera que "no ha lugar a estimar el recurso de reforma contra el auto de 1 de marzo de 2017" al "no contener motivación alguna que conduzca a su variación".
El magistrado recuerda que el 1 de marzo se acordó la remisión del expediente administrativo completo, con el que "quedan saturadas las expectativas del recurrente sobre aportaciones documentales". Pérez-Templado considera que "no procede, ni conduce a parte alguna, volver a tomar declaraciones a quienes o bien ya se les oyó o pudo oírseles de actuar con la debida diligencia".
Diez días en PúnicaPúnica
Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye la pieza separada de Murcia de la Púnica, dio el pasado 17 de marzo diez días a las acusaciones y a las defensas para que presenten sus escritos con sus conclusiones después que el propio juez diera por finalizada la investigación.
El perito de la Fiscalía ratifica que el auditorio provocó un agujero de 2,2 millones a Puerto Lumbreras
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Velasco no incluyó en su escrito ni al presidente murciano ni a la senadora y exalcaldesa de Cartagena, también por el PP, Pilar Barreiro, ya que el primero está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la segunda ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, Velasco aprovechó la pieza de Murcia para estrechar el cerco judicial del presidente murciano, al incluir entre los procesados a David Conesa Ferrer, un empleado de la consejería de Educación murciana encabezada entonces por Pedro Antonio Sánchez, y acusa a este trabajador de cometer el delito de fraude al intentar que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público".
El segundo delito que el instructor imputa a Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia que no podía revelar", según especifica el auto al que ha tenido acceso este periódico, que se refiere a la filtración de información al informático de la Púnica, Alejandro de Pedro.
